martes, 25 de enero de 2011

Medios de comunicación y democracia

Aritz Recalde, enero 2011

“A la dictadura de los cabos y sargentos de la gran guerra remplaza, en los países llamados democráticos, la dictadura de los grupos financieros. Los efectos son los mismos aunque el mudus operandi de las imposiciones sea otro más sutil, menos perceptible pero no menos eficaz. (…) Mientras los totalitarios reprimen toda formación y toda manifestación de conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de los verdaderos intereses. Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía”[1]. Arturo Jauretche, año 1941.



La sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una de las medidas legislativas del ámbito de la cultura, más importantes de la historia de la Argentina. La norma promueve la conformación de un proyecto de organización de medios de comunicación, que se opone al modelo establecido por el programa neoconservador. Éste último fue impuesto y se tornó hegemónico en el sistema institucional argentino, desde el derrocamiento de Juan Perón en el año 1955. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual introduce unos objetivos marcadamente rupturistas en el plano de la cultura liberal, ya que institucionaliza las bases para implementar una comunicación centrada en las actividades no comerciales, promueve un sistema de medios plural que prohíbe los monopolios y que protege y difunde la cultura y las producciones nacionales e independientes[2]. En la historia de la legislación y de la organización de medios en América Latina, solamente es comparable con el proyecto del primer peronismo que sancionó la ley 14.241/53[3] o con las medidas aplicadas durante el gobierno de Velasco Alvarado en Perú desde el año 1968[4].

El ímpetu de democratización de la comunicación que introduce la Ley de Servicios Audiovisuales, se puede definir en torno de la noción de “pluralidad de voces”, que contempla los aspectos fundamentales y que a su vez supera, la noción tradicional de “libertad de prensa”. Está última definición en los hechos, implicó otorgar la “libertad” solamente a la prensa concentrada comercial y a los agentes dominantes del mercado. La inexistencia de regulaciones públicas del sistema, favoreció la concentración y la extranjerización de las comunicaciones. A partir de aquí, que la democratización de la palabra y de la cultura implica un cambio político fundamental, ya que otorga derechos de expresión a un conjunto de actores sociales postergados frente a los factores dominantes. La relación estrecha entre el poder dominante y la comunicación, se refleja en el hecho de que los grandes medios que se oponen a la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son los mismos actores que se enfrentan a la democratización de las fuentes de riqueza. Los medios concentrados se han enfrentado, casi sin excepciones, a los gobiernos que se plantean como objetivo fundamental, transferir recursos y poder a los trabajadores o a los pequeños y medianos empresarios industriales nacionales. La prensa concentrada del país aplicó una férrea tarea de oposición y de hostigamiento a los gobiernos con gran apoyo popular, como es el caso de las gestiones a cargo de Hipólito Yrigoyen, de Juan Domingo Perón y de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de lo dicho, se puede sostener que la prensa oligopólica actúa siguiendo un parámetro de comportamiento que establece que “cuanto más quiere un pueblo a un gobierno, más lo enfrentan y lo odian los medios de comunicación concentrados”.

La práctica antidemocrática y atentatoria de los intereses nacionales aplicada por la prensa concentrada, fue denunciada por Yrigoyen en el año 1909 cuando sostuvo que “A pesar de tener a su servicio todos los gobiernos y sus extensas ramificaciones, más las facciones aventureras que merodean en torno de ellos, la prensa asalariada, mercantil y desleal a la fe y a la gratitud pública, y las oposiciones, que siendo sólo por exclusión, apenas se las llama, concluyen siempre por tomar asiento en el banquete de los triunfos contra la patria”[5]. Sus palabras del año 1909 fueron proféticas y en el momento en que Hipólito avanzaba en acciones como la sanción de la ley de nacionalización de los hidrocarburos, la de 8 horas de trabajo o la fijación de precios máximos, la oligarquía y el capital trasnacional se aliaron con los diarios La Nación y La Prensa para aplicar el golpe de estado de 1930. No sería el único radical hostigado por la prensa y también lo vivió en carne propia Arturo Illia, que sufrió las operaciones de Mariano Grondona en Primera Plana que apoyó el golpe militar de 1966. Lo mismo le ocurrió a Ricardo Alfonsín que y refiriéndose a las agresiones recibidas por parte de Clarín, sostuvo que “Si el pueblo de la Nación fuera lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros”[6]. Otro de los dirigentes sentados en el banquillo de supuesto “tirano” y que fue atacado a capa y espada por la prensa concentrada, fue Juan Domingo Perón, que refiriéndose a los vínculos entre los diarios y la política estableció que “Hoy no es un secreto para nadie que muchos consorcios y cadenas de diarios no son sino empresas comerciales, que venden papel escrito como se venden cosméticos o artículos de ferretería. (…) si desde un diario se puede hacer un chantaje a una persona, desde esa organización se lo puede hacer a toda una nación. (…) Cuando se habla de “opiniones independientes” de los grandes diarios con insistencia sospechosa, en numerosos órganos de distintos países, puede individualizarse perfectamente la organización del monopolio que abarca el “trust” de publicidad dirigido por las grandes centrales de los países”[7].

