viernes, 29 de julio de 2016

El peronismo universitario frente a la aristocracia del dinero


Aritz Recalde, julio 2016

Publicado en “AFILADOS (MACHETES PARA EL COMBATE IDEOLÓGICO)” N°1

En Argentina el “gobierno real” está en manos del capital trasnacional y de sus aliados internos de la oligarquía. La dirigencia política que integra CAMBIEMOS (UCR, Coalición Cívica y PRO) integran el “gobierno formal”, en el contexto de un modelo de desarrollo donde las principales figuras son los representantes de las corporaciones y de los gobiernos extranjeros. CAMBIEMOS está en el gobierno y la aristocracia del dinero maneja el poder.
De manera similar a los proyectos de país iniciados en 1955 y 1976, el poder económico concentrado está aplicando una revancha de clase. El conjunto de los argentinos destinan buena parte del producto de su trabajo, a financiar la inmensa ganancia de tres sectores:
-          Capital financiero especulador internacional.
-          Grandes terratenientes y exportadores agrícolas.
-          Empresas oligopólicas de servicios e importadores de manufactura extranjera.

En el mediano y largo plazo, la Argentina abandonará el proceso de sustitución de importaciones iniciado en el año 2003, para consolidarse como una plaza financiera y un país meramente agrario. La pequeña y mediana estructura industrial existente está en riesgo de desaparecer, como resultado de las importaciones, del deterioro de la capacidad de consumo popular y de los excesivos costos de los servicios públicos o las materias primas. El contexto regional no es favorable para la economía nacional ya que Brasil, principal aliado comercial del país, está en recesión cuestión que genera inconvenientes para colocar nuestras exportaciones.
Argentina retoma a paso firme su perfil económico financiero y agroexportador impulsado por Martínez de Hoz en el año 1976 y que está caracterizado por la concentración y extranjerización de la propiedad, la desindustrialización y la pérdida de los derechos sociales de los trabajadores. 

La articulación política antinacional
La estrategia de construcción política de los grupos económicos y sus gestores de gobierno, se organiza a partir del apoyo:
a- Mediático: el DNU 267/15 derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y le permitió al Grupo Clarín no aplicar la cláusula antimonopolio. El DNU les renovó las licencias a los grandes medios de comunicación, permite la concentración de los cable operadores y favorece la extranjerización del sistema. A nivel regional, la política del gobierno tiene apoyo en la prensa norteamericana (CNN) y en sus satélites. El canal TELESUR directamente fue eliminado de la grilla de la TV Digital, en un proceso paulatino de silenciamiento y censura de los micrófonos opositores.   
b- Judicial y de los servicios de inteligencia. Representantes de ambos actores institucionales actúan de manera partidaria y arman y publicitan causas judiciales contra la oposición a CAMBIEMOS. La acción la realizan en acuerdo con los medios de comunicación concentrados que amplifican y teatralizan los casos. La veracidad o no de las denuncias carece de importancia y lo fundamental es la capacidad de daño mediático contra los imputados.
c- Político. Además de los partidos que integran CAMBIEMOS, el oficialismo dispone del apoyo de diversos bloques legislativos. El Frente Renovador de Sergio Massa designó dirigentes en diversas dependencias del Estado nacional, provincial y municipal. Un sector participacionista de la CGT acompaña al gobierno. En el plano internacional CAMBIEMOS busca que los EUA sean su principal aliado geopolítico y no es casualidad la llegada de Barack Obama a la Argentina y el impulso otorgado por la Canciller argentina a la Alianza Pacifico. Impulsan relaciones comerciales con China y Europa con la finalidad de colocar las exportaciones de materias primas y recibir inversiones y manufacturas.

