martes, 27 de septiembre de 2011

El periodismo y los intereses nacionales

Aritz Recalde, septiembre 2011

“El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente a los países más débiles (…) Su acción es casi indenunciable porque fundamentalmente opera, no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información que por su misma índole no puede proporcionar una visión integral y solo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa”. Raúl Scalabrini Ortíz.

“El periodista a sueldo no tiene opinión propia, no puede tenerla en un diario grande (…) No se hable en este aspecto del asunto de libertad de pensar y de coincidencia de ideales y miras. Hay un patrón que manda y un empelado que obedece”. Ramón Doll.


Tal cual estableció Scalabrini Ortiz en el epígrafe, los representantes de las metrópolis utilizan el periodismo como un instrumento de acción política, en busca de optimizar sus intereses. En este contexto, podemos afirmar que a lo largo de la historia de las luchas políticas por nuestra liberación e independencia, existió una prensa favorable y otra contraria, a los intereses nacionales y populares del país.

En tanto el periodismo se encuadró a favor o en contra de los intereses del país, se puede hablar de una prensa “nacional y popular” y de otra “liberal extranjerizante”. La lucha entre ambos modelos de comunicación se desenvolvió en el plano legal institucional, en el terreno de la propiedad de los medios y a partir de la organización de los contenidos.

A continuación, vamos a mencionar tres etapas en donde se configura un periodismo consustanciado con los intereses nacionales y populares.


I- Pedro de Angelis contra la agresión extranjera.

“El prestigio en el exterior se consigue únicamente cediendo mayores privilegios a los comerciantes extranjeros, permitiendo que se lleven sus ganancias, contribuyendo a que éstas sean cada vez mayores, mediante la aplicación sistemática del torniquete a la clase trabajadora y la pequeña clase media”. Rogelio García Lupo


Históricamente el liberalismo oligárquico promovió una prensa cuya funcionalidad central, fue el hostigamiento de sus adversarios políticos. En este marco, se aplicó una acción de desprestigio contra los caudillos federales y los líderes americanistas del continente. El periodismo oligárquico realizó una marcada apología del programa económico del libre cambio que fue producido y exportado por las metrópolis y que implicó la perpetuación de la dependencia estructural de nuestra economía nacional. Los intelectuales de la prensa extranjerizante, aplicaron una tarea de apropiación y reproducción de una matriz cultural europeísta, que en nombre de la “civilización”, fue utilizada para justificar la persecución y el asesinato de los pueblos y los dirigentes populares. A partir de la apropiación neocolonial de la mirada de Europa sobre la periferia, muchos periodistas combatieron a la supuesta “barbarie” y actuaron como catalizadores de los intereses ingleses y franceses en el país y en la región.

Una manifestación clara de la actitud antinacional y europeísta de la prensa liberal, se reflejó en el marco de las agresiones contra las Provincias Unidas en los años 1838 y 1845. En el contexto de los ataques imperialistas mencionados, conducía los destinos del país Juan Manuel de Rosas, que ejerció una férrea resistencia a la prepotencia de los cañones extranjeros. En el mismo momento que las potencias querían invadir nuestro continente, ocupaban posiciones en África, Asia y el resto de América .

Con el objetivo de detener la invasión, la resistencia de Rosas y los sectores populares contra la agresión imperial, se dio en todos los planos. En el terreno militar, Rosas fue terminante y frente a la prepotencia del cónsul francés en el año 1838 respondió que “exigir sobre la boca del cañón privilegios que sólo pueden concederse por tratados, es a lo que este gobierno, tan insignificante como se quiera, no se someterá.” La férrea resistencia nacional contra las ocupaciones de 1838 o 1845, escribieron una página de oro de la historia de las luchas anticolonialistas del tercer mundo. La voluntad nacionalista quedó marcada para la generaciones venideras en las acciones patrióticas de las batallas de la Vuelta de Obligado, Tonelero, San Lorenzo o Quebracho.

Además de la acción militar, la lucha anticolonial conducida por Rosas, se ejerció a partir de la diplomacia que actuó bajo la pluma de dirigentes de la talla de Manuel Moreno en Europa o de Tomas Guido en Río de Janeiro .

Conjuntamente y cuestión que toca este artículo, en el plano cultural y de la prensa, se inició una ofensiva sin cuartel contra las operaciones de los extranjeros y sus aliados internos. Con esta finalidad, Juan Manuel sostuvo el Archivo Americano y Espíritu de la Prensa en el Mundo que fue publicado entre los años 1843 y 1851. El periódico tenía como editor responsable a Pedro De Angelis y fue publicado en español, inglés y francés. Su distribución era gratuita y alcanzó a los representantes de diferentes gobiernos y figuras del país y el extranjero. A partir del Archivo Americano, Rosas pudo llevar las opiniones y las acciones de nuestro gobierno a diversos lugares de Europa y América, rompiendo el cerco informativo impuesto por el imperialismo y los unitarios.


