sábado, 29 de marzo de 2008

La Universidad y las Retenciones

“Los mismos de siempre”:
algunos comentarios a las retenciones a las exportaciones

Sebastián Tapia, Secretaria General de la FUA
Aritz Recalde, Sociólogo y docente de la UNLP


En los últimos días el gobierno nacional anunció un aumento de las retenciones a la exportación de la soja en 9,1 puntos, que sumado al incremento implementado a la exportación de girasol en 7,1 y a la reducción del 0,8 y 0,9 puntos el derecho correspondiente al maíz y el trigo respectivamente, completan un paquete de medidas que son impulsadas para frenar los aumentos de algunos alimentos y promover cultivos considerados prioritarios. Contra las acciones de gobierno “los mismos de siempre”, los SRA o CARBAP, lanzaron sus furibundas acusaciones, demandas y reclamos contra este paquete de medidas. Sobre estas cuestiones, tanto el anuncio de la medida como la reacción de algunos sectores, vamos a hacer un breve comentario.

Como punto de partida, consideramos oportuno traer a consideración el precepto repetido por Perón de que “la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo” y que la “propiedad privada tiene una función social”. A partir de aquí, es que es bueno reflexionar que el precio de los productos de la canasta básica que consumen los argentinos no es un debate meramente técnico entre los productores y el Estado, sino que y por el contrario, es profundamente social e involucra a la nación en su conjunto. El aumento considerable de los precios de los productos agrícolas en los mercados de exportación, es una variable internacional que el gobierno no puede modificar y que se traduce en un achicamiento de los saldos de producción vertidos al mercado interno y en una suba de los precios para las familias argentinas. A diferencia del mercado internacional, el Estado si puede adquirir una importante injerencia sobre el desenvolvimiento del mercado nacional. Sobre este complejo cuadro, el Estado no solo puede, sino que “debe” intervenir priorizando el sentido social de la propiedad y permitiendo el desarrollo de la ganancia de los productores, pero conciliando a la vez, la posibilidad del consumo de alimentos del conjunto de los trabajadores. La acción diaria de los productores agrícolas se inserta como un eslabón más en la cadena de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo del país y su desenvolvimiento debe acompañar el desarrollo nacional, le guste o no, a los productores del campo.
Las mayores retenciones de soja intentaron aumentar la producción de maíz y de trigo ya que y entre otras cuestiones, el primero es de suma importancia tanto para el consumo de los argentinos, como para la producción ganadera (carne, leche y derivados). Conjuntamente al aceite y la harina, estos frutos del país forman parte de los productos “conflictivos” y sobre los cuales se están estudiando implementar las retenciones móviles. En este marco, el debate “técnico” entre el Estado y las organizaciones del campo, debe subsumirse al problema social y político que implican los aumentos sobre las familias y la cadena de valor y la competitividad del país.
Además y completando lo dicho, es importante remarcar que las retenciones son un mecanismo recaudatorio legal y legítimo que tiene el Estado para redistribuir la riqueza del país y para garantizar el desarrollo pleno y sustentable. Desde la devaluación el país inició un proceso de reconstrucción industrial que necesita de crédito, de tecnología, de infraestructura en rutas o trenes, de educación y salud para los trabajadores que tienen que tener una canasta básica alimentaría accesible y popular: la recaudación de las retenciones tienen que apuntalar estas cuestiones. El Estado y para garantizar la existencia y grandeza nacional, debe armonizar el funcionamiento del conjunto de actores del país, sean provenientes de la producción o el trabajo y del Campo o la industria y limitando si es necesario, la obtención de rentas de privilegio de algún grupo en función del bien común. De más esta decir, que el campo se vio beneficiado por el tipo de cambio que implica un costo al país y lo mismo ocurre con los subsidios a los combustibles o los gatos en la construcción de rutas, en los hospitales a los cuales se dirigen sus trabajadores, en el acceso la educación gratuita en todos los niveles, en la inversión en seguridad, en el acceso a la tecnología o en la asistencia técnica de las agencias de investigación públicas (INTA, INTI, etc.), etc. El campo genera un “costo” al Estado y no solamente y como reclaman los productores, son “expropiados con impuestos injustos”. Asimismo y pese a las retenciones, el campo goza de una alta rentabilidad no solo de la producción, sino además, que han aumentado los precios de la tierra y los arrendamientos. No desconocemos las diferencias que pueden existir entre los reclamos de las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina o la Federación Agraria Argentina o entre las demandas de los pequeños y grandes productores o entre los productores nacionales y los extranjeros, pero y pese a eso y aunque las medidas pueden mejorarse, vemos positivamente el aumento de las retenciones.
Dejando de lado el debate circunstancial por las medidas de las retenciones, estamos seguros que aun queda vigente discutir un programa nacional que establezca los derechos y los deberes de las partes “trabajo, producción, comercialización y Estado”, en el mediano y largo plazo. La formación de “retenciones móviles” por cuatro años intenta dar continuidad a la política: es positivo avanzar en ese camino, pero lejos esta de ser la solución que demanda el país. En la Argentina y en los temas del campo y la producción, hay problemas de fondo que tienen que discutirse y planificarse.
El Estado y entre los temas que le incumbe enfrentar, debe determinar los costos de producción y los modos de distribución de la ganancia con el objetivo de promover un reparto equitativo entre terratenientes y arrendatarios o entre productores y trabajadores. En este sentido, es bueno recordar la sanción del “Estatuto del peón del campo y el tambero mediero”, la fijación por ley del “precio de los arrendamientos” o las “suspensiones de juicios por desalojo” implementadas en la década de 1940. El campo debe discutir seriamente y no solo con el Estado, quién se “apropia” de la renta y el fruto del trabajo entre los distintos actores que forman la cadena de producción: está profundamente vigente la necesidad de revertir dichas asimetrías dentro de toda la cadena. Asimismo, es importante direccionar en el mediano plazo y como parte de un Programa nacional, una distribución sustentable entre los distintos cultivos y actividades agrícolas y ganaderas.
Otra cuestión que hay que discutir profundamente y con conciencia nacional, es el alarmante proceso de concentración y extranjerizaciòn de las actividades de la tenencia de la tierra, la fabricación de semillas, de tecnología y de patentes o de la producción y la comercialización de las actividades agropecuarias. Nuevamente, podemos regresar un poco en la historia y rediscutir los alcances y la actualidad de los intentos de recuperar la soberanía nacional en temas de comercialización, apropiación y redistribución de los excedentes desarrollados por el Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) en las décadas del cuarenta y el cincuenta. Asimismo, es bueno rediscutir el rol de lo que fue la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes. El productor nacional o el pequeño, se ven desfavorecidos por los grandes acopiadores y comercializadores, muchos de ellos extranjeros, y esto debe discutirse atendiendo la soberanía y el desarrollo del país.
Otra cuestión crítica tiene que ver con la tendencia al despoblamiento del campo y las pequeñas comunidades, cuestión que debe ser atendida promoviendo la radicación de familias y de los jóvenes estudiantes en el interior, conjuntamente a la formación de cooperativas.