CAMBIEMOS y la universidad
De manera similar al año 1955, la derecha liberal le entregó la política universitaria a la UCR y a otros aliados como es el caso del Frente Progresista de Stolbizer, que controla la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Política Universitaria. En el año 1955 el reformismo UCR disputó con sus aliados de la iglesia la gestión académica, cuestión que actualmente hacen con el núcleo neoliberal del PRO. La discusión dentro del espacio CAMBIEMOS se dio públicamente al momento de designar el Secretario de Política Universitaria y la UCR tuvo que presionar para que no nombren al productor televisivo Juan Cruz Ávila.
Como resultado de la destrucción paulatina de la economía argentina, los universitarios están perdiendo empleos y bajando su capacidad de consumo y ello tensiona la relación de la UCR con los académicos, de manera similar a lo ocurrido entre los años 1955 y 1966.  
Dentro de CAMBIEMOS el sector liberal vinculado a la universidad privada, considera a parte de las instituciones académicas como una “oposición política” e integrantes de la negativa “herencia kirchnerista”. Las declaraciones del Ministro de Educación de La Nación buscan instalar la categoría de “grieta” entre las instituciones, descalificando a todas aquellas universidades que no comparten su ideología. El reformismo UCR que dispone de trayectoria y de conocimiento del sistema universitario público, tiende a morigerar la posibilidad de un enfrentamiento masivo de las instituciones académicas con el gobierno. La eventualidad de un potencial conflicto quedó evidenciada en las manifestaciones estudiantiles por el boleto, en las huelgas docentes y no docentes y en la importante participación de los académicos en la movilización sindical del 29 de abril.

Tareas pendientes
Acción gremial universitaria. Por primera vez luego de un gobierno de 12 años de realizaciones, las universidades tienen problemas de financiamiento derivados de los aumentos de los servicios e insumos o de la demora en el giro de fondos para programas académicos o de infraestructura. La inflación desmedida achica considerablemente las posibilidades de una óptima gestión institucional y la universidad tiende a empobrecerse. Los docentes y el conjunto del personal de las Casas de Altos Estudios acordaron una paritaria que está por debajo de la inflación, iniciando un deterioro de los derechos sociales alcanzados en la última década. Los alumnos sufren la inflación de la canasta alimentaria, del transporte, de los apuntes y padecen la pérdida del empleo y el de sus familias. En base a ésta realidad, todos los miembros de la universidad van a tener que organizarse y trabajar para defender los derechos alcanzados y conseguir los que aún faltan. Nada debe evitar la necesaria consolidación de las organizaciones y federaciones de estudiantes y el fortalecimiento de los sindicatos docentes y nodocentes y de los frentes inter claustros. Los profesores deben concientizarse en que antes que científicos o académicos, son trabajadores y que si no se organizan van a perder todos sus derechos y los de sus familias. Los nodocentes tienen una organización sindical consolidada, una federación única integrada a la CGT (FATUN) y un Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Néstor Kirchner y por el cual consiguieron históricos derechos y una renovada conciencia social y política.    
La organización nacional. El peronismo universitario tiene que integrarse de manera solidaria y con humildad, a las estructuras políticas, sociales y sindicales del Movimiento Nacional. De nada sirve una universidad libre, en el marco de un país saqueado, subdesarrollado y dominado. Los problemas de la nación y del pueblo son los nuestros. La oposición a la aristocracia del dinero tiene que elaborarse con el conjunto de las organizaciones libres del pueblo y en particular con el movimiento obrero y los trabajadores, que son la columna fundamental del peronismo. En el caso de los docentes y nodocentes, sus federaciones se encuadran en la reunificada CGT y en la CTA. Diversas organizaciones universitarias están construyendo el Frente Ciudadano, otras forman parte del Partido Justicialista o integran numerosas expresiones sociales, políticas y culturales que deben fortalecerse. En algún momento y reconociendo las particularidades de cada uno y priorizando los puntos de encuentro políticos, todas estas experiencias deben unificarse.
Ciencia para la liberación. Los universitarios tenemos la responsabilidad de contribuir científica y tecnológicamente a resolver los problemas nacionales. Debemos nacionalizar las perspectivas y los objetivos de la actividad académica, revirtiendo el neocolonialismo de una educación meramente europeísta o norteamericana. Hay que estudiar los clásicos del pensamiento nacional y latinoamericano y sus desarrollos y derivaciones actuales. La conciencia nacional y latinoamericanista de los académicos, debe tender a consolidar planes de estudios y una oferta de carreras en función de la resolución de problemas productivos y sociales relevantes de cada región. Las investigaciones tienen que contribuir a la soberanía cultural, tecnológica y económica del país y a la unidad en la diversidad de Iberoamérica, reforzando nuestra historia, nuestro presente y futuro compartidos. En el plano de la transferencia del conocimiento, hay mucho por hacer y las universidades pueden contribuir al desenvolvimiento de las organizaciones populares y de las empresas de capital nacional y social. La función de cooperación adquiere diversas dimensiones. En las universidades con matricula de origen popular, el gran desafío es la contención y el egreso de los alumnos originarios de familias humildes sin trayectoria académica. A la visión tradicional de la extensión, el peronismo la remplazó por la “articulación política y sindical universitaria”. En ésta última concepción, los miembros de la academia se integran a las organizaciones libres del pueblo aplicando y adquiriendo saberes y prácticas. 