La tarea de Pedro de Angelis y el Archivo Americano, permitió al gobierno:

1- Refutar las operaciones de prensa unitaria de fuerte contenido golpista contra el gobierno de Rosas. Pedro de Angelis estableció “Pero los espíritus turbulentos se apoderaron de la prensa, vaciaron las elecciones, invadieron la tribuna, y abusando de las garantías con que ampara a todos el orden constitucional, conspiraron en secreto para derribarlo” (Archivo americano N 3, 30 de junio de 1843). Más adelante sostiene “Y el Nacional de Montevideo, órgano inmundo de la facción rebelde a que se ha asociado el Comandante Naval Británico (…) ellos hacen la guerra a la Confederación con su dinero o de otro modo (…) Pero los Argentinos y Orientales, después de treinta y cuatro años de sacrificios gloriosos por la libertad, jamás cederán a la fuerza sino a la razón. Y se hundirán en su propia ruina y en la de sus enemigos, antes que consentir en la pérdida de su independencia, honor y libertad” (Archivo americano N 6, 31 de agosto de 1843) .

Al referirse al Dogma Socialista escrito por Esteban Echeverría, estableció “Echa de menos en ellos una calidad que exigen los salvajes Unitarios para tomar parte en su figurado “movimiento intelectual en el Plata”, la de someterse a las influencias extranjeras, que es en lo que estriba el dogma de aquellos degradados traidores. Los que sirven a las órdenes de Thiebaut, los que combaten al lado de Garibaldi, los que desean el triunfo de los invasores, y que se afligen por las glorias nacionales, son “los hombres honorables”, ¡cuyo destino envidia el Socialista!”.


2- Cuestionar y denunciar, a partir del excelente manejo de Pedro de Angelis del derecho internacional, la acción expansionista europea. Está tarea se pudo realizar a partir de la traducción en tres idiomas del Archivo Americano y de su distribución en diversos lugares de América y Europa. Con dicha finalidad, Pedro de Angelis sostuvo: “El Gobierno argentino, pues, no puede ni debe conceder a los súbditos británicos y franceses una ventaja de que no gozan en su propio país. La pretensión del Comandante naval británico exige un acto contrario al derecho de la guerra y de la neutralidad, y a los principios que reconocen todos los gobiernos; una prerrogativa, en fin, inaudita y sin ejemplo. Pero no sólo lo exige, sino que lo sostiene, no con la razón, de lo que dista tanto, sino con los cañones” (Archivo americano N 6, 31 de agosto de 1843).


3- Rebatir la acción de la prensa del país financiada por el extranjero. Sobre el particular, Pedro de Angelis estableció una acalorada discusión con José Ribera Indarte, editor del Nacional y defensor de la agresión europea al país. En sus palabras “El editor del Nacional de Montevideo pregunta si tiene algo de deshonroso el llamar a los extranjeros para que tomen parte en nuestras disensiones. Y, por supuesto, se decide por la negativa, esto es, que el que lo hace sea declarado patriota benemérito en grado heroico” (Archivo americano N 3, 30 de junio de 1843).


4- Hacer conocer las acciones y medidas implementadas por Rosas.


5- Afianzar la cultura nacional frente a la campaña de la prensa oligárquica, divulgadora del neocolonialismo y los supuestos beneficios de la “civilización”. Una de las acciones importantes del Archivo Americano, se centró en la crítica a los intentos de aplicar los modelos de sociedad copiados del extranjero e inaplicables en el país. En este sentido, es que sostuvo “Pero hemos probado que toda la ciencia gubernativa el Sr. Rivadavia consistía en estas aberraciones del sentido común, el más ordinario, y que estas ilusiones lo acompañaban en todos sus actos, y no le permitían considerar las cosas bajo su verdadero aspecto; y de tal modo que la historia de su administración no es más que una serie continua de disparates y desaciertos” (Archivo americano N 7, 30 de septiembre de 1843). El autor se refirió al Dogma Socialista y a Esteban Echeverría de la siguiente manera: “Si le fuese posible salir de su paroxismo revolucionario, conocería entonces cuán extravagante era la idea de regenerar un pueblo con unos pocos jóvenes, sin crédito, sin relaciones, sin recursos, a quienes “uno miraba con desconfianza, y otros con menosprecio”: comprendería todo cuanto había de ridículo en querer convertir a los Argentinos en una sociedad de santsimonianos; en someterse a una república, fundada en los principios generales de la organización moderna de los estados, a los delirios de Fourier y de Considérant (…) Éstos y otros antilogismos nos hacen mirar al Dogma socialista como el parto de un cerebro trastornado.