Quedó demostrado en diversas investigaciones, que existió un apoyo público de sectores importantes del periodismo, a los golpes militares contra el radicalismo en los años 1930 y 1966. Lo mismo se puede decir de la dictadura de 1976, que se produjo con el sustento explicito de Clarín y de La Nación. De la misma forma que en la actualidad, las acciones políticas contra la democracia y las mayorías populares, se justificaron en nombre de la libertad de prensa y del periodismo independiente.

Atendiendo las complejas relaciones históricas entre la democracia y los medios de comunicación concentrados, es innegable que de la efectiva y correcta aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, va a depender el futuro y la calidad de nuestros sistemas de representación de gobierno
. Arturo Jauretche lo comprendió cabalmente cuando sostuvo que (…) “la solución democrática consistirá en sustituir la libertad de empresa periodística o radiotelefónica, que es la libertad de los grupos plutocráticos para hacer su prensa o su radio e impedir otra, por la libertad de prensa sólo lograble cuando ella no tenga que depender de los grupos capitalistas”[8].


[1] Arturo Jauretche (2002), “Opinión Pública y democracia”, en Arturo Jauretche, escritos inéditos, Ed. Corregidor, volumen 6, Buenos Aires. Pp 211-213.

[2] Nuestra opinión sobre la Ley de Servicios Audiovisuales puede leerse en http://hernandezarregui.blogspot.com/2009/06/el-centro-de-estudios-hernandez-arregui.html

[3] Los objetivos generales del Plan Nacional de Comunicación están establecidos en los Planes Quinquenales. Entre las acciones fundamentales resaltan la sanción del Estatuto del Periodista, la creación de una agencia de noticias (TELAM), el nacimiento de la televisión en el país (Canal 7) o la profesionalización de los estudios en comunicación con el pase a la Universidad Nacional de La Plata de la Escuela Argentina de Periodismo (1954).

[4] Los objetivos generales del Plan Nacional de Comunicación están establecidos en el Plan Inca. Las acciones principales del programa se organizaron a partir del decreto ley 18075/69 o Estatuto de la Libertad de Prensa; el decreto ley 19020/71 o Ley General de Telecomunicaciones; el Decreto ley 20.680/74 o Ley de Prensa. El gobierno revolucionario creó el Sistema Nacional de Información (1974) y la Empresa Nacional de Radiodifusión.

[5] Hipólito Yrigoyen (1945), El pensamiento escrito de Yrigoyen, Ed. Libro de Ediciones Argentinas, Buenos Aires. P 42.

[6] Discurso de Ricardo Alfonsín efectuado el 13 de febrero de 1987. http://www.radionacional.com.ar/audios/raul-alfonsin-en-la-inauguracion-de-la-biblioteca-julio-cesar-saguier.html

[7] Juan Perón (1983). “La Publicidad”, en Política y Estrategia, no ataco, crítico, Ed. Pleamar, Buenos Aires. p 28 y 29

[8] Arturo Jauretche. Op. Cit. Pp 211-213.