El año 2019 nos encontrará unidos o dominados y tal cual postuló Juan José Hernández Arregui, “el dilema es de hierro, o nación o factoría”.

 

  




domingo, 17 de julio de 2016

Las juventudes políticas: unidas o dominadas


Aritz Recalde, julio 2016
Revista triunfaremos Año 1°, N° 1

“El problema de la juventud, que encarna el futuro, está precisamente en la interpretación justa de la transformación, que le permita transitar por la historia con la clarividencia que estos momentos exigen a su acción (…) el problema que se plantea vuelve a lo mismo: la lucha de una minoría contumaz que quiere mantener sus privilegios, contra la mayoría popular que anhela los cambios indispensables a sus más apremiantes necesidades”. Juan Perón

Como postuló Juan Perón en el epígrafe, actualmente el gobierno nacional está en manos de representantes de pequeñas minorías ajenas al interés mayoritario de los trabajadores y de sus familias.

Los peronistas militamos por la grandeza nacional y por la felicidad del pueblo.
Para engrandecer a la patria, el Estado tiene que afianzar su poder nacional recuperando capacidad de decisión sobre la administración de nuestros recursos materiales y espirituales. CAMBIEMOS gobierna para enriquecer a las empresas de energía, cuando el peronismo lucha por conformar servicios públicos con interés social y colectivo. El Banco Central y el Ministerio de Economía de La Nación impulsan la mera especulación financiera y por el contrario, los peronistas trabajamos para que el ahorro nacional sea un instrumento de desarrollo industrial y productivo. CAMBIEMOS quiere una Argentina de especulación financiera, cuando nosotros consideramos que el país debe ser industrial y productivo y es por eso que impulsamos la protección arancelaria, defendemos el mercado de consumo popular y promovemos la ciencia y la tecnología nacional. Para el peronismo la propiedad privada tiene una función social y descreemos de la “teoría del derrame” que postula que los capitales extranjeros son el centro del modelo de desarrollo y que deben enriquecerse derrochando en el futuro supuesta prosperidad. Los peronistas estamos convencidos que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, a diferencia de los liberales que consideran al “capital extranjero” como principio y fin de su política.

Los peronistas militamos por la felicidad del pueblo.
CAMBIEMOS impulsa la acumulación de dinero de los CEOS y de los financistas extranjeros y le requiere al pueblo todos los sacrificios resultantes de un modelo de recesión económica e inflación acelerada. Ningún pueblo es feliz si no puede pagar los servicios con la única finalidad de enriquecer a un grupo pequeño de empresas. Ninguna familia se desarrolla plenamente si no puede comprar pan, carne o leche con la única finalidad de exportarla o de que los intermediarios tengan ganancias en dólares. Ningún sostén de familia puede tener dignidad, si perdió su empleo frente a la quiebra de las PYMES que es el resultado de la apertura de importaciones y de la recesión económica inducida por el gobierno.