En el tema universitario que nos involucra directamente es importante rediscutir los perfiles y el tipo de las investigaciones de las carreras ligadas a la producción, atendiendo las demandas de las organizaciones del campo nacionales y en particular, del sector público y del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. El objetivo debe ser el fomento del desarrollo de una ciencia y una tecnología nacional que permita reducir los egresos financieros del país en carácter de pagos de patentes, de regalías, de profesionales extranjeros, de costos de insumos importados, reduciendo la exportación de profesionales. Asimismo, vamos a seguir sosteniendo la necesidad de articular la universidad con el país y el campo desde la implementación de Secretarias Económicos Sociales y desde la formulación de un Servicio Social obligatorio que fomente la radicación de profesionales en las comunidades agrícolas.

Las organizaciones del campo y previo abandono del enfrentamiento directo al gobierno, podrían sugerir al Estado una inversión en infraestructura y en servicios para sus sectores y beneficiosas, además, para el conjunto país. El Estado debe canalizar el ahorro de las retenciones en el desarrollo nacional, evitando el consumo superfluo propio de estos sectores caracterizados por su incapacidad histórica de reinvertir las ganancias en la industrialización de sus manufacturas. Distribuir los ingresos fruto de la renta diferencial del suelo, dar la cobertura necesaria para las zonas marginales, impulsar la presencia de la producción argentina en el mercado mundial, otorgar créditos, promover la tecnología nacional, apuntalar una colonización en el territorio federal, frenar la extranjerización de la tierra y el comercio, garantizar el abastecimiento interno, sostener la política cambiaria y regular los precios, articular la industria y el campo en un proyecto conjunto, favorecer a los medianos y pequeños productores nacionales y fortalecer la acción del Banco de la Nación Argentina, son alguna de las actividades a las cuales el Estado no puede renunciar.