sábado, 22 de enero de 2011

Dificultades de la transición política en Cuba

Aritz Recalde, enero 2011

En el marco del cumplimiento de los 52 años de la revolución, la dirigencia del Partido Comunista Cubano (PCC) y los responsables de los órganos de gobierno, están impulsando la discusión del “Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social”. Dicho documento establece los aspectos centrales de un paquete de medidas que tienen la finalidad de modificar cuestiones sustanciales del modelo de desarrollo socialista. El Proyecto contempla y entre otras cuestiones, promover la actividad privada (cuenta propia y agricultura) y reducir en una primera etapa, 500 mil empleos públicos. Se supone que la cifra final del achicamiento del Estado será cercana al millón de trabajadores. Los Lineamientos fueron discutidos por la las organizaciones libres del pueblo en los Comandos de Defensa de la Revolución (CDR) y por responsables de diversos ámbitos políticos, sociales y culturales del país.
El documento se redactó a partir del hecho de reconocer las serias dificultades y limitaciones del patrón de desarrollo económico socialista. Cuba se encuentra inmersa en una crisis económica estructural que lleva varias décadas y que se profundizó desde la caída del bloque soviético. Mientras Rusia era un aliado geopolítico del país, el modelo socialista cubano dispuso de relaciones comerciales y políticas de intercambio estratégicas y beneficiosas que permitieron generar un nivel de vida aceptable para toda su población. En dicha etapa que transcurre desde inicios de los sesenta a los años noventa, el país no consolidó las bases materiales para un desarrollo sustentable en el tiempo. Está cuestión se vio agravada frente al brutal bloqueo y la guerra política y cultural aplicada por los Estados Unidos. Luego del año 1989, Cuba ingresó en el denominado “período especial”, que se caracterizó por una fuerte recesión económica y por el deterioro de la situación social, cultural y política del país.
El modelo económico se organiza a partir del control monopólico por parte del Estado de los recursos naturales y de las fuerzas productivas. El sistema funciona con bajos niveles de eficiencia productiva, tanto en la industria, los servicios, como en el agro. Un rasgo característico es la falta de incentivos para el aumento de la producción y una incapacidad notable del gobierno para aumentar el rendimiento del trabajo. El monopolio estatal en la economía sobre toda la cadena de valor y las complejas regulaciones sobre las organizaciones libres del pueblo, dificultan la posibilidad de consolidar la iniciativa privada o de fomentar la innovación y favorecen una distribución de los recursos humanos que obstruye aspectos importantes de la economía. Dichas cuestiones, favorecen la aparición de hechos de corrupción en base al defalco de los recursos del Estado. Estas tenciones además, se expresan en los desplazamientos de personal altamente capacitado desde el aparato productivo, hacia los servicios turísticos de baja calificación.
Uno de los ejes centrales del patrón de desarrollo luego del año 1989 se relaciona al turismo. Durante los años noventa la elaboración tradicional de productos como el azúcar, fue dejando lugar a la llegada de turistas, la construcción de hoteles y a la reconversión económica del país. Dicha actividad generó profundos cambios sociales y culturales. Un sector considerable del país trabaja con el turismo ya que con dicha actividad, puede alcanzar un nivel de vida cercano al estándar de la clase media o media baja de Latinoamérica. Estos actores que viven del turismo reproducen muchos de los usos y las costumbres típicas del capitalismo norteamericano. Las prácticas vinculadas a las estafas, la corrupción, el consumismo o la prostitución, son una realidad frecuente para muchos cubanos y extranjeros que visitan el país.
Los trabajadores industriales y técnicos dependen del Estado por el hecho de que los medios de producción son y casi sin excepciones, gubernamentales. Dichos trabajadores obtienen una renta que oscila entre los 12 y los 50 euros mensuales. Tras la caída del bloque soviético se produjo un proceso inflacionario que coexistió con la estabilidad de los sueldos, lo que generó una caída del poder adquisitivo del trabajador. El bajo poder adquisitivo coexiste con la dificultad habitacional fruto de la escasa construcción de viviendas y con la existencia de una reglamentación que establece prohibiciones para la conformación de un mercado de compra, fabricación y venta en el país. El nivel de vida y de consumo de este sector es bajo, cuestión que se compensa en parte, con la existencia de sistema educativo y de salud gratuitos. Los bajos salarios o las prohibiciones a la actividad privada, favorecen la migración de trabajadores hacia el turismo y la formación de un importante mercado negro.
Las relaciones exteriores en el marco de la ALBA, permiten a la isla avanzar en un intercambio de servicios por recursos naturales o manufacturas, como es el caso de la exportación de médicos a Venezuela.