6- Defender la unidad y la integridad territorial de las Provincias Unidas.

Además de su prolífera actividad en el Archivo Americano, Pedro de Angelis nos legó la Colección de Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna del Río de la Plata. Los Documentos fueron uno de los primeros intentos sistemáticos de recopilar los papeles públicos y oficiaron como un instrumento para poder establecer los derechos territoriales del país.

En este contexto, un grupo de intelectuales y periodistas del país, se aliaron al extranjero conjuntamente a los unitarios porteños y favorecieron la ocupación militar de nuestro suelo por parte de los imperios europeos. Entre sus órganos más representativos y tal cual denunció de Angelis, se destacaron El Nacional de Montevideo (Rivera Indarte), El Comercio de Montevideo (Florencio Varela), el Mercurio de Valparaíso (Alberdi) y la Crónica de Santiago (Sarmiento). La posición favorable al imperialismo de algunos dirigentes, le permitió decir a San Martín en carta a Rosas del 10 de julio de 1839 “Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufriríamos en tiempos de dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”. Más adelante y en referencia a la batalla de Obligado, San Martín le escribió a Rosas “los interventores había visto por este échantillon que los Argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca. A un tal proceder no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir, y cumplir con el deber de los hombres libres, sea cual fuere la suerte que nos prepare el destino, que por mi íntima convicción no sería un momento dudoso en nuestro favor, si todos los Argentinos se persuaden del deshonor que recaerá sobre nuestra patria, si las naciones Europeas triunfan en esta contienda, que, en mi opinión, es de tanta trascendencia como la nuestra emancipación de la España”.

Luego de la batalla de Caseros, la prensa fue tornándose poco a poco, como un instrumento político en manos de la oligarquía porteña y los intereses británicos en el Río de la Plata. La mención de la Constitución del año 1853 sobre la libertad de prensa, ofició como mera declamación de buenas intenciones. La realidad y más allá de la supuesta libertad, fue la tendencia cada vez más marcada, al control de la prensa por parte de los grupos de la oligarquía. Dichos factores de poder, utilizaron el periodismo para favorecer sus intereses y reforzar la dependencia del país.

Como complemento, el texto constitucional de 1853 introdujo la “igualdad de los extranjeros” y con ello favoreció la apropiación de nuestros recursos y nuestra cultura, por parte de las naciones agresoras de 1838 y 1845. Bajo la tiranía cultural, política y militar unitaria, los periodistas como Pedro de Angelis, José Hernández u Olegario Andrade, fueron perseguidos o silenciados.


II- El peronismo y el nacionalismo popular en la prensa.

“Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los Estados han creado todo un servicio publicitario, disfrazado con diversos nombres o siglas”. Juan Perón

La Ley de Servicios de Radiodifusión 14.241 de 1953

“La organización y el régimen de prestación de los servicios de radiodifusión se basará en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico y político de la Nación”. Artículo 5° de la Ley de Servicios de Radiodifusión 14.241 de 1953.


La noción de la prensa liberal extranjerizante, fue impuesta por décadas como resultado del triunfo de las guerras civiles en manos de la oligarquía y el imperialismo. Frente a la hegemonía del liberalismo oligárquico, la Argentina tuvo que esperar 100 años para tener una ley que regule el periodismo con el objetivo de ponerlo al servicio de los intereses nacionales.

En pleno siglo XX, le toco al peronismo modificar la arquitectura cultural neocolonial heredada desde Caseros y Pavón. Con dicha finalidad, el Segundo Plan Quinquenal del año 1952 mencionó cuáles eran los objetivos generales a cumplir por el Servicio Nacional de Radiodifusión:

XXVI. G. 4:

El Servicio Nacional de radiodifusión, conducido por el Estado, será extendido a toda la Nación como expresión de la soberanía del país, en orden a la seguridad y la defensa nacional y para elevar la cultura general de la población mediante:

a- La extensión adecuada de la red oficial de radiodifusión;

b- La instalación de radioemisoras privadas que autorice con asistencia técnica y crediticia del Estado;

c- La orientación adecuada de las transmisiones internacionales especiales del organismo estatal específico, a fin de hacer conocer la vida y cultura del pueblo argentino, sus realizaciones como aporte a la cultura universal y su doctrina nacional.


En este marco, la revolución nacionalista inaugurada en 1943 debió refundar el sistema de telecomunicaciones, para darle voz a las organizaciones libres del pueblo. Con dicha finalidad, el Estado constituyó el sistema de medios públicos creando Canal 7 o ampliando la cobertura de Radio Nacional a distintos lugares del país. Además y con el objetivo de contrarrestar la publicidad que hacen los Estados que menciona Perón en el epígrafe, el gobierno promovió la apertura de la agencia de noticias TELAM.