Nada nuevo bajo el sol
CAMBIEMOS quiere separarnos de Iberoamérica, para someternos a los planes de EUA, el FMI o la finanza internacional. El Papá Francisco denunció el sistema de injusticia internacional actual, por considerar que se desenvuelve en un estado latente de “tercera guerra mundial”. El brasileño Moniz Bandeira definió la actitud geopolítica norteamericana como parte de una nueva “guerra fría”. Tomando distancia de estos programas de política exterior, el peronismo se afirma como un Movimiento humanista, de paz, antiimperialista y de profunda vocación latinoamericana.
Este modelo político, económico, social y geopolítico no es nuevo. Se implementó desde el año 1955, en 1976 y desde 1989 a 2003. La decisión de Mauricio Macri de delegar la gestión de gobierno al capital trasnacional no es innovadora y ya lo había hecho Juan Carlos Onganía con Krieger Vasena o Carlos Menem que le otorgó la cartera económica a Bunge Born y luego a Domingo Felipe Cavallo y la finanza internacional.
Frente a esta dura realidad, el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados ya que y como dijo Perón “los pueblos que no se deciden a luchar por su liberación merecen la esclavitud”. Durante estos seis primeros meses se produjeron multitudinarias movilizaciones sindicales, políticas, contra el tarifazo o estudiantiles, en toda la República Argentina.
En este contexto, adquiere suma trascendencia histórica la necesidad de consolidar la unidad de todas las organizaciones libres del pueblo, sin sectarismos o exclusiones. El Partido Justicialista, herramienta electoral y estructura política fundamental del Movimiento, dio sus primeros pasos hacia la reunificación. La Confederación General del Trabajo marcha hacia una unificación política de los trabajadores, que son el pilar del justicialismo. Otras miles de organizaciones libres del pueblo atraviesan una etapa de debate y reorganización.

¿Qué está haciendo la juventud?.
Juan Perón en su libro “La Hora de los Pueblos” enumeró algunos de los “deberes de la juventud”. El líder justicialista manifestó que los jóvenes tienen la responsabilidad de intervenir activamente en la liberación, potenciando su práctica con el idealismo y el entusiasmo que profesan.
Perón convocó a potenciar la “rebelión positiva”, tomando distancia de las desviaciones o sectarismos que puedan dividir al Movimiento Nacional, al cual la juventud se integra con humildad y con vocación de servicio. Sería un error suponer que los jóvenes deben mandar o imponer sino que y por el contrario, se suman a un Movimiento Nacional amplio y diverso y no se trata de “tirar todos los días un viejo por la ventana para ocupar un puesto, sino de entrar y colaborar humildemente para aprender y para evidenciar, probando, si se tiene la capacidad que se presupone”.
Perón destacó que los jóvenes deben intervenir “activamente en la solución de los problemas que el mundo actual plantea” y para eso tienen que unirse ya que y como mencionó el líder “hemos tropezado con una juventud peronista dividida en pequeños sectores, dominados por caudillitos, con sus valores que no discutimos, pero que resultan negativos para la unidad que necesitamos”.

La tarea política actual de la juventud implica construir la unidad sincera y efectiva, sin banderías inútiles y con la finalidad manifiesta de estar dispuestos a trabajar y a sacrificarse por los intereses del pueblo y de la nación. Debe quedar claro que el año 2019 nos encontrará unidos o dominados.

Los jóvenes, como parte del Movimiento, tienen la responsabilidad de implementar una oposición activa al liberalismo en el gobierno. El paso siguiente será la recuperación del Estado para ponerlo al servicio del pueblo y de la reconstrucción nacional.


jueves, 7 de julio de 2016

Corrupción, política y poder


Aritz Recalde, junio 2016

Extraído de la Revista Orillera, Año 1, N 1. Invierno 2016

La reciente escena que protagonizó el ex secretario de obras públicas de La Nación José López, desató un debate sobre la corrupción. Más allá de lo que se puede suponer, consideramos que el concepto de corrupción no es una categoría simple de definir, por el hecho de que forma parte de una disputa política de sentido.
Tradicionalmente las elites y sus aparatos de comunicación, destacaron que la corrupción es una actitud propia de la dirigencia partidaria. Dicha suposición, tiende a subestimar la gravedad de actos ilícitos que son efectuados por grupos empresarios contra el patrimonio público y que disponen de complicidad de sectores del Poder Judicial. El presente texto destaca que:
a-     La noción de corrupción es una construcción política y sus alcances forman parte de una lucha por el poder económico y social.
b-    La corrupción es un recurso fundamental para la acumulación económica del capitalismo neoliberal.
c-     La corrupción económica existe en base a la complicidad y/o participación judicial y mediática.