Otro actor importante del modelo socialista, son las fuerzas de seguridad y de inteligencia de los diferentes niveles del Estado. Dicho sector dispone de un poder adquisitivo menor al generado por el turismo, pero en general, es superior al salario medio del trabajador cubano exceptuando a actividades como la de los médicos que realizan campañas internacionalistas. Las fuerzas de seguridad disponen de mayores facilidades para el acceso a la vivienda y a otros recursos, cuestión que favorece un nivel superior de aceptación y de compromiso con el régimen político.
Uno de los problemas fundamentales por los que atraviesa Cuba además del económico, es y en nuestra opinión, la crisis cultural. El turismo promovió la conformación de hábitos consumistas que agudizaron los valores típicos de la etapa capitalista. El consumismo, la avidez de ganancia, la corrupción, los contenidos de la música o la vestimenta de un sector importante de la juventud cubana, son muy similares a la cultura norteamericana. Aunque no se lo diga con frecuencia en la televisión y en la prensa gráfica que monopoliza el Estado, en Cuba existe una profunda crisis de valores y de prácticas de un sector importante de la isla. El hecho de que exista un bajo compromiso político con la revolución de una porción significativa de la juventud, es una de sus expresiones. La tradición española que se refleja en el catolicismo, el idioma, la arquitectura o la literatura, coexiste con los patrones culturales de las migraciones africanas que se ven en la raza, la música o en la supervivencia de prácticas religiosas del pueblo. A la tradición española, africana y norteamericana, se le suma la influencia soviética cuya impronta se expresa en las leyes, la organización de costumbres y regulaciones o en la tecnología . De la confluencia de dichas tradiciones, de la influencia americana y de la propia reconfiguración, se conforma el hombre cubano, con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus incapacidades. En nuestra opinión, y pese a que el documento se denomine Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, uno de los temas fundamentales que debe discutir Cuba, es la crisis cultural de un sector importante del país.
Para enfrentar la crisis económica y cultural y frente a la agresión permanente de Estados Unidos, la dirigencia aplicó distintas acciones. Algunas fueron originales y muchas otras, parecen más bien ser importadas del comunismo soviético. Entre las acciones e instituciones revolucionarias que aún perduran, se destacan las políticas educativas, de salud y resaltan los Comandos de Defensa de la Revolución y algunos aspectos del sistema de partido único que lo hacen más democrático que el modelo soviético. Ahora, muchas de las respuestas a las dificultades del país copiaron experiencias del fracasado modelo ruso. Las prohibiciones a las migraciones internas del país o al ingreso a los circuitos turísticos a los ciudadanos locales, la censura de Internet y la prensa, las prohibiciones sexuales, la inexistencia de mercado de ventas de autos o de casas, la dificultades para acceder a la iniciativa privada, el contraproducente control estatal de todas las actividades productivas (taxis, peluquerías, almacenes, etc.) o la existencia de un exacerbado sistema de control, forman parte de una tradición típicamente comunista que ya demostró su fracaso en el mundo entero.
El debate del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social es estratégico para el país y de su correcta aplicación, va a depender la conservación y el mejoramiento de los logros de la revolución o la perpetuación de las limitaciones e incapacidades del sistema. En nuestra opinión y a sabiendas de la experiencia argentina de los años noventa, no es positivo reducir puestos de trabajo en una economía en recesión. Asimismo, difícilmente puede funcionar en el corto plazo una economía privada y de cuenta propia, sin la existencia previa de un mercado interno que en Cuba no existe por los bajos salarios. Muchas de las 291 recomendaciones de los Lineamientos son importantes, el desafío va a ser la gradualidad y las formas de su aplicación.
Los retos son grandes. En el corto plazo van a tener que resolver el trasvasamiento generacional y dicha cuestión es sumamente compleja, tal cual quedó evidenciado en Argentina con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974. Para enfrentarlos Cuba cuenta con importantes recursos humanos, geográficos e históricos. Dispone de un pueblo con un alto nivel de instrucción y con considerables niveles de organización (CDR y PCC). Su sistema educativo y pese a las dificultades actuales del nivel secundario, ha contribuido a conformar una masa de investigadores, de científicos y un universo de egresados que disponen y en general, de una concepción nacionalista y antiimperialista considerable. Su sistema de salud es gratuito y universal. Además, Cuba es uno de los países más seguros de América.
Los bajos salarios, la seguridad y el alto nivel educativo de la población, son un incentivo importante para favorecer la inversión privada y pública internacional y en especial, la de sus aliados geopolíticos como son China, la UNASUR o la ALBA. Reforzando e incentivando las iniciativas privadas de su población, hoy congeladas, las perspectivas son auspiciosas. Los cambios deben partir de la aplicación de acciones y medidas que atiendan la especificidad del ser nacional cubano y de la idiosincrasia e historia del tercer mundo, dejando en un segundo plano las medidas propias de la tradición comunista soviética.