Hay que asumir a conciencia que el debate del campo actual “excede” a las retenciones y que es importante que lo asumamos por el bien del país y no solamente, para obtener mayores beneficios de algunos sectores de la comunidad argentina. Como dirigentes universitarios que bregamos por el desarrollo nacional sustentable y por una justa distribución del ingreso, acompañamos al gobierno nacional en esta decisión, y fundamentamos nuestra posición como parte de una corriente de estudiantes y profesionales universitarios con conciencia nacional.

martes, 25 de marzo de 2008

Análisis del Proyecto de Constitución de Bolivia

LA MARCHA DE BOLIVIA HACIA LA SEGUNDA INDEPENDENCIA
Análisis del Proyecto de Constitución de Bolivia
Aritz Recalde
Febrero de 2007

INTRODUCCIÓN

“Bolivia es, y será para siempre, independiente de toda dominación extranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona, ni familia.” Artículo 2 de la C. N. del año 1826, Proyecto remitido por Simón Bolívar[1]

“Nosotros hemos aprendido a definir a las naciones dominantes como las progenitoras de la criatura colonial. Y a esa criatura la hemos asesinado sin ceremonias en la lucidez de nuestra conciencia histórica plegándonos a la lucha revolucionaria de las masas argentinas e iberoamericanas.” Juan José Hernández Arregui[2]