La Ley de Servicios de Radiodifusión 14.241 de 1953, subordinaba el “interés particular, al interés social, cultural, económico y político de la Nación”. Con dicho objetivo, limitaba la adquisición de los medios de radiodifusión por parte del extranjero, promovía la reproducción de la cultura nacional y organizaba el servicio oficial de radiodifusión, entre otras cuestiones elementales para democratizar el sistema.


El golpe de Estado del año 1955 derogó la ley de radiodifusión de 1953 y censuró a los periodistas afines al sistema democrático. A partir de allí, el gobierno militar inició el proceso de trasferencia de la propiedad de los medios de comunicación a los representantes de la oligarquía y el capital concentrado, en estrecha alianza con el capital extranjero norteamericano. A partir de la dictadura de 1955, se fueron consolidando las características centrales del sistema de medios de comunicación legado a la democracia de 1983, caracterizado por la concentración, la falta de regulación y la extranjerización de la propiedad y los contenidos.

Derogada la ley de 1953, se produjo un vacío normativo. Posteriormente, la dictadura de 1976 sancionó la ley 22.285 de 1980. La norma del gobierno de facto estableció entre sus fines, la preservación de la “moral cristiana”, la promoción de la “seguridad nacional” o la prohibición del “partidismo político”. La ley creaba el Comité Federal de Radiodifusión que tenía participación de los representantes de las fuerzas armadas, de los licenciatarios privados y de la Secretaría de Inteligencia del Estado, entre otros.

En este contexto, los militares asesinaron periodistas y fueron cómplices y participes en la entrega de los medios o las empresas vinculadas, a los grupos concentrados. El asesinato de Rodolfo Walsh y el caso Papel Prensa, fueron claramente sugestivos del tipo de comunicación y periodismo que se promovió con la asonada castrense. Como en el año 1955, pero ahora con una violencia pocas veces vista en la historia del país, se silenciaron a las organizaciones libres del pueblo y se pactó para ello, con algunas corporaciones mediáticas como Clarín o La Nación.

El objetivo de las acciones de la dictadura, era institucionalizar el modelo de la prensa liberal extranjerizante, retrotrayendo el país a un estadio pre peronista.


III- Pluralidad de voces en la comunicación argentina: La ley de Servicios de Comunicación audiovisual 26.522 de 2009

“Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.


Siguiendo la tradición democrática y popular que Juan Perón inició en el año 1953, Cristina Fernández de Kirchner promovió la sanción de una nueva ley de comunicaciones en 2009. La propuesta busca democratizar la comunicación frente a un sistema de medios oligopólico, extranjerizado y con una lógica de funcionamiento meramente comercial.

De manera similar al texto aprobado en 1953, la norma se plantea como un objetivo central la “pluralidad de voces”, generando la igualdad real de posibilidades de emitir a todos los miembros de la comunidad sin distinción social alguno. Dicho punto de partida, contradice los supuestos básicos del liberalismo extranjerizante, que favoreció en nombre de la “libertad de prensa”, a los oligopolios concentrados y al capital extranjero.

Con este objetivo, la ley 26.522 reconoce que pueden ser licenciatarios de medios de comunicación, el Estado, el sector privado con fines de lucro y el sector privado sin fines de lucro. La ley hace énfasis en la necesidad de promover a los actores de la comunicación no comerciales, tanto privados y públicos. El texto y de manera similar al de 1953, establece limites para la formación de monopolios en la comunicación y promueve la producción y divulgación de contenidos nacionales.

La ley creó nuevos organismos de aplicación con participación plural y democrática de los diferentes actores que intervienen en la radiodifusión, como es el caso de los miembros de los gobiernos provinciales, los distintos prestadores de servicios, las universidades o los representantes de los trabajadores.

La ley es acompañada de una gestión de calidad en los medios públicos, como pocas veces ocurrió en nuestra historia. La promoción de una televisión con contenidos culturales y educativos como es el caso de ENCUENTRO, Canal 7 o Radio Nacional, se complementan con otras medidas como la democratización del derecho a ver deporte por televisión abierta. A estas acciones, se le suma la implementación de la televisión digital, que en breve y cuando se nacionalice la cobertura, va a ser uno de los sucesos culturales más importantes de las últimas décadas.

sábado, 24 de septiembre de 2011

10 CUESTIONES PARA COMPRENDER EL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA


Aritz Recalde , abril de 2009


Introducción.-

“Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte

toda la pobre inocencia de la gente”.