La corrupción partidaria es trasversal a las fuerzas políticas
La participación de funcionarios en actos de corrupción contra el Estado, es tan vieja como la actividad política. Lo mismo se puede decir sobre la utilización de la categoría corrupción, que históricamente se esgrimió para justificar la asunción de diversos y contradictorios tipos de gobierno, incluyendo aquellos derivados de golpes de Estado.
Uno de los primeros corruptos de la vida nacional independiente fue Bernardino Rivadavia, quien se desempeñó como representante de empresas que negociaban con el gobierno que él mismo presidía. Tal cual documentó José María Rosa, Rivadavia - adelantándose en más de un siglo al macrista Juan José Aranguren- recibía una “comisión” por parte de empresas mineras inglesas, a las cuales intentó otorgarles licencias de explotación de los recursos naturales de la provincia de la Rioja. Manuel Dorrego llamó a este sistema donde el poder económico controla las decisiones políticas, como la “aristocracia del dinero”. Para debilitar la capacidad de lobby de los ingleses, Juan Manuel de Rosas directamente cerró el Banco Nacional refundado por Rivadavia. Varias décadas después, Hipólito Yrigoyen hacía campaña electoral por el voto secreto al cual consideraba como un mecanismo tendiente a evitar el corruptor ejercicio de la “compra” de voluntades. Paradójicamente, los titulares del golpe de Estado que lo derrocaron justificaron su salida del gobierno acusando la UCR de protagonizar negociados, coimas o la entrega fraudulenta de cargos públicos. Al proyecto iniciado en el año 1930 José Luis torre lo caracterizó directamente de “infame”, por considerar que funcionaba como un mecanismo político tendiente a “vender a la patria”. Otro caso que adquirió notoriedad fue el denunciado por Lisandro de La Torre. En el año 1935 siendo senador, el titular del Partido Demócrata Progresista se opuso férreamente al accionar del gobierno de Agustín Justo, al cual acusó de beneficiar ilícitamente a los frigoríficos ingleses. En parte, la justificación de la revolución del año 1943 tuvo que ver con un intento de superar un sistema de fraudes políticos, económicos y de injusticias sociales. Juan Perón al momento de lanzar el Estatuto del Peón Rural, aseveró que la oligarquía controlaba el Estado y se repartía las “ganancias con los caciques” y actuaba con “merodeadores de grandes empresas” y con los “escribas sin escrúpulos al servicio de los poderosos”. A la caída de Perón los militares ordenaron realizar un informe sobre la gestión del gobierno depuesto. La investigación fue publicada en el año 1958 bajo el titulo “El libro Negro de la Segunda Tiranía” y acusó al peronismo de ser “corruptor y demagógico”, cuestión por lo cual la asonada castrense estaba justificada en la necesaria “reconstrucción moral”. Arturo Illia anuló los contratos petroleros del también radical Arturo Frondizi, al considerarlos carentes de legitimidad y “dañosos” a los intereses de la Nación. Juan Carlos Onganía al asumir el mandato de facto en el año 1966, mencionó que iba a cumplir un imperativo patriótico y desinteresado tendiente a terminar con la “falsedad y el engaño”. El periodista Rogelio García Lupo documentó con detalle la trama de negociados efectuados por la conjunción de representantes civiles, jefes de armas y las corporaciones trasnacionales desde 1966. Lupo resaltó que durante los años sesenta las corporaciones y la corruptela política y militar organizaban un “gobierno invisible” que beneficiaba a las dominaciones extranjeras. En el año 1976 Jorge Rafael Videla aseguró que asumía el mando del país para terminar con el “desgobierno, la corrupción y la complacencia” del gobierno democrático de Isabel Perón. Durante la gestión militar ingresaron al Banco Central y a la cartera económica, representantes directos de la oligarquía, de la finanza internacional y de los grupos concentrados. Resultado de su accionar, se consolidó una inmensa transferencia de recursos del conjunto de la sociedad a un grupo reducido de factores de poder, entre los cuales estuvo el grupo Macri que según el historiador Norberto Galasso, aumentó su patrimonio de 7 a 47 empresas. A la vuelta de la democracia Carlos Melconian siendo Jefe del Departamento de Deuda Externa, contribuyó a la licuación de la deuda de miles de millones de dólares de los grupos económicos, entre los cuales estaba los del presidente Macri. Durante el menemismo sectores del Partido Justicialista estuvieron involucrados en ventas ilegales de armas a Ecuador, en el trágico contexto de la guerra contra Perú. El gobierno de Fernando de La Rua involucró a la UCR en un caso de coimas, cuya finalidad era aprobar la flexibilización laboral contra los derechos trabajadores. Como resultado del escándalo de la “Banelco” renunció el vicepresidente Carlos Álvarez. La participación de Federico Sturzenegger en el Megacanje de deuda del año 2001, hoy es investigada judicialmente. Resultado de esa onerosa negociación, el gobierno nacional pagó comisiones cercanas a los 150 millones de dólares y negoció préstamos con la altísima tasa de interés de hasta 15 %. Ricardo Jaime o José López, son dos figuras que comprometen en casos de corrupción a miembros del partido Frente Para la Victoria. Fernando Niembro debió renunciar en plena campaña electoral, por no poder justificar la causa por la cual recibió más de 20 millones de pesos de parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Existieron casos de corrupción en las filas de los liberales, los conservadores, radicales, menemistas, kirchneristas o macristas, sean civiles o militares, sin excepciones. El acto ilícito o de corrupción suele derivarse en lo siguiente:
a-     Acumulación personal de la riqueza a favor de los dirigentes.
b-    Acumulación de riqueza al espacio político. José Luis Manzano, aunque luego lo negó, habría bautizado este mecanismo como un “robo para la corona”. 
c-     Compra de votos legislativos o de dirigentes con la finalidad de orientar sus decisiones.
d-    Compra de voluntades políticas por parte del poder económico o de otras elites.

