La “grieta” de las universidades argentinas

Aritz Recalde, marzo 2016

Transcurridos apenas tres meses  de la asunción de un nuevo gabinete nacional, se hace difícil alcanzar una conclusión acabada de cuáles serán los lineamientos de la política educativa. A continuación, meramente vamos a exponer algunas unas reflexiones iniciales.

Inicialmente, Cambiemos intentó ubicar a las universidades públicas como parte del diagnóstico de la existencia de un Estado “politizado” y caracterizado por el “despilfarro y la corrupción”. Con ese cuestionable y dudoso diagnóstico, en otras dependencias públicas ya aplicaron más de 25.000 despidos.

Los despidos directos en universidades están imposibilitados por la autonomía y la autarquía que gozan las Casas de Altos estudios. Pese a ello, se sancionó el decreto 336/16 que dejó sin efecto los convenios entre las universidades y otras reparticiones del Estado, posibilitando despidos “indirectos” de profesionales que estaban desempeñando actividades académicas y de investigación. El decreto obliga a que los nuevos acuerdos entre instituciones sean ratificados por el Ministerio de Modernización macrista.

Compartiendo esta definición política, el Ministro de Educación de La Nación Esteban Bullrich designó originariamente en la Secretaría de Políticas Universitarias, al productor televisivo de Animales Sueltos, Juan Cruz Ávila. Esta persona no tenía trayectoria académica, ni tampoco en gestión universitaria. Según le comentó el Ministro de Educación al Diario La Nación el 1/12/15, Ávila venía a saldar una “grieta” entre las universidades peronistas y radicales. Paradójicamente y pese a enarbolar la “neutralidad valorativa”, Bullrich reconoció que solamente había conversado la designación del Secretario con los rectores radicales. El Ministro también  aseveró que existe un conglomerado de “universidades nuevas, del conurbano”, que profundizaron la “grieta” y que obligaron a tal desafortunada designación. El nombramiento de Ávila fue rechazado de plano por la comunidad académica y el Presidente de La Nación designó en su remplazo a Albor Cantard, dirigente con trayectoria académica y de extracción radical. Este nombramiento parece más lógico por el hecho de la UCR integró el frente Cambiemos y tiene dirigentes con trayectoria en universidades nacionales, a diferencia de los funcionarios del PRO de origen educativo en el sector privado y extranjero.

La caracterización de la actualidad universitaria como parte de una “grieta” es tendenciosa, inexacta y cuestión fundamental, es peligrosa para la sustentabilidad de las políticas científicas del país. Durante la gestión universitaria iniciada en 2003 existió una excelente articulación entre las diversas corrientes ideológicas y políticas universitarias, al punto de que el Secretario de Políticas Universitarias fue durante mucho tiempo un ex rector de la UNLP de origen UCR (Alberto Dibbern).

Todas las universidades argentinas, sin banderías, fueron parte de un programa de gobierno de reparación histórica en los temas concernientes a la universidad. En el año 2002 el presupuesto universitario era de 1900 millones y en 2016 superó los 40.000 millones anuales. Por primera vez en toda la historia, los docentes y los no docentes poseen su propio Convenio Colectivo de Trabajo y tuvieron paritarias todos los años. El periodo 2003/15 fue la etapa de mayor apertura universitaria de la argentina y las 15 nuevas instituciones completaron la federalización de la Educación Superior en lugares tan disimiles como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Florencio Varela o Avellaneda. Todas las universidades de beneficiaron del plan de infraestructura más ambicioso que se haya conocido en décadas y que permitió construir aulas, laboratorios,  playones deportivos, nuevas sedes o modernizar tecnológicamente las instalaciones académicas y deportivas. En 2002 había 5000 becas universitarias y hoy ascienden a 50.000. Ésta larga lista de realizaciones a lo largo y ancho del país, podría continuar con lo realizado en el CONICET, con la repatriación de científicos del Programa RAICES o con el plan de promoción de carreras prioritarias e ingenierías, etc.-

La opinión de Esteban Bullrich sobre la “grieta” coincidió con la de Mauricio Macri, quien viene reiterando que las nuevas universidades son “políticas” y no “académicas”.  La descalificación realizada sobre las universidades como “políticas” es peligrosa y nos retrotrae al año 1955 cuando el golpe de Estado cerró la Universidad Obrera, solamente por el hecho de haberla creado el peronismo. Es como si Néstor Kirchner hubiera amenazado cerrar las más de diez universidades nacionales que impulsó Carlos Menem. Imagínense qué ocurriría si Juan Perón en 1946 clausuraba la Universidad Nacional de Cuyo por que se abrió en la década infame (1939) o si a la vuelta de la democracia Ricardo Alfonsín cerraba la Universidad de Rosario por surgir en pleno gobierno de Juan Carlos Onganía (1968).

El comentario del Presidente y de su Ministro de Educación estigmatiza a instituciones, docentes e investigadores sumamente prestigiosos y es, cuanto menos, desafortunado. Lo primero que hay que decir es que todas las universidades nacen de un acto político como es la sanción de una ley. Asimismo, se debe destacar que las instituciones se administran de manera cogobernada desde la recuperación de la democracia y ello implica una actividad política permanente e indelegable. Por otro lado, toda práctica científica conlleva valores e ideologías, sean los neoliberales de Macri o los desarrollistas de Cristina Kirchner y eso está lejos de ser un defecto de las nuevas o las viejas universidades.

Hoy los universitarios están sintiendo el impacto económico de las últimas medidas de gobierno. El contexto socioeconómico del país y la región no son alentadores, atendiendo la recesión de Brasil (primer aliado comercial argentino), la baja del precio de la soja y de otros productos exportables y la caída del crecimiento de China o Europa. Argentina que venía creciendo a tasas bajas en los últimos dos años, está entrando en recesión. La situación de estancamiento económico está siendo profundizada por el aumento del desempleo, resultante de los despidos de los sectores público y privado. El país tiene una excesiva inflación que es consecuencia de una devaluación que nació, principalmente, para otorgarles una rentabilidad extraordinaria a los exportadores de cereales. Los anuncios de apertura de las importaciones para bajar la inflación, genera el riesgo ya conocido de los años noventa, de cerrar fábricas y de primarizar la economía, perdiendo valor agregado y fuentes de empleo calificadas. En el plano estrictamente de los trabajadores universitarios, se está produciendo un elevado desempleo, revirtiendo la tendencia a la recuperación de las condiciones laborales de la última década.

Los diversos gobiernos tienen que construir sobre los aciertos del anterior, conformando  políticas de Estado. El caso universitario no es la excepción. Construir y consolidar una universidad conlleva varias décadas y no involucra a la gestión de una sola persona o fuerza política. Si no se cumplen estos principios elementales de la nación, el país puede retroceder décadas en sus planes científicos y culturales y conjuntamente vamos a deteriorar el desarrollo productivo y social del país.