León Gieco



La finalidad este artículo es uno sólo: contribuir a la paz. Partimos de un supuesto: la guerra actual de Israel contra Palestina prolonga la inestabilidad política, económica, cultural y social de la región conduciendo las relaciones entre las partes a un destino de confrontación sin salida. Ante esta realidad y después de casi 120 años de la aplicación del proyecto sionista por parte de la dirigencia hegemónica del pueblo judío, se puede concluir que éste proyecto lejos de terminar con el enfrentamiento, lo agudiza. En este marco, difícilmente, tanto judíos como palestinos, donde quiera que habiten, puedan convivir continuando con esta política de guerra, enfrentamientos o de exterminio étnico. Asimismo, es innegable que el terror ejercido por el Estado de Israel genera no sólo rechazo en la comunidad árabe que es participe y victima directa de las acciones, sino que además, produce un sentimiento de marcada enemistad con el pueblo judío a lo largo del planeta, adscriban o no estos al sionismo. Si el objetivo de Israel es la seguridad de su pueblo, a partir de esta política de uso del terror y por el contrario, fomenta que su población viva en un estado de inseguridad y de guerra permanente.



Consideramos oportuno reiterar que no hay acuerdo de paz posible sin asumir las responsabilidades de las partes directamente vinculadas y las funciones, cumplidas y a implementar, de las naciones ligadas al conflicto. Asimismo, pensamos que un acuerdo para la paz en la región debe involucrar la intervención de los jefes de Estado y además, de las organizaciones libres del pueblo, no importa la etnicidad, la nacionalidad o la afiliación partidaria de cada una de ellas. Si la colectividad internacional no discute y actúa en consecuencia, atendiendo las alternativas en el mediano y largo plazo, vamos hacia un camino que conduce al abismo al pueblo Palestino. Además, la inacción de medidas concretas en la actualidad por parte de la comunidad internacional, prolonga la inestabilidad e inseguridad indefinida entre los miembros de la comunidad de judíos de Israel y del resto del mundo.



Con esta finalidad brindamos al lector un esquema conceptual de diez variables o cuestiones centrales para comprender el bombardeo actual de Gaza y los enfrentamientos constantes entre Israel y Palestina de las últimas décadas. Los ejes son presentados través de un recorrido histórico que permite al lector no especializado introducirse en la génesis del conflicto y en sus potenciales soluciones. En todos los casos, se presenta a pie de página un recorte de obras bibliográficas y documentales que sustentan nuestro punto de vista y que tienen utilidad para aquél lector que quiera profundizar los temas abordados.



En el trabajo reunimos diez cuestiones que consideramos elementales para comprender el conflicto entre ambos pueblos y Estados. La primera y más básica, se refiere al momento de ocupación del territorio de Palestina. El segundo aspecto, tiene que ver con la historia del movimiento político y cultural judío denominado sionismo, que aportó la justificación doctrinaria y programática e implementó gran parte de las acciones para desarrollar el Estado de Israel. El tercer eje de análisis tiene que ver con la relación entre Israel y un grupo de gobiernos. En especial, nos vamos a referir a la vinculación con Inglaterra y Estados Unidos. El punto cuatro, se refiere a las acciones militares fundamentales que oficiaron como una bisagra en el desenvolvimiento del conflicto. La cuestión quinta se relaciona al tratamiento de la dimensión religiosa. El punto siguiente explica los mecanismos implementados por el sionismo para la ocupación del territorio y la apropiación de los recursos económicos de Palestina. La cuestión séptima aborda los mecanismos ideológicos y las estrategias comunicacionales y de sentido construidas para justificar la ocupación. El punto ocho introduce el factor de la industria de la guerra como un elemento a tener en cuenta a la hora de comprender el proceso político histórico y actual. La cuestión novena hace una breve mención a la historia de las organizaciones políticas de Palestina. Finalmente, el punto diez y a modo de cierre, presenta tres modelos políticos que actualmente tienen vigencia a la hora de atender posibles soluciones a los enfrentamientos.

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domingo, 4 de septiembre de 2011

Lo mejor de la reforma de 1918 lo aplicó Perón

Reflexiones sobre la reforma universitaria del año 1918:
siete hipótesis para el análisis.
Aritz Recalde, junio de 2008
(Resumen del texto)

4- La Reforma y su aplicación histórica

Haremos referencia aquí a ciertas nociones con el objetivo de plantear otras dos hipótesis:
Hipótesis nº 6: la aplicación práctica de gran parte de los planteamientos del Manifiesto y de los reformadores fue desarrollada por la revolución peronista como parte de un proyecto nacional que surge y se desenvuelve fuera de la Universidad.

Hipótesis nº 7: el peronismo obligó la actualización de gran parte de los postulados reformistas a la luz de una democracia de masas, demostrando que varios de sus principios habían caducado.

