martes, 16 de agosto de 2011

Reforma Política: ¿soberanía popular o corporaciones?

Aritz Recalde, Agosto de 2011

“La democracia de nuestro tiempo no puede ser estática, desarrollada en grupos cerrados de dominadores por herencia o por fortuna, sino dinámica y en expansión para dar cabida y sentido a las crecientes multitudes que van igualando sus condiciones y posibilidades a las de los grupos privilegiados. Esas masas ascendentes reclaman una democracia directa y expeditiva que las viejas formas ya no pueden ofrecerles”. Juan Perón (1)

La Reforma Política impulsada por el gobierno nacional y que se aplicó en las últimas elecciones primarias, nació de una ronda de consultas efectuadas durante el año 2009 al conjunto de las fuerzas políticas del país. Tras las conversaciones con las diversas expresiones partidarias, el proyecto dio origen a la ley 26.571/09 y tal cual expresa la denominación de la norma, tiene como finalidad la “Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”. Con dichos objetivos, la iniciativa modifica la ley Orgánica de Partidos Políticos y la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

La ley 26571/09 tiene tres grandes finalidades:
1. Limitar la capacidad del poder económico para controlar la política;
2. Democratizar los medios de comunicación promoviendo que todos los Partidos Políticos tengan igualdad a la hora de divulgar las propuestas.
3. Fortalecer los Partidos Políticos y la soberanía popular.

La Reforma Política tiene como propósito central, dotar de contenido material al ejercicio de la soberanía popular fruto de las elecciones y la democracia. La norma parte del supuesto de que si son debilitados los Partidos Políticos, el poder real y las decisiones de gobierno, quedan en manos de las corporaciones económicas y los oligopolios mediáticos.

1. Limitar la capacidad del poder económico para controlar la política.
La Reforma busca la “equidad electoral” y promueve la igualdad de condiciones para todos los Partidos Políticos. Con dicha finalidad, regula el financiamiento de la actividad política y obliga a los Partidos a:
- Declarar las fuentes de financiamiento y a presentar constancias de todos los gastos o donaciones recibidas. Los Partidos Políticos están obligados a exhibir un Informe Final de gastos de campaña.
- Establecer límites de gastos por cada campaña (resultante de multiplicar cantidad de electores con el “módulo electoral” – unidad monetaria-).

La norma además:
- Regula el financiamiento público de las campañas. Establece pautas para la inauguración de obras en periodos de campaña y las prohíbe en el plazo de los 15 días anteriores a la elección.
- Establece que la campaña política se puede iniciar recién 30 días antes de la elección. No se puede desplegar publicidad audiovisual antes de los 20 días de la elección.

A partir de estas y otras disposiciones, se busca limitar la capacidad del poder económico concentrado para determinar los resultados electorales y la acción de los gobiernos. Asimismo, pone límites a los Partidos de gobierno para hacer uso de los resortes del Estado con fines electorales.

2- Democratizar los medios de comunicación promoviendo que todos los Partidos Políticos tengan igualdad para divulgar las propuestas.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció que el 10% de la programación debe ser destinada a fines electorales. En este marco, uno de los aspectos centrales de la Reforma Política, es la regulación de la emisión de publicidad en los medios de comunicación. El objetivo es democratizar la distribución de la publicidad y brindar a todos los candidatos el mismo espacio.

En este marco, la Reforma Política:
- Prohíbe la contratación privada de publicidad en radio o televisión abierta o por cable. En su lugar, la distribuye en un 50% de manera igualitaria y el 50 % restante en función de la cantidad de votos obtenidos por los Partidos Políticos. El horario y el repartimiento de los medios se hace por sorteo.
- Crea un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión y obliga a las firmas a declarar los instrumentos aplicados para el relevamiento de datos. El Informe va a ser publicado garantizando el libre acceso de la ciudadanía.
Con ésta última restricción, se intenta poner límites a las operaciones políticas efectuadas por los medios de comunicación, a partir de la publicación de datos falsos.

3- Fortalecer los Partidos Políticos y la soberanía popular.
La Reforma Política busca mejorar la representación política. Con este objetivo, promueve que los Partidos Políticos dispongan de mayores niveles de representación popular, limitando la tendencia a la fragmentación y a la dispersión de formulas electorales. Con dicha, finalidad promueve:

- La elección de los candidatos de los Partidos Políticos por intermedio de las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias;
- Que los partidos tengan mayor representación y para eso, aumenta los pisos mínimos necesarios de afiliados y de adherentes. Regula las causas de caducidad de las personerías, fomentando la participación de los afiliados en la vida interna de los Partidos Políticos.
- La formación de alianzas o de confederaciones entre Partidos Políticos.
- Transparentar las afiliaciones: digitaliza los registros de afiliados y los hace públicos (Registro Nacional de Electores); facilita las desafiliaciones –enviando un simple telegrama gratuito-; busca limitar las “afiliaciones truchas” (exige fotocopia de DNI y hace pública la información de los padrones de afiliados).

Además, la Reforma Política establece lo siguiente:
- Ética política: impide ser precandidato a miembros de empresas concesionarias del Estado o a aquellas personas que violaron derechos humanos o que cometieron crímenes de lesa humanidad.
- Incluye la figura de los Parlamentarios del Mercosur.