jueves, 20 de enero de 2011

Conduciendo el desarrollo nacional

Aritz Recalde, enero 2011

Hay tres aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta para promover y organizar el desarrollo nacional. Ellos son la administración, cumplimiento y el ejercicio de la FUERZA; la organización y la promoción de prácticas centradas en valores y CONVICCIONES; y la administración del INTERÉS PRIVADO. Los modelos de desarrollo nacional aplicados en el país han ejecutado e implementado alguno de estos tres elementos y acciones fundamentales.
La aplicación de la fuerza se ejerce a partir de la capacidad de los gobiernos de dar cumplimiento efectivo a las leyes o de monopolizar y controlar el ejercicio de la violencia, etc. No se puede promover el desarrollo nacional sin el ejercicio y el cumplimento por parte del Estado, de las normas y los patrones de acción colectiva de los sujetos. La fuga de recursos al extranjero, la corrupción, el delito violento o los problemas de orden público, son elementos fundamentales de cuya regulación y control depende la viabilidad o no, del desarrollo. Tal cual adelantamos, un factor fundamental para movilizar una comunidad detrás de un proyecto nacional, se refiere a la promoción y la divulgación de valores que guíen y que fomenten las acciones de los individuos tras una causa. Dichos valores pueden ser de clase, nacionales, religiosos o políticos en sus diversas acepciones. Un tercer elemento fundamental se refiere a la administración y la regulación del interés privado como motor que impulsa las acciones de las personas o las organizaciones.
En este marco, le cabe al ESTADO la responsabilidad indelegable de ser el ámbito político que regula, promueve y da consistencia a las tres variables mencionadas. El Estado sanciona, ejerce e institucionaliza la fuerza y las leyes. Además, el Estado en el tercer mundo promueve y organiza la cultura nacional, dando contenido y divulgación a un conjunto de patrones de conducta y de valores que hacen a la movilización de la comunidad para permitir la subsistencia de las organizaciones libres del pueblo. Finalmente, el Estado permite, regula y fija los límites y los contrapesos al interés individual. De la administración social y regulada del interés privado por parte del Estado, depende la viabilidad de dichos intereses. Al Estado le corresponde poner límites a los intereses de otras naciones y disponer de los topes a las desigualdades internas. La regulación de dichos factores es un elemento irremplazable para la acumulación y producción de riqueza en el mediano y largo plazo en un país. La comunidad se realiza, si sus partes que la componen se desenvuelven organizando e institucionalizando topes y limitaciones a la acumulación de riqueza y de poder de los actores intervinientes. Dicha acción incluye la participación del Estado en la administración y regulación de las principales variables que organizan la vida social (Crédito, infraestructura, servicios, educación, salud, etc.-). La no intervención del Estado en la regulación de los intereses individuales en el tercer mundo, permite el sometimiento del país a las metrópolis y a los factores de poder foráneos.
Los modelos de desarrollo que no articulan las tres variables principales, suelen fracasar. Un caso emblemático es el del socialismo cubano. Actualmente, Cuba está promoviendo cambios en su patrón de desarrollo que están descriptos en el “Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social”. Entre otras cuestiones, el gobierno busca permitir que los intereses individuales se desenvuelvan y contribuyan al crecimiento del país. Dicho modelo socialista se organizó y particularmente, a partir de el ejercicio de la fuerza y de la promoción de los valores –hombre nuevo-. Quedó demostrado que y pese a los logros en sociales y educativos, el sistema encuentra grandes limitaciones para su desarrollo económico y político. Todo parece indicar, que Cuba aplicaría un modelo societario similar al de China que emplea la fuerza en el marco de un sistema de partido único y desde finales de los años setenta, promueve la actividad privada como factor de desarrollo nacional. Éste último país, permite y promueve la acción privada y la acumulación individual y para eso, administra importantes recursos nacionales en áreas como los bancos, los servicios y el comercio exterior.
En nuestro país los proyectos liberales centraron sus políticas en la promoción del interés privado como motor de desarrollo y en la aplicación de la fuerza y la violencia sobre los opositores y adversarios. El desarrollo del interés individual de la oligarquía y el imperialismo y la decisión de no fijar los límites a las grandes desigualdades, dejó como resultado un patrón de desarrollo dependiente del extranjero y que estuvo sujeto a frecuentes crisis políticas, sociales y económicas. El éxito de los modelos de desarrollo de Juan D. Perón y de Néstor y de Cristina F. de Kirchner se relaciona a su decisión de articular las tres variables mencionadas. Por un lado, dichos gobiernos recuperaron la legitimidad de la acción pública y el ejercicio de las leyes, luego de las crisis de sistema originadas por la oligarquía en los años 1930 y el capital financiero en los años noventa . Ambos gobiernos promovieron un nuevo orden centrado en la industrialización, la soberanía política y la distribución de la riqueza social y sobre dichas bases, recuperaron la legitimidad del Estado en la regulación del sistema. Dichos procesos regularon los intereses individuales y pusieron límites a la acumulación desproporcionada de la riqueza y del poder social, sin por ello impedir el desenvolvimiento económico y la formación capitalista. Quedó demostrado que al regular y planificar el funcionamiento de la economía, generaron las condiciones para el desenvolvimiento de la industria y los intereses privados y colectivos nacionales. La administración del interés privado en el tercer mundo requiere del control por parte del Estado, de las acciones de los factores de poder concentrado, tanto externos como internos. Asimismo y cuestión central, tanto Perón como Kirchner promovieron una acción centrada en valores. En ambas experiencias, la práctica de los individuos se encausó en un proceso de construcción nacional con fuerte participación y compromiso popular.
La última crisis mundial y los efectos nocivos del neoliberalismo en América Latina, demostraron la inviabilidad del desarrollo nacional si no se regula, se pone límite y se planifica el interés privado. En especial, si no se establecen límites a los procesos de acumulación de poder de las metrópolis, el capital financiero y las multinacionales. Asimismo, los hechos demuestran que los grandes cambios sociales y políticos se organizan a partir de la movilización centrada en convicciones y valores y que el mero interés privado, no puede apuntalar el desarrollo de una nación. El agotamiento del denominado socialismo real, pone en serias dudas la posibilidad de garantizar el desarrollo con el sólo empleo de los valores y de la fuerza.