Para que un reloj de arena comience a andar y derrame la marcha del tiempo, primero, hay que darlo vuelta. La política y los relojes de arena se parecen: en la actualidad, las organizaciones libres del pueblo boliviano están “invirtiendo” las históricas relaciones políticas de opresión para que comience a fluir una nueva época en esta sufrida, pero siempre en pie, nación latinoamericana. El pueblo boliviano recorre un tránsito tumultuoso, contradictorio, muchas veces violento, pero trascendentemente necesario para iniciar las reformas estructurales de su gobierno y de su Estado que próximamente, será un Estado nacional, plural, independiente y definitivamente liberado. El pueblo de Bolivia se subleva, camina, tropieza, pero no cesa su marcha y bajo los millones de pies cubiertos de polvo, se escribe un nuevo capítulo en la historia de América Latina y de las naciones del Tercermundo en el camino de consumación de su verdadera y definitiva independencia.
Esta epopeya de los pueblos del sur tiene un líder y su nombre es repetido entre los mares de hombres que inundaron las calles bajo el sol hijo de la madre tierra, en las marchas indígenas para recuperar los hidrocarburos o en las guerras del agua: ese hombre se llama Evo Morales, encarnación viva y profunda de las generaciones de mártires caídos en las interminables luchas de liberación nacional y social latinoamericanas. Morales no es estrictamente un hombre, sino que es la síntesis histórica de un momento, es su pueblo hecho hombre, nervio vital de la revolución, único e irrepetible, pero a su vez, semilla germinada del surco y la azada en las manos y la acción de cada uno de los bolivianos encolumnados bajo la causa libertaria de los condenados de la tierra. Estos hombres- semillas, son sembrados y regados en las calles y los comités a través de los sueños y las luchas de populares a lo largo y ancho de la profunda América Latina. Las semillas germinan, crecen, echan raíces y muchas veces mueren sin llegar a florecer, pero incesantemente y pese a desaparecer antes de dar frutos, son fuentes de vida que nacen y renacen en nuestro inmenso continente sudamericano. Estas semillas, pequeños brotes de los intentos revolucionarios, tienen distintos nombres pero un mismo objetivo: liberar a Latinoamérica de la sombra mortal de los imperios y sus agentes locales. Morales, Correa, Chávez, Castro, Perón, Cárdenas, Villarroel, Vargas, Torres, Allende o Velasco Alvarado, cada uno durante los siglos XX o XXI, germinaron y dieron vida a los intentos de desarrollar la segunda y definitiva independencia latinoamericana.
De su mano, la mano cálida y profundamente indígena de Evo Morales, de ese hombre, reflejo de las luchas de su pueblo, está despertando el sueño de construir un Estado que enarbole la bandera y los programas de las naciones y los pueblos originarios. El despotismo liberal impuesto en forma violenta por varias generaciones de gobernantes sobre la mayoría de las comunidades de la tierra que alguna vez caminó Sucre junto a Bolívar, tiembla ante el ascenso de las organizaciones libres del pueblo que le exigen su derecho a la autodeterminación y al reconocimiento cultural, social, económico y político. Atrás va quedando el ciudadano universal del liberalismo clásico o el “sujeto consumidor” impuesto por el neoconservadurismo neoliberal y la dictadura ilustrada como “supuesto único camino al desarrollo bajo el telón del fin de la historia.” Cansados de ver la misma y desoladora obra neoliberal tras el telón de los ojos del imperio, los latinoamericanos prenden fuego el teatro neoconservador del supuesto fin de la historia e interpretan y montan su propia función.
Morales, Álvaro García Linera y el pueblo boliviano, están iniciando una larga marcha y tras de si, cuelgan una pesada mochila en sus espaldas cargada del sin fin de batallas de sus antecesores, que han caminado bajo un perpetuo cielo de ilusiones, a veces nublado, tomentoso o turbio, pero finalmente e irrevocablemente, despejado y luminoso. En esta mochila que no es ni más ni menos que la historia de su pueblo en el tránsito hacia la formación de la conciencia nacional, llevan grabada la imagen del derramamiento de interminables torrentes de sangre tras la espada y el fusil de las minorías ligadas a las metrópolis. Los bolivianos padecen el programa del imperio que establece que pese a que sus habitantes forman parte de un país profundamente rico en recursos naturales, la mayoría de ellos han sido histórica y tremendamente pobres. Las organizaciones libres del pueblo hoy reconstruyen con su hacer diario la conciencia histórica de los desarrapados de la tierra. A estos hombres y mujeres que se levantan, aún les duele en su memoria el saqueo del oro, la plata o el estaño extirpado y trasladado al exterior durante siglos. El país ha perdido la cuenta de los kilómetros de excavaciones y aperturas del suelo que ha realizado con las manos y el trabajo de generaciones de bolivianos, muchos de ellos sepultados en los oscuros túneles con los pulmones pútridos a consecuencia de respirar el veneno de las profundidades de la madre tierra. En las minas, similares a cementerios y tumbas para la juventud de un pueblo laborioso, coexisten dos procesos extremadamente disímiles: por un lado y mientras las procesiones de familiares clavaban las cruces de madera y acarreaban los cajones de los trabajadores muertos bajo los desmembramientos de piedra o las enfermedades de las minas, otros brazos, generalmente nacidos o educados en las metrópolis, acarreaban el producto mineral del suelo hacia el extranjero que lo consumía elevando su nivel de vida. Sobre el producto del sudor y la sangre del sur americano, se construyeron ciudades enteras en los países metropolitanos que nos legaron como saldo de nuestro esfuerzo, los estados raquíticos y endeudados del Tercermundo. La violencia derramada tras la sed de oro, plata, el estaño o el petróleo, aún le duele a Bolivia, presa de la acción de los imperios que promovieron las dos guerras que desangraron el país en el siglo XX. Detrás de los soldados de las hermanas naciones de Paraguay y Bolivia que morían enfrentados, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Shell holandesa escribían los marcos legales para repartirse el Chaco y sus reservorios de petróleo. Entre las venas abiertas aún sigue drenando aquella sangre resultante de la Guerra del Pacifico, esto es, de la batalla del salitre y del guano, que finalmente tras la mutilación territorial de Perú y Bolivia, dejó en las manos de las empresas inglesas radicadas en Chile la función de hacer de esta nación una factoría exportadora británica.[3] Hoy, el pueblo boliviano ha identificado a su verdadero enemigo: la política del imperio y sus agentes locales, la oligarquía boliviana.