Los casos ubicados en los puntos A y B son el centro de la denuncia mediática y ocupan un espacio fundamental en la opinión pública. Los golpes militares de 1930, de 1955 o de 1976 denunciaron, principalmente, este tipo de accionar. La finalidad del universo C, indudablemente, parece ser un mecanismo frecuente para la construcción de consensos legislativos y partidarios en un ámbito donde se compran y se venden votos y voluntades. El punto D y pese a ser el más oneroso de los cuatro ya que implica la pérdida del patrimonio económico y de la soberanía de un país, suele ser poco investigado por la justicia, escasamente conocido por la opinión pública y ocultado por la prensa. Yrigoyen, Lisandro de La Torre, Perón, Illia o García Lupo, consideraron a esta corrupción como el mecanismo y la garantía para la acumulación del poder económico de las elites antinacionales y antipopulares. 
Las diversas acusaciones que recibieron Mauricio Macri y su grupo empresario se ubican en los universos A y D. El presidente reconoció disponer de 18 millones de pesos no declarados en las Islas Bahamas y no pudo negar que tiene cuentas en diversos paraísos fiscales como Panamá.
La Oficina Anticorrupción no parece muy preocupada por estas difusas y contradictorias declaraciones gananciales de Macri o de otros funcionarios nacionales como es el caso de Juan José Aranguren que es accionista de Shell y contratista de la misma empresa desde el Estado (corrupción tipo D). El gobierno de los CEOS que hoy controla la Argentina, institucionalizaría un sistema de corrupción tipo D. Es de esperar que el Estado reiteraría el mecanismo de transferencia masiva de fondos desde la mayoría social, hacia la minoría empresaria, repitiendo lo ocurrido en todas las oportunidades en las cuales las Corporaciones extranjeras controlaron el gobierno con Onganía (Krieger Vassena), con Videla (Alfredo Martínez de Hoz), con Menem (Roig de Bunge Born o Domingo Cavallo) o con De La Rúa (López Murphy y Cavallo).