domingo, 16 de enero de 2011

¿Reformismo o peronismo en la ciencia y la tecnología argentina?

Aritz Recalde, junio 2010

Actualmente en el sistema científico y técnico argentino, coexisten dos grandes concepciones acerca de las diferentes maneras de organizar y de planificar sus actividades[1]. Estas dos corrientes políticas y culturales que definen los rasgos centrales de nuestro sistema científico son el reformismo y el peronismo. El MODELO REFORMISTA se relaciona al gobierno de Hipólito Yrigoyen y se centra en la promoción de la autonomía universitaria y en privilegiar el desenvolvimiento de las disciplinas humanas y sociales. Fue una concepción cultural de raíz vanguardista que se vinculó al contexto del país agroexportador y de servicios de principios del siglo xx. Dicha noción supone que la ciencia se desarrolla plenamente si se separa del Estado y de la democracia de masas privilegiando las decisiones internas del cogobierno universitario o de los ámbitos propios de la actividad de los científicos. Dicha definición y más allá de sus justificaciones filosóficas o sus modelos teóricos, implica que los recursos humanos y de investigación queden estrechamente ligados al interés individual de los profesionales y los académicos y que no se vinculen a la planificación de las políticas del Estado. La ciencia se torna en su comportamiento “anarquista” y favorece que cada investigador se desenvuelva en su acción de manera inorgánica e individualista. Los hombres de ciencia en la tradición reformista no inscriben su práctica en el desarrollo nacional, sino que elaboran sus acciones atendiendo solamente sus inquietudes personales o académicas propias de su pequeño espacio de acción: el docente, investigador o poseedor de beca se cree dueño de los recursos públicos. Las concepciones reformistas en la actualidad son un reflejo de nuestra dependencia social, económica y política. El subdesarrollo del país le imprime a la comunidad científica el síndrome anarquista, que no es no más ni menos, que una de las manifestaciones del sentimiento de inferioridad de nuestros intelectuales sumergidos en debates banales e intrascendentes sobre el devenir de cualquier lugar del mundo, menos de la Argentina. La dependencia económica política del país enajena al intelectual y le marca un horizonte sumamente estrecho que se expresa en tareas intrascendentes sin aplicación histórica. El MODELO PERONISTA de ciencia y técnica se vincula al nacimiento y al impulso en el país de la planificación científica estatal de carácter integral y a la promoción de la innovación tecnológica cuya finalidad es industrializar la argentina. Esta concepción establece que no hay posibilidad de desarrollo científico pleno e independiente en el país sin consolidar previamente la industrialización y la inserción de los sectores populares a la planificación de las políticas públicas. La ciencia y la innovación se organizan desde el Estado y el sector privado en función de los intereses nacionales y no viceversa como en la concepción reformista. El peronismo científico es la política que busca resolver el problema de la dependencia: planificar la ciencia con la finalidad de consolidar el desarrollo integral del país. El peronismo profundizó el desarrollo científico en áreas de importancia estratégica nacional como eran la producción de automotores, de aviones, de maquinaria agrícola, de energía atómica, petróleo, derecho, geopolítica, salud o comunicaciones. Dicha tarea implicó la formulación de Planes Nacionales de Desarrollo integral y sustentable (Quinquenales) y la organización y/o promoción de instrumentos institucionales como fueron el Consejo Nacional de Posguerra, el Ministerio de Educación, la Universidad Obrera, los consejos económicos sociales, las escuelas técnicas, las Academias Culturales, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o de Fabricaciones Militares. El modelo de desarrollo nacional implicó cambios radicales en la composición y en el funcionamiento de las instituciones educativas y científicas en relación a la tradición reformista: la educación y la ciencia en el modelo peronista fueron masivas y planificadas desde el Estado -dentro y fuera de las universidades-. La educación científica se tornó popular con la gratuidad universitaria (1949), con la construcción de obras de