Contra esta escandalosa caravana de riquezas que históricamente viajó hacia las arcas de las potencias europeas o norteamericanas en estrecha complicidad con las oligarquías locales, se levantó Bolivia. Al defender la nacionalización de los hidrocarburos en las “guerras del gas”[4] y al movilizarse en el referéndum del 2004[5]; al redistribuir el producto por ellos generado en áreas de educación o salud[6]; al impulsar la reforma agraria enfrentando, por ejemplo, a un centenar de familias que tiene en sus manos 25 millones de hectáreas de tierra en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando o sea, cinco veces más que los dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas[7]; al iniciar una nueva nacionalización de la minería[8] recuperando las competencias de la estatal COMIBOL; al implementar con parte de la renta de los hidrocarburos un subsidio para jubilados denominado “renta Dignidad”; al apoyar los acuerdos de integración con Cuba, Venezuela, Irán, Paraguay o Brasil; al ingresar y promover la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); al encarar la lucha contra el analfabetismo; al anunciar que se recuperará la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) privatizada en los años ´90; al impulsar la reforma de la ley de electricidad favoreciendo la recuperación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) privatizada en la misma década; al financiar y promover la acción de los pequeños productores agrícolas; al desarrollar las guerras del agua o en la defensa del precio del gas, el pueblo de Bolivia se despierta del letargo y ejerce su derecho irrenunciable a ser dueño de su destino.
En este cuadro, los imperios y las oligarquías, son los eslabones que unen y mantienen la cadena de la dependencia neocolonial y son estos mismos, sean españoles, ingleses o norteamericanos, los que han negado a lo largo de la historia del continente sudamericano, el derecho a la existencia de sus comunidades y pueblos. Sin entender la cuestión de la DEPENDENCIA, tanto en lo que respecta a la historia de expoliación del país, como asimismo, al profundo sentimiento genuinamente revolucionario y de refundación nacional que está atravesando el país, poco se comprenderá respecto al proyecto de Constitución que vamos a comentar a lo largo de este escrito. En este sentido, es importante recordar que a los Estados que son económica y políticamente dependientes, les corresponde una arquitectura jurídica neocolonial cuya función es perpetuar el modelo institucional de un país en el cual trabajan los nativos y usufructúan los extranjeros. En las naciones a medio camino o incompletas propias del sur de América, los pies que hacen andar la producción son latinoamericanos y los estómagos y los bolsillos que consumen el resultado del trabajo, son en gran parte, extranjeros. En muchos casos, fruto de la imposición de una cultura neocolonial, los profesionales de las clases medias latinoamericanos obnubilados por la cultura del imperio reproducida en universidades, escuelas, diarios, viajes al extranjero o subsidios, han copiado las constituciones, refrendando los textos europeos o norteamericanos y desconociendo las tradiciones propias de nuestra América, tanto previas, como posteriores a la ocupación Española. En este sentido, es importante recordar que una condición imprescindible para sostener un programa de gobierno dependiente que reposa en una desigual división internacional del trabajo, tiene que estar dada por la formación de un grupo social en los Estados de la periferia abocado a la organización técnica e institucional para reproducir esta relación neocolonial: los abogados, jueces y profesionales educados en las universidades nacionales y las fundaciones extranjeras, cumplen, generalmente este rol a lo largo de la historia intelectual dependiente de nuestros países.
A través de estas páginas glosaremos críticamente la propuesta de reforma constitucional que promueve el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera.[9] El gobierno revolucionario, más allá del desafío que implica triunfar en el referéndum que terminará de validar el proyecto de la nueva Constitución, encuentra grandes impedimentos que deberán ser superados. Actualmente, los peligros y los adversarios internos y externos de la revolución están lanzados a la oposición frontal al gobierno. Con este objetivo, la oligarquía y los enemigos externos, particularmente Norteamérica, desarrollan una vasta campaña de terrorismo mediático y político, apoyando las consignas separatistas de algunos Departamentos y convocando a los sabotajes económicos. La oligarquía gamonal a través de su aparato cultural y político, ha sido protagonista de una extraordinaria campaña contra la actual reforma de la Constitución, que finalmente y por mayoría legítima, fue aprobada en la Asamblea y avanza hacia el referendo.
En el marco de este enfrentamiento electoral y político que tiene una raíz profundamente histórica, el eco del pasado y las luchas indígenas que ayer parecían sólo un susurro, en la actualidad se están haciendo hombre y organización política en Bolivia. Tupac Amaru, Tupac Katari, Juana Azurduy, Petion, Sucre, Santa Cruz, San Martín, Bolívar y cada uno de los cientos de morenos, pardos, criollos o indígenas que combatieron contra los imperios poniendo su vida y no meramente su nombre en la historia escrita, brotan en la sangre del pueblo boliviano que recorre la tinta del proyecto de Constitución. La liberación y el derecho a la autodeterminación de las comunidades originarias, son una especie de ancho mar para Bolivia y es ese el rumbo hacia donde marchan las organizaciones libres del pueblo. Contra el modelo autoritario y despótico del Estado neocolonial difundido como un cáncer sobre las mentes del hombre americano a través de los medios de desinformación de masas, el artículo 1º del proyecto de la nueva Constitución establece que Bolivia se constituye en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Su condición de “Plurinacional Comunitario” implica tal cual lo expresa el artículo 2º, “la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.”