La doble vara para evaluar los actos de corrupción
La noción de lo corrupto se construye a partir de una articulación entre los poderes económicos, mediáticos, políticos y judiciales. Lamentablemente, el Poder Judicial no parece ser un parámetro imparcial y objetivo para definir los alcances y los responsables de la corrupción. Por un lado, por el hecho que algunos jueces no están siendo ecuánimes y suelen actuar en defensa de los partidos en el poder, de las corporaciones económicas o bajo la influencia de los diversos poderes facticos. Asimismo y tema más profundo, la legislación argentina es una representación del poder existente y tiende a institucionalizar y a legalizar diversos mecanismos de desigualdad y de transferencia de la riqueza colectiva hacia la privada.
Dado el marcado partidismo de un sector judicial, parecería que algunos de sus miembros están más preocupados por “imputar mediáticamente” a una persona, que por hacerlo “judicialmente”. Dada la mediatización de los casos, se invierte la lógica procesal y todos los funcionarios son considerados culpables y son penados por la opinión pública mucho antes del juicio previo que fija la ley. Como resultado de estas operaciones, pueden declararte inocente judicialmente, lo que difícilmente va a ocurrir es que te absuelvan éticamente frente a la sociedad. Si vas a la cárcel o no importa poco y en realidad interesa que estés de por vida “preso políticamente”.
Cuando la corrupción involucra al poder económico y a sus representantes, el tratamiento es más distante y menos frecuente. Por ejemplo, la investigación de la evasión de las más de 4000 cuentas bancarias en el HSBC de Suiza o la existencia de miembros del gabinete nacional involucrados a estafas contra el Estado como fue el Megacanje de 2001, no se presentan a la opinión pública como un caso flagrante de corrupción. Los actos de evasión y de fuga de capitales son ocultados o matizados al atribuirlos a omisiones desinteresadas de algún empresario, que en realidad haría ese delito por “estar agobiado” como resultado de la presión fiscal del desmedido Estado recaudador. Si un empresario roba al Estado en un paraíso fiscal, lo presentan como parte de un problema de “confianza” que es causado por el gobierno. Se invierte la prueba y el victimario se transforma en víctima. Por el contrario, cuando un dirigente partidario estafa al Estado reteniendo dinero que no le corresponde, lo acusan de ladrón y de hasta de traidor a la patria.
A diferencia de lo que se explica a la opinión pública, la evasión fiscal de las corporaciones y el accionar mafioso que conlleva la fuga de riqueza nacional empresaria, tiene una capacidad de daño social muchas veces superior a aquella generada por los dirigentes que juntan billetes en sus casas y/o autos. En ambos casos, sean funcionarios públicos, empresarios o representantes de multinacionales en el gobierno, se está estafando al Estado y al conjunto de la sociedad.

Debe quedar claro, que estamos muy lejos de absolver de la responsabilidad que les cabe a funcionarios públicos o a dirigentes partidarios, que en caso de demostrarse la apropiación ilícita de recursos, deben recibir el peso de la pena judicial y de la reprobación de la opinión pública. Esta circunstancia que es repudiable, no debe evitar la posibilidad de conocer, de develar y de castigar la corrupción estructural protagonizada por los grandes factores del poder económico.

La corrupción neoliberal
El sistema de acumulación de capital en el neoliberalismo mundial, se desenvuelve organizando un sistema institucionalmente injusto, antisocial y depredatorio del ecosistema y de los recursos naturales. Además y cuestión cada día más evidente, el capital trasnacional actúa violando la ley y estafando a los Estados y a los pueblos.
En Sudamérica los sistemas impositivos son regresivos y benefician principalmente al capital trasnacional y a las oligarquías. Pese a ello, existe un sistema organizado de evasión fiscal, de fuga de capitales y de estafa permanente contra el Estado.  
Entre las causas de la crisis económica mundial del año 2008, está que las calificadoras de riesgo de inversión omitieron y/o mintieron sobre la realidad financiera y bursátil. Estos entes que son manejados por un pequeño círculo de factores de interés norteamericano y europeo, falsearon la situación económica del sistema, permitiendo la ganancia fabulosa de reducidos grupos de especuladores. Además de un extraordinario negocio, la corrupción de las calificadoras favoreció la destrucción económica y financiera internacional. Paradójicamente, actualmente esas mismas instituciones extorsionan a los países en desarrollo bajando o subiendo el costo del crédito y la “credibilidad de los gobiernos”. Su objetivo real es enriquecer a unos pocos grupos y Estados y ser los garantes del ordenamiento geopolítico internacional.
La divulgación de cuentas no declaradas en el HSBC o de los Panamá Papers,  hicieron pública la existencia  de paraísos fiscales a partir de los cuales los grandes financistas internacionales, los grupos económicos de varios países y las corporaciones trasnacionales, evaden el pago de impuestos y esconden riquezas no declaradas o de origen incierto. Este sistema mundial de corrupción económica y financiera estructural, tiene distintas terminales en Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, las Islán Caimán o el Reino Unido.  
El daño económico, social y político de los actos de corrupción estructural efectuados por las calificadoras de riesgo o por la evasión de los paraísos fiscales es inmenso y contribuye a que el sistema productivo mundial profundice la crisis.