infraestructura, la multiplicación de institutos privados y públicos de innovación o con la aparición de los centros de investigaciones antecedentes del actual CONICET. El Estado promocionó carreras y líneas de investigación estratégicas del estilo de Ingeniería en Petróleo o en industrias o las ya mencionadas en energía atómica o salud. La aplicación de las dedicaciones exclusivas permitió que las universidades investiguen además de impartir docencia. No fue casualidad que el primer peronismo dispuso de las acciones de científicos e intelectuales prominentes como Ramón Carrillo (medicina), Manuel Savio (siderurgia, química y fabricaciones militares), Leopoldo Marechal (arte) Arturo Enrique Sampay (derecho), Raúl Mende (planificación), Arturo Jauretche (ensayista político) o Carlos Astrada (filosofía). Para estos intelectuales la conciencia nacional era el punto de partida para desarrollar la actividad científica y tecnológica.
Ambas corrientes ideológicas y políticas están vigentes en la actualidad y sostenemos a modo de hipótesis, que el reformismo tradicional corre el peligro de tornarse una concepción regresiva para el desarrollo nacional. Dentro del REFORMISMO no se producen debates demasiado profundos sobre un modelo científico nacional. El reformismo izquierdista ve en la universidad y en la estructura científica un medio para extraer militantes y no un instrumento para desarrollar la nación. El argumento sería que “la ciencia se va a poner al servicio del país cuando estemos en revolución socialista, mientras tanto no se discute la desconexión del conocimiento con el medio social y productivo”. No existe en la historia argentina un programa científico y técnico de izquierda reformista tradicional[2] y por el contrario, se proclama un universalismo abstracto caracterizado por unos debates que no por acalorados, dejan de ser menos intrascendentes. Su denuncia al burgués imposibilita la articulación posible entre la producción y la ciencia. La radicalidad del discurso esconde su práctica que es claramente conservadora. El liberalismo reformista está abocado a ser una subsidiaria de las metrópolis y se preocupa por respetar el país agrario y de servicios al cual no le hace falta un sistema científico técnico desarrollado. El país es el “campo” y lo administran la oligarquía, las cerealeras trasnacionales, los abogados y los economistas: la innovación científica se importa desde las metrópolis. En la actualidad el PERONISMO sigue siendo el sector más dinámico para la organización científica y técnica, ya que propone industrializar el país e implementar a partir de aquí, una acción intelectual y de innovación tecnológica integral. En la política científica iniciada en el año 2003 coexisten ambas tradiciones y es innegable, que en varias universidades y en organismos como el CONICET, siguen predominando prácticas caracterizadas por su desconexión con el modelo nacional de desarrollo. El peronismo científico está siendo aplicado desde algunas casas de altos estudios pero y principalmente, lo hace desde posprogramas del Estado. Lo ejecuta y por ejemplo, a partir de la puesta en realización de los programas de infraestructura más importantes de las últimas décadas y que incluye 100 obras universitarias terminadas o la construcción de una nueva sede para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El gobierno y retomando el modelo peronista de ciencia y técnica, está promoviendo carreras prioritarias (ingeniería, agronomía o informática) y un sistema de becas orientados a las carreras socialmente relevantes para el país. La acción estatal está promoviendo y financiando la innovación de nivel internacional de instituciones como la CNEA, el INVAP o Fabricaciones Militares. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la ampliación de los proyectos científicos ejecutados y el financiamiento de las carreras a cientos de estudiantes de posgrado, es un dato importante para el futuro de la organización y la planificación estatal de la ciencia y la innovación tecnológica. La promoción de las escuelas técnicas, el aumento del financiamiento educativo o la entrega de miles de computadoras, complementan un programa cultural y científico estratégico que si se perfecciona y se mantiene en el tiempo, va a oficiar como un pilar fundamental de la nueva Argentina industrialista.