El intento de cimentar un Estado sobre “principios ético-morales de la sociedad plural” o de “constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”, forma parte de los objetivos del nuevo Estado expresados en su texto constitucional. En este cuadro, creemos, la madre tierra, tarde o temprano, dará abrigo a sus hijos en el marco de un Estado que será una nación plural y participativa.
Creemos que una manera de acompañar el proceso boliviano es difundiendo sin las anteojeras de la tiranía comunicacional del imperio, los anhelos y programas de la actual revolución boliviana y su proyecto. El objetivo de este escrito tiene que ver con el intento de transmitir en forma clara y sistematizada para el lector no especializado en cuestiones constitucionales, los principales aspectos del proyecto de Constitución de Bolivia. Por consiguiente, no en las definiciones o apreciaciones conceptuales sobre el tema del constitucionalismo en Latinoamérica ya que ya lo hemos desarrollado en otros trabajos relacionados con este.[10] Atendiendo a lo dicho, nos interesa meramente traer a consideración un concepto del constitucionalista argentino Arturo Enrique Sampay, mentor de la Constitución del año 1949.[11] Sampay al analizar la carta magna, establece una distinción entre la “Constitución escrita”, la “Constitución Real” y la “Constitución Justa”. La primera, establece “en un acta legislativa solemne, las instituciones destinadas a que perdure y se desenvuelva la Constitución real”. Para saber cual es la “Constitución Real”: “corresponde averiguar, en primera instancia, qué sector social predomina en la actualidad y con que finalidad lo hace, y en segundo lugar, qué sector social lucha por conseguir el predominio y qué ideal e inclinación vital los lleva a buscarlo”. En definitiva, el texto constitucional expresa un esquema de distribución del poder social a través del establecimiento de fines y medios institucionales para alcanzarlo. Ahora bien, como indica Sampay, detrás del texto existe una lucha por el poder entre distintos sectores sociales. El autor además y como adelantamos, introduce la noción de “Constitución Justa” entendida como “la institucionalización del predominio del sector de la población históricamente eficiente para ordenar la actividad social y los recursos sociales con vistas a lograr que todos y cada uno de los miembros de la comunidad tengan lo necesario para desarrollarse plena e integralmente”. Adecuando las categorías del autor al estudio de la Constitución boliviana, creemos que el mismo expresa las tres definiciones mencionadas: el proyecto “escrito” traduce el ascenso de las organizaciones libres del pueblo, legítimas expresiones de la “Constitución Real” fruto de la lucha por el poder del pueblo boliviano, claramente visible en su protagonismo en la última década incluyendo su triunfo electoral. Pero además y como cuestión de suma importancia histórica para ese país y para el conjunto de Latinoamérica, el texto es una “Constitución Justa” ya que plantea la única oportunidad de Bolivia para consolidar la unidad de la nación en el marco de la pluralidad étnica y cultural del país. El programa político enarbolado por Evo Morales tiene un claro contenido de unidad y de integración nacional, a diferencia de la tiranía liberal ejercida por décadas sobre las espaldas de la mayoría popular silenciada.
El tema central que nos interesa rescatar y desarrollaremos particularmente a lo largo del trabajo, tiene que ver con el primer capítulo denominado “Derechos a la autodeterminación indígena” a través del cual, intentaremos mostrar al lector algunos de los mecanismos que está promulgando la revolución boliviana para consagrar el derecho genuino e impostergable a la participación de los pueblos originarios en el gobierno del país. Entonces, mencionaremos particularmente los aspectos concernientes al derecho a la Identidad de las comunidades y a la aparición en el texto constitucional de diversos instrumentos de participación política de suma trascendencia histórica para los pueblos del sur americano. En el primer capítulo analizaremos cuáles son los instrumentos institucionales que establecen el derecho de las comunidades a la explotación de los recursos naturales. Este apartado termina con una mención al articulado referente al derecho al trabajo.
El segundo capítulo se denomina “Defensa del patrimonio nacional y público”, que nos permitirá gozar de una idea certera del contenido nacionalista y antiimperialista de la revolución boliviana actual y de su intento de institucionalizarla en el proyecto constitucional. Nos referiremos particularmente a las cláusulas que limitan la ingerencia extranjera en los asuntos nacionales y a los instrumentos y políticas de Estado para la defensa de la Infraestructura estatal, de los servicios de salud y de la cultura del país. Este punto culmina con una mención al proyecto constitucional en lo concerniente a la histórica reivindicación marítima del pueblo boliviano y con una mención particular a la tentativa de hacer un uso soberano y sustentable de los recursos naturales del país.
El capítulo tres versará en torno a algunas de las transformaciones más importantes del sistema político de Bolivia, distinguiendo las propuestas de ampliación del concepto de “democracia”. Por último, mencionaremos los nuevos derechos establecidos en el proyecto que instituyen toda una gama de derechos de cumplimiento obligatorio para los habitantes de Bolivia.
El capítulo cuarto menciona brevemente las cuestiones del proyecto constitucional referentes al esquema propuesto para la integración geopolítica de Bolivia que introduce el nuevo texto, comentando particularmente, la perspectiva latinoamericana.
El capítulo quinto y último, denominado “Organización del Estado para el desarrollo nacional”, se relaciona estrechamente con el segundo capítulo ya que indaga en los mecanismos institucionales que desarrollará el Estado para avanzar en la revolución. En este punto serán abordadas las cuestiones referentes al tipo de organización económica y al rol de Estado propuestas en el proyecto. El capítulo se cierra con una mención del texto constitucional sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional.El trabajo culminará con una breve conclusión que esperamos, sea relevante para el lector interesado en la liberación de los pueblos del Tercermundo.