Sobre la hipótesis sexta y en el texto de referencia mencionado, sosteníamos que con Juan D. Perón en el gobierno se sancionaron tres leyes universitarias. Esto es, el peronista fue el primer gobierno que sancionó una ley universitaria desde el año 1885[1], y fue, además, el gobierno democrático que mayor cantidad de leyes de Educación Superior sancionó en la historia del país: Nº 13.031/47, Nº 14.297/54 y Nº 20.654/74. Estas tres leyes expresaron a través de un esquema jurídico normativo todos y cada uno de los planteos de los reformadores del año 1918. Durante los primeros 10 años de gobierno y por mencionar únicamente algunas medidas:

1- Ampliación de las matrículas y democratización del ingreso[2]: se suprimen gran parte de los exámenes de ingreso, se eliminan todo tipo de aranceles[3], se desarrolla un sistema de becas -cuestión que tiene sanción constitucional en 1949-, surgen horarios nocturnos para trabajadores, la Universidad Obrera, etc.

2- Extensión Universitaria: se la mencionó en la legislación universitaria nacional en el año 1954 y se iniciaron las prácticas rentadas en el Estado. La Universidad Obrera articulaba directamente el conocimiento y la acción práctica en las fábricas.

3- Promoción de Carreras prioritarias: el Estado estableció Regiones Universitarias y se efectuó una política de planificación del gasto y la uniformidad nacional de los programas. Se creó el Consejo de Universidades como ámbito de articulación de las políticas públicas. Se desarrollaron[4] las técnicas agrarias, la ingeniería del petróleo, la investigación oceanográfica, etc.

4- Ingreso de estudiantes latinoamericanos[5]: se avanzó en el reconocimiento de títulos, en la formulación de congresos científicos internacionales de primer nivel y en el desarrollo del intercambio estudiantil.

5- Vinculación obrero estudiantil: se tendieron los puentes concretos para esta unidad. Tanto dentro del aula al democratizar el ingreso, como asimismo, a través del fomento de las agrupaciones estudiantiles como la CGU o la UES.

6- Defensa de la cultura nacional y regional: aparecieron como objetivos de la Universidad la divulgación de los valores y de las tradiciones de nuestro país y de Latinoamérica. Asimismo, se dio importancia a la defensa del patrimonio no sólo espiritual, sino además económico y político de la Nación.

En definitiva, el peronismo en sus diez años de gobierno nos legó la gratuidad, importantes pasos en la articulación obrero estudiantil, la existencia de carreras prioritarias para la industrialización, el aumento del presupuesto, el fomento del latinoamericanismo y el antiimperialismo de la juventud y varios proyectos de Universidades y Carreras. Estos profundos cambios fueron desarrollados por un gobierno popular y democrático, que entre otras cuestiones, dio a la autonomía universitaria sanción constitucional en el año 1949. En definitiva, surgió la noción del derecho social a la Educación Superior. Asimismo, el peronismo nos dejó como legado varias innovaciones en diversos ámbitos de la Universidad. Por ejemplo, la ley Nº 20.654, de 1974, introdujo la participación de los trabajadores no docentes en el gobierno de la Universidad. Dicha ley permitió el ingreso a la Universidad -previo examen- a los trabajadores que no hubieran cursado el ciclo educativo secundario. Por otro lado, esta norma institucionalizó la implementación concreta del nacionalismo revolucionario al prohibir la práctica docente en Universidades estatales a aquellos profesores vinculados a las empresas trasnacionales.


5- La Reforma en la actualidad: perspectivas

“La inteligentzia es sustituida por la inteligencia de los argentinos. Ha bastado repensar para que el milagro se produzca y ahora sí, pueblo y cultura, caminan por la misma huella, no se superponen para negarse sino para compenetrarse porque el fenómeno viene de abajo y sube, sube, sube” (Arturo Jauretche, 2004: 236)

“La única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud (…) el sacrificio es nuestro mejor estímulo, la redención espiritual de las juventudes americanas, nuestra única recompensa”. Manifiesto Liminar.