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[1] Estas dos tendencias y tomando distancia de los estudios “académicos” en educación superior, no dividen al campo intelectual entre los supuestos promotores de los modelos “humboltianos o napoleonicos”. La forma en que se construye la historia de la ciencia y de la educación argentina es una de las manifestaciones de nuestra dependencia cultural: queremos encorsetar nuestras prácticas a los sucesos europeos desconociendo los procesos nacionales. Ni la ciencia, ni la política argentina son asimilables linealmente a los modelos de Alemania o a Francia. Es un absurdo frecuente el que aplican los intelectuales cuando quieren interpretar la autonomía universitaria citando a la universidad de Bolonia y no al contexto del gobierno de Hipólito Hirigoyen o a la historia de la legislación hispánica fundacional. Otro tipo de error frecuente es el hecho de mencionar a la UBA liberal y dependiente de 1821, como institución “napoleonica”: Napoleón era un emperador que puso la ciencia al servicio de un imperio y por el contrario, b. Rivadavia fue un dirigente liberal que dispuso del conocimiento al servio de los intereses coloniales. La ciencia del primero acompaño la construcción de un imperio y la producción de la UBA contribuyó a la balcanización del continente y a la implementación del programa aperturista y anti industrialista británico. El mismo inconveniente de interpretación se planteó con la Comisión Nacional de Energía Atómica o con el impulso de la producción de maquinaria agrícola o de aviones con Fabricaciones Militares durante Perón: algunos lo interpretaron como nazismo y otros como bonapartismo. Los modelos científicos y culturales reformista y peronista son en gran medida, originales de nuestro país y fueron exportados a America Latina. Esta condición no niega que estos retoman modelos del extranjero: pero los modifican y ajustan a la situación nacional creando modelos nuevos y originales.
[2] Los planteos de Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera o de Fernando Nadra a la hora de proponer un modelo científico para el país, lo hacen a partir de ajustar los aportes del reformismo de izquierda al proyecto nacional y no viceversa.