Tal cual adelantamos, la Reforma Política intenta que el poder político quede en manos de la democracia y la soberanía popular y no en las corporaciones.


(1) Juan Perón (1968), La Hora de los pueblos, Ed. Norte, Madrid. P 14

jueves, 11 de agosto de 2011

¿Nacionalismo Popular o neoliberalismo en educación superior?

Aritz Recalde y Federico Demiryi (Movimiento Universitario Evita)
Agosto de 2011

El enfrentamiento actual de los estudiantes chilenos contra el modelo educativo neoliberal, es una muestra más de de las inmensas deudas vigentes de nuestras democracias latinoamericanas. El modelo de desarrollo liberal dependiente aplicado en gran parte de los Estados, encontró un denominador común y fue la promoción de un programa cultural neocolonial. En este cuadro, la educación superior tiene una función fundamental y es la de reproducir los valores dependientes de la elite que comanda el modelo de subdesarrollo estructural que está caracterizado por la fuga de recursos al extranjero y por la promoción de la extrema desigualdad social. El neoliberalismo cultural promueve que los sudamericanos hablemos en castellano, pero que pensemos en inglés.
La educación superior y a partir de acá, es elitista en un doble sentido. Primero, ya que es un instrumento de distinción social y político que impide a los sectores populares ingresar al conocimiento y a muchos lugares de poder. Con dicha finalidad, se incluyen aranceles y cursos de ingreso y se privatiza la educación. Esto se produce en el marco de modelos económicos con alto nivel de desempleo e inestabilidad laboral, cuestión que dificulta aún más, la entrada a la universidad. Asimismo, la educación superior es elitista en la medida que promueve un patrón de desarrollo agrario, con bajos niveles de demanda de mano de obra calificada: al liberalismo le sobran trabajadores y no necesita universitarios.
La contracara del modelo de desarrollo liberal, es el nacionalismo popular. Un ejemplo de dicho patrón de desarrollo, es el programa de gobierno del peronismo. Por intermedio de dos Planes Quinquenales se industrializó la Argentina y el país llegó a construir autos o aviones y se promovieron ramas de la siderurgia. La independencia económica le dio al país la soberanía política, que le permitió recuperar los principales resortes del poder nacional. En este cuadro, la Argentina pudo promover la soberanía científica, tecnológica y cultural. El programa industrial generó las condiciones para el pleno empleo y para la demanda calificada de recursos humanos. La masificación de la educación superior en este marco, era una cuestión estratégica para alcanzar la soberanía cultural. A partir de acá, Perón declaró la gratuidad de la universidad el 22 de noviembre de 1949 y derogó los exámenes de ingreso de todas las universidades nacionales. Asimismo, inició las carreras estratégicas como ingeniería del petróleo o las disciplinas industriales de la Universidad Obrera Nacional (hoy UTN). Con esta finalidad, Perón promovió un extenso plan de obras públicas y de infraestructura universitaria en diversos puntos del país. Además y cuestión fundamental, el nacionalismo popular definió a la educación superior como un instrumento de acenso e igualación social. Los hijos de los trabajadores ingresaron a la universidad y escalaron posiciones, alcanzando lugares de poder que tradicionalmente estaban en manos de la elite. En este marco, el trabajador fue un objeto de las políticas públicas y la educación estatal incluyó los horarios nocturnos o las prácticas de taller, acercando el conocimiento a las condiciones de vida y de trabajo de los humildes.
No es una casualidad histórica, que el gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner esté reindustrializando el país y promoviendo la mayor inversión en educación superior de las última décadas. La apertura de 9 universidades, el desarrollo del programa de infraestructura universitaria, la justicia social para los docentes y trabajadores, la entrega de 50 mil becas para estudiantes de grado o la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, son algunas de sus manifestaciones. La gestión de gobierno actual, es una muestra que dentro de un modelo nacional, popular y latinoamericano, puede haber educación para todos y todas. La profundización del modelo nacional y popular en el plano de la educación superior, implica sumar a la estratégica inversión efectuada, una discusión acerca de cuál es el mejor camino para que las universidades acompañen y contribuyan al desarrollo nacional.
En este marco, consideramos, que la solución al conflicto de la educación chilena puede encontrar muchas respuestas en el peronismo. El proyecto nacional y popular en educación superior, es antagónico liberalismo heredado de la dictadura de Pinochet y que está siendo profundizado por el empresario Piñeira. La crisis actual del país trasandino demuestra además, las limitaciones de las reformas educativas aplicadas en las presidencias de la Concertación. Frente al neoliberalismo educativo que profundiza las desigualdades sociales, la experiencia peronista plantea la integración de los trabajadores y las organizaciones libres del pueblo como su eje principal de las políticas públicas. Contra el europeísmo intelectual, el nacionalismo popular ofrece la integración cultural latinoamericana. En este cuadro, la UNASUR y las diversas experiencias de integración de los pueblos, pueden ser un límite al modelo neoliberal que sigue ofreciendo recetas de ajuste y privatización para la educación.
A los universitarios nos corresponde el desafío de contribuir a la conformación de un Consenso del Sur que y continuando la tradición nacional y popular, promueva el acceso a una educación superior gratuita que sea capaz de oficiar como un instrumento para la igualdad social y para la búsqueda de la soberanía cultural de nuestros pueblos.