Es oportuno reflexionar como lo hicieron los cordobeses cuando sostuvieron que la intervención de José Nicolás Matienzo, les había mostrado a cara destapada la fuerza de la corporación universitaria. Hoy, como en 1918, muchas Universidades están desconectadas de los anhelos de las mayorías populares de la Argentina. Suponiendo que compartimos los fines del Manifiesto y dado que han pasado 90 años de aquel intento, fracasos y aciertos de por medio, debemos revisar a conciencia los mejores métodos para modificar el orden de cosas. Como un medio para alcanzar este objetivo, tenemos la oportunidad de reflexionar como parte de varias generaciones que reiteradamente han repetido errores tras las consignas de reforma y autonomía. Ya lo había dicho Juan D. Perón, “la experiencia llega tarde y cuesta cara”. Con este objetivo, la primera conclusión que debemos asumir es que parte de los planteos reformistas fueron propios de principio de siglo y no de la hora actual: las organizaciones libres del pueblo durante el siglo XX y XXI van a la vanguardia del cambio social y muchas veces, la juventud con tal de sostener su “modelo de revolución” o la “autonomía”, juega un rol ciertamente reaccionario. En este sentido, considero que seguir desarrollando y sosteniendo una política estudiantil o docente centrada en las luchas y debates intestinos por un lugar más o un espacio menos en el cogobierno, es una medida anacrónica. Hace 90 años los reformadores establecieron que “Se había obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico de una juventud”. Hoy, ha llegado el momento de actualizar estos criterios. Desde el 17 de octubre y durante las décadas del 60 y del 70, sin distinción partidaria, las consignas de las “reformas liberales de la Universidad” fueron reactualizadas por la necesidad de alcanzar las “reformas sociales y económicas del país”. Desde mediados del siglo XX, con avances y retrocesos, América Latina camina hacia la segunda independencia inconclusa y actualmente y de manera más o menos acertada, lo hace en democracia. En este contexto, los enfrentamientos de la Universidad con el país tras las rencillas del cogobierno podrían formar parte del pasado.
La democratización real tiene que ver con la posibilidad de relacionar la Universidad con las demandas de los argentinos que, entre otras cuestiones, se manifiestan en el sistema político de partidos: hospitales, medios de comunicación, rutas, energía, política social, educación, forman parte de las agendas públicas y los temas que la comunidad delega a sus representantes y sobre los cuales la Universidad podría tomar partido. No es acertado en esta etapa democrática del país exigir autonomía de las políticas del Estado del que forma parte. Esa consigna era comprensible hace 90 años a “la sombra de los jesuitas” como dice el Manifiesto escrito a sólo seis años de la Ley Sáenz Peña y en el marco de un sistema político represivo y previo al Estado de bienestar. Actualmente, seguir sosteniendo que el Estado es represivo y viola la autonomía, es una posición cercana al despotismo liberal ilustrado: declarar la autonomía como un fin en sí mismo ante el peligro del “mal gobierno” o la injerencia estatal, supone previamente, sostener que las mayorías electorales son permeables a los aparatos e irracionales y por eso, dignas de ser gobernadas por terceros. Este planteo tras 25 años de democracia en el país, es una justificación de un sistema político en el que sólo pueden tomar decisiones los “ilustrados”: si realmente creemos que las decisiones de las mayorías populares y sus representantes del Estado o corporativos, no pueden opinar sobre las agendas de investigación, de extensión o acerca de los perfiles profesionales que forma la Universidad, estamos dando por hecho la supremacía intelectual, moral y política de la clase media universitaria sobre el resto del país. Si es así, proponemos públicamente: volvamos al voto restrictivo e ilustrado y que los profesionales desde la Universidad gobiernen la Argentina. Está claro, que considero esa coartada como errónea y además, genera una noción profundamente peligrosa para la juventud del país al escindir, por un lado, la Universidad y su mundo interno, y por otro, el país concreto y la marcha de sus organizaciones económicas, sociales y políticas. Actualmente, distanciándonos de ciertos planteos de la autodenominada escuela reformista, creemos que la Universidad no necesita autonomía sino que por el contrario, requiere vincularse y consustanciarse con las políticas del Estado, con los productores nacionales y con las organizaciones libres del pueblo.

La juventud debería problematizar los planteos de la supuesta tiranía del Estado o de la teórica privatización neoliberal, ya que ambas consignas pueden utilizadas como pretextos para bloquear la democratización universitaria. Por un lado, demás está decir, que ambas consignas no son históricamente acertadas: el Estado, con sus defectos, fue y sigue siendo en la actualidad la única oportunidad de los argentinos de medianos y bajos recursos, para acceder a un sistema de seguridad social o a una apoyatura económica. La supuesta acechanza de privatización de la Universidad no es actual, sino y como ya lo señaláramos, la inició el presidente radical Arturo Frondizi cuando en el año 1958 permitió el ingreso de Universidades privadas y católicas. Por el contrario, es bueno hacer hablar a las estadísticas: entre 1989 y 2004 se abrieron once universidades estatales[6] y más allá de que se crean varias privadas, éstas no varían su representación proporcional en la matrícula en relación con las primeras[7]. La falacia de la acechante privatización debería revisarse a la luz de la historia, abandonando además los planteos tales como que la CONEAU[8] es una herramienta de las Universidades privadas o del Banco Mundial y que la existencia actual de una Secretaría de Políticas Universitarias se relaciona con el intento de privatizar[9] el sistema público de Educación Superior.
Creemos que es cardinal que los docentes, los graduados, los no docentes y los estudiantes hagan un análisis histórico de los alcances concretos de los planteos de 1918 y de las acciones de 1955, ambas, reivindicadas como fechas fundacionales de la universidad. El desafío actual, no debería ser mantener la autonomía sino que por el contrario, de lo que se trata es de introducir al país dentro de la Universidad: acompañar, analizar y debatir junto con las organizaciones libres del pueblo y con el Estado, cómo superar los dramas sociales y la dependencia económica y cultural de la nación Argentina. Y por otro lado, una mirada en perspectiva, nos debe permitir problematizar la posibilidad de reivindicar los “medios” de la Reforma sin pensar en los fines de la misma.
En lo concerniente a la transformación universitaria actual, es importante abandonar el misticismo de suponer que la ley Nº 24.521 de 1995 es la responsable total de la crisis de la institución. Incluso, es importante reconocer que este marco legal le permite a las Universidades alcanzar y superar los medios y los fines del Manifiesto del año 1918. El punto de vista que atribuye las culpas a factores exógenos a la Universidad podría dar paso al necesario debate de la comunidad nacional sobre el tipo de Universidad que se necesita para la Argentina, cuestión que no se arregla meramente con la tinta y el papel de los archivos oficiales. Con este objetivo, es oportuno traer a consideración algunas palabras de Ernesto Villanueva (2009) que sostiene como punto de partida para una reforma del sistema universitario la emergencia de discutir cuatro aspectos fundamentales:
“Una primera pregunta está referida a qué carreras necesitamos, una segunda relacionada con el perfil de estudiantes deseable, una tercera sobre las características que deberían reunir los docentes, y una cuarta, teniendo en cuenta las respuestas a las tres primeras, acerca de las estructuras de poder necesarias para esos cambios”.