Teatralización de la corrupción
Actualmente, pareciera que las denuncias de corrupción importan más como actos de propaganda, que como acciones de justicia. Varios jueces o fiscales actúan de manera tendenciosa y más allá de la veracidad de la prueba y de la resolución final de la acusación, lo importante es instalar el manto de duda acerca de la integridad del funcionario. La sospecha de corrupción, sea real o infundada, es un instrumento de persuasión política tendiente a disciplinar los comportamientos de los dirigentes y a moldear la opinión pública. El modus operandi de varias de las operaciones judicial - mediáticas parece ser el siguiente:
a-     El guión de la teatralización lo redactan los servicios de inteligencia del Estado por requerimiento de grupos económicos o de otros factores de poder.
b-    Un fiscal y/o juez son los actores fundamentales de la película, que se construye previamente con los medios de comunicación.

Los medios oligopólicos en sintonía con los servicios de inteligencia y el Poder Judicial, preparan el momento de la presentación pública del caso garantizando cobertura mediática e impacto comunicacional. A contramano del típico secretismo y oscurantismo judicial, algunos casos de investigación de hechos supuestamente de corrupción de funcionarios públicos, se presentan en tiempo real con las cámaras de televisión. Los periodistas de los grupos concentrados parecen empleados del Poder Judicial y conocen los horarios, el día y el lugar de “algunos” allanamientos de los domicilios de los imputados.
El manejo de la imagen y del contexto del supuesto crimen, es fundamental y tiene que interpelar emocionalmente a la opinión pública. Perros que huelen plata, vecinos que comentan insustancialidades o testigos dudosos que historian la trayectoria supuestamente indecente de los acusados, forman parte de la operación. Sobre la noticia judicial, se monta una maquina de difusión desde los programas de espectáculo y de entretenimiento, que garantizan que el público no especializado en temas técnicos se convenza de la culpabilidad y maldad de los acusados. La veracidad o no de la denuncia importa poco y lo fundamental es la capacidad de daño mediático que cae sobre los acusados.

La utilización política del caso José López
Tal cual adelantamos, la denuncia mediática y/o la judicialización de la corrupción son construidas con finalidades políticas determinadas históricamente. En el caso de José López la causa judicial está siendo utilizada para:
a-     Debilitar a Cristina Fernández de Kirchner y su círculo político.
b-    Dividir al Frente Para la Victoria.
c-     Presionar a la dirigencia partidaria para la aprobación de leyes o de proyectos de CAMBIEMOS.
d-    Debilitar a la dirigencia política nacional, para empoderar a los grupos económicos y a sus representantes.
e-     Construir una agenda pública que oculte la trasferencia de la riqueza a los grupos económicos que realiza CAMBIEMOS y que no permita debatir la grave situación económica (recesión e inflación) y social (mayor desempleo, pobreza e indigencia).

En definitiva, la sociedad argentina, sudamericana e internacional debe combatir las diversas expresiones de la corrupción. Por un lado, la partidaria por corroer la posibilidad del cambio de la actividad política. Debe trabajar contra la acción fraudulenta de la justicia, de los servicios de inteligencia y de los medios de comunicación que pueden ser parte del problema y no su solución. Además y tema fundamental, hay que erradicar el neoliberalismo financiero y especulador y su sistema depredador, injusto y corruptor que está poniendo en duda la viabilidad del planeta en su conjunto.