martes, 27 de noviembre de 2012

La gratuidad de los estudios universitarios

Aritz Recalde, noviembre de 2012
 
“El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen (…) el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legitima vocación (…) Una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. Decreto 29.337/49
 
El 22 de noviembre del año 1949, Juan Domingo Perón sancionó el decreto 29.337 que estableció la gratuidad de los estudios universitarios en la Argentina. La iniciativa formó parte del modelo de desarrollo industrialista, nacionalista y popular. En particular, la gratuidad de la universidad se relacionó a dos aspectos estructurales del proyecto nacional, que eran la independencia económica y la justicia social.
 
La independencia económica y la gratuidad universitaria
“Yo digo que el siglo XXI, tiene que ser el siglo de "mi hijo el Ingeniero", porque necesitamos muchos ingenieros en las distintas ramas, muchos técnicos, mucha gente que trabaje en agregar valor a esta Argentina que estamos reindustrializando (…) ahora que recuperamos Yacimientos Petrolíferos Fiscales, necesitamos también muchos ingenieros en petróleo”. Cristina Fernández
 La fortaleza o la debilidad del poder nacional de un Estado, están directamente relacionados a su nivel de desarrollo económico. Para la revolución justicialista y tal cual quedó expresado en el preámbulo de la Constitución del año 1949, ningún Estado es soberano políticamente, sino alcanza previamente la independencia económica[1]. Con dicho fin, el gobierno promovió la industrialización del país que le permitió aumentar su poder nacional y consolidar la justicia social.
Perón entendió que la dependencia cultural y científica, impedían el desenvolvimiento de la industria y del poder nacional. En este contexto, el gobierno exhortó a las universidades a que cumplan cuatro funciones estratégicas:
1.     capacitar masivamente[2] los recursos humanos que demandaba una economía de pleno empleo.
2.     instruir a los técnicos y a los científicos en las disciplinas industriales propias del nuevo modelo productivo[3].
3.     conformar una matriz científica y tecnológica nacional, favoreciendo la consolidación de un patrón de desarrollo especializado y competitivo con alto valor agregado[4].
4.     promover un modelo sustentable para la explotación de los recursos naturales del país[5], atendiendo que eran estratégicos para apuntalar la matriz energética argentina.
 En este contexto, la sanción de la gratuidad de la universidad formó parte de una política de Estado estratégica, sin la cual era imposible consolidar la independencia científica y tecnológica. A partir de su instauración, el modelo productivo dispuso de una cantidad importante de recursos humanos altamente capacitados para una economía industrial en expansión.
 
La justicia social y la gratuidad universitaria
La revolución justicialista se propuso conformar una “Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Los objetivos políticos y económicos del proyecto, estaban directamente ligados a la emancipación popular (justicia social). Con este objetivo, el gobierno promovió:
-          la igualación social de todos los habitantes del país, a partir de la democratización del acceso a la riqueza y el poder social.
-          la elevación social y cultural de los trabajadores, universalizando el acceso a la salud, la recreación, la cultura o la educación en todos sus niveles.
-          la participación política directa de los trabajadores en el Estado cumpliendo funciones de Agregados Obreros en el Servicio Diplomático, de directores de empresas estatales o  de diputados en los organismos parlamentarios.
En este marco, la gratuidad de la universidad favoreció:
-          la formación de los recursos humanos especializados que cumplían las tareas en el nuevo Estado social de derecho.
-          el ascenso social de los trabajadores por intermedio de la educación superior, accediendo a una institución que históricamente les fue negada por las clases dominantes.
-          el diálogo y la vinculación directa en el aula entre las distintas clases sociales, evitando fenómenos como el racismo, la discriminación y el enfrentamiento político.
-          la afirmación de la cultura popular como parte fundamental de la cultura nacional.
-          el reconocimiento de los trabajadores como sujetos de política educativa y pedagógica[6].
 A modo de cierre, nos parece oportuno reiterar las palabras de la presidenta Cristina Fernández que estableció que “Cuando uno ve algunos ejemplos no demasiado lejanos de lo que está pasando en otros lados (…) vemos la crisis en que están esos modelos educativos y entonces decimos que estamos en el camino acertado, que decidir que la educación en la Argentina fuera gratuita en todos sus niveles nos ha hecho distintivos en América latina y precisamente ha generado esta calidad de recursos humanos que todos nos reconocen. Así que tenemos que seguir en ese camino y profundizarlo”.

[1] El Estado planificó el programa industrialista a partir del Primer Plan Quinquenal (1946 – 52); del Segundo Plan Quinquenal (1953- incompleto por golpe militar); del Plan Trienal (1974- incompleto por golpe militar).
[2] Como complemento de la gratuidad, el gobierno estableció por ley el derecho a becas de los estudiantes universitario (Art. 87 de la ley 13.031/47).
[3] Con el objetivo de promover la ciencia aplicada a la producción, el artículo 2, inciso 4, de la Ley 13.031/47 sostuvo que eran funciones de las universidades “Estimar el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales”. Con esta finalidad, la revolución creó la Universidad Obrera Nacional (UOM) que impulsó diversas ramas de la ingeniería.
[4] El artículo 100, inciso c) de la ley 13.031 de 1947 introdujo un apartado “De la enseñanza para graduados (Cursos y carreras de especialistas)”. El texto estableció que “Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando cursos de perfeccionamiento, de especialización y carrera de especialistas, con el objeto de propender a la formación de los técnicos que necesita el país en cada una de las ramas de las ciencias y de actualizar los conocimientos de los profesionales”.
[5] El artículo 2 de la ley 13.031/47, sostuvo que “Son funciones de las universidades de las cuales no podrán apartarse: 12) Crear y sostener institutos de investigación, cursos de perfeccionamiento o de especialización, para profundizar el estudio o aprovechamiento de las riquezas naturales de la zona del país donde tuviera su centro de acción cada universidad”.
[6] La UON nació con el objetivo de desplazar el proceso de aprendizaje desde el ámbito fabril, hacia los espacios educativos. Con esa finalidad, la institución favoreció los horarios nocturnos, las prácticas de taller y les otorgó a los trabajadores prioridad en el ingreso.