La posibilidad de que la juventud promueva y acompañe la transformación que el país necesita, es el verdadero legado de la reforma del año 1918.

[1] Según el Manifiesto se debe: “Reformar la ley que nuestra salud moral lo está exigiendo”.
[2] Además de la gratuidad al eliminar aranceles, el gobierno desarrolló una economía de bonanza, único medio para el ingreso concreto de los trabajadores a la universidad.
[3] Decretos Nº 29.337/49 y Nº 4.493/52.
[4] Surgió la Ciudad Universitaria, la obra del Hospital Escuela, la Facultad de Farmacia (antes Escuela) y se formularon los proyectos de las Universidades Nacionales del Sur y de la Mesopotamia. Para ampliación ver Taiana, Jorge, “La Universidad Peronista”, Primera Plana, Buenos Aires, N° 498, 15/VIII/72.
[5] Los antecedentes del Mercosur se pueden buscar en el pacto ABC firmado por Perón. Asimismo, a nivel sindical se desarrollaría el ATLAS. La integración latinoamericana no era un proyecto meramente universitario.
[6] Universidad Nacional de Quilmes (1989), Universidad Nacional de la Matanza (1989), Universidad Nacional de General San Martín (1992), Universidad Nacional de General Sarmiento (1992), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (1994), Universidad Nacional de la Rioja (1994), Universidad Nacional de Lanús (1995), Universidad Nacional de Tres de Febrero (1995), Universidad Nacional de Villa María (1995), Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (2002), Universidad Nacional de Chilecito (2002).
[7] Sobre el particular, Juan Carlos Del Bello y Graciela Gimenez establecen que: “En el caso argentino durante la década de los 90 no se registró a nivel empírico ninguna evidencia de que dicho sector (universidades privadas) haya incrementado su participación relativa respecto de 1980 (en torno al 20% del total de alumnos). Más aún, según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias se estimaba que en 1980 la participación del sector privado ascendía al 18,3% en un contexto de ingreso selectivo a la universidad estatal, mientras que para el año 2004 dicha Secretaría estimaba la participación en el 15,3% que contrasta con los datos censales que la ubican en el mencionado 20%”. Puede consultarse este trabajo en: http://www.saece.org.ar/docs/congreso2/delbello_gimenez.doc
[8] Desde el año 1995 todas las iniciativas de creación de instituciones universitarias privadas deben obligatoriamente contar con un dictamen técnico favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En diez años de existencia, la CONEAU analizó 97 solicitudes de las cuales aprobó únicamente 11 y ninguna de ellas de universidades sino de “institutos universitarios” que son aquellas instituciones acotadas a un campo disciplinario (Medicina, Administración, Psicología). Juan Carlos Del Bello y Graciela Gómez, Op. Cit., p.10.
[9] “Argentina registra una inversión del 0,8% del PIB, y para universidades la inversión es del orden del 0,6%, tasa que se mantiene prácticamente constante desde 1996. Incluso, en la primera mitad de los noventa es cuando se alcanzan esos guarismos, ya que con anterioridad el valor era inferior al 0,5%. Esta evidencia pone en duda el supuesto desfinanciamiento público de las universidades estatales”. Juan Carlos Del Bello y Graciela Gimenez, Op. Cit., p. 12.