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[1] Fuente: http://www.cervantesvirtual.com
[2] Hernández Arregui, Juan José, Nacionalismo y Liberación, Peña Lillo, Ediciones Continente, 2004, p. 170.
[3] Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974, p. 218.
[4] En el año 1937 David Toro rescinde las concesiones petroleras de la Standard Oil Co. que serán asumidas por YPFB al mando de Germán Busch, líder militar de la guerra del Chaco. El Gral. Alfredo Ovando Candia hará lo mismo con la Gulf Oil en el año 1969. El derrocamiento del Gral. nacionalista Juan José Torres en el año 1971 habilitó la desnacionalización del recurso natural, cuestión que viene a reparar la actual nacionalización.
[5] Una cifra superior al 80 % de los bolivianos apoyó la nacionalización que fue posteriormente implementada con el “Decreto Supremo 28.701 de nacionalización de los Hidrocarburos”.
[6] Por ejemplo, la ley Nº 3038/05 establece en su Artículo 1º que: “Se dispone la transferencia del 20% de los recursos económicos provenientes del 45% de las regalías hidrocarburíferas de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en favor de la Educación y Salud, dentro de la alícuota parte que le corresponde por las regalías hidrocarburíferas a la Primera, Segunda y Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco”. Asimismo, el decreto Nº 28.421 modifica el artículo 8 del decreto nº 22.223 y establece entre otros temas, que el 6, 2% del monto de los fondos de hidrocarburos transferidos deben destinarse a la universidad.
[7]Fuete: http://www.presidencia.gov.bo/
[8] El año 1952 es el de de la nacionalización de la minería que será nuevamente privatizada en la década de 1980.
[9] El texto de la Constitución fue aprobado en grande, detalle y revisión por la Asamblea Constituyente. El paso siguiente, previo a su sanción definitiva, implica su aprobación por el pueblo boliviano a través de un referendo.
[10] Recalde, Aritz, “Constitucionalismo social y liberación nacional en Latinoamérica. Análisis sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Marzo 2007; “La Constitución Peronista de 1949. Génesis y caída”, Abril de 2007. Ver bibliografía.
[11] Sampay, Arturo Enrique, Constitución y Pueblo, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1974, pp. 102-103.