viernes, 25 de septiembre de 2009

CUADERNOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI


LA COLONIZACIÓN CULTURAL
Aritz Recalde –Septiembre 2009
Parte I: La industria cultural norteamericana y la guerra permanente.





(…) “La escuela, el periodismo, la radio, el cine, la Universidad, integran el frente de resistencia que los grupos económicamente encumbrados oponen al cambio social”. Juan José Hernández Arregui[1]

(…) “Un imperialismo fundado sobre bases económicas tratará naturalmente de crear una situación mundial en la cual pueda emplear en forma abierta, en la medida en que le es necesario, sus instrumentos económicos de poder, como las restricciones de los créditos, el bloqueo de las materias primas, la desvalorización de la moneda extranjera, y así sucesivamente. Considerará como “violencia extraeconómica” el intento de un pueblo o de otro grupo humano de resguardarse del efecto de estos métodos “pacíficos”. Empleará medios de coerción aun más duros (…) Por último, dispone todavía de instrumentos técnicos de eliminación física violenta, de armas modernas técnicamente perfectas, que se han vuelto de tan inaudita utilidad, mediando una inversión de capital y de inteligencia, como para ser realmente usadas en caso de necesidad. Para el empleo de estos instrumentos se está construyendo por otra parte un vocabulario nuevo, esencialmente pacifista, que no conoce ya la guerra sino sólo exclusiones, sanciones, expediciones punitivas, pacificaciones, defensa de los tratados, policía internacional, medidas para la preservación de la paz. El adversario no se llama ya enemigo, pero por eso mismo es presentado como violador y perturbador de la paz, hors-la-loi y hors- l`humanité, y una guerra efectuada para el mantenimiento y la ampliación de posiciones económicas de poder debe ser transformada, con el recurso de la propaganda, en la “cruzada” y en la “ultima guerra de la humanidad”. Carl Schmitt[2]


Los países nacen, se desarrollan y mueren en un estado de enfrentamiento político permanente o, como planteó Carl Schmitt: “la guerra y la enemistad forman parte de la historia de los pueblos.”[3] Dicha condición inmanente de la historia hace que la declaración de la guerra y de la paz sean etapas y medios a partir de los cuales las metrópolis buscan alcanzar sus objetivos políticos expansionistas como plataforma para lograr su desarrollo nacional. Las guerras entre las potencias fueron y son actualmente, una forma de dirimir el enfrentamiento con otras naciones y pueblos. Incluso, podríamos aseverar que la segunda guerra mundial no culminó en el año 1945, sino que siguió luego de Yalta con la lucha entablada por el reparto del planeta entre los bloques de las potencias triunfadoras. El conflicto por la posesión de los recursos del mundo se prolongó, desde esa fecha con otra dinámica, hasta la caída del Muro de Berlín y es innegable que y finalmente, su vencedor exigió los derechos al derrotado: Estados Unidos aplicó su programa neoconservador de manera violenta y brutal sobre gran parte del planeta durante casi dos décadas de una tiranía que fue ejercida políticamente, a veces de manera militar y en todos los casos, con una acción de enfrentamiento y avasallamiento económico. Hernández Arregui lo expresó claramente hace ya varias décadas al sostener que “Estados Unidos, tras la ciclópea estatua de la libertad que mira Nueva York, -“la sanguinaria, la monstruosa, la irresistible, capital del cheque”, como la llamaría Darío-, y no hacia el mundo, jamás ha reparado en medios para subyugar a los pueblos que caen bajo su esfera de influencia. Su actual política, favorable al reconocimiento de los regímenes militares, en sustitución de la anterior, partidaria de los gobiernos títeres que el Departamento de Estado consideraba “democráticos” y todos ellos, tutelados por su intervención directa o su consentimiento indirecto – como es el caso Betancourt en Venezuela – no es más que el descolorido cortinado de un nacionalismo prepotente y sin imaginación. La invasión de Santo Domingo, una vez más – y no será la última – lo prueba sin atenuantes”.[4] Efectivamente y tal cual transcurrió la historia posterior, Hernández Arregui tuvo razón: no fue la última asonada militar del imperio y sus operadores internos sobre el continente.
En este marco histórico e internacional, es pertinente mencionar que la industria cultural norteamericana se vincula estrechamente con la política exterior expansionista del país que se desenvuelve como un instrumento del aparato de colonización cultural que tiene entre sus funciones privilegiadas, la de justificar el programa imperial. Los bancos, los industriales, los obreros, técnicos y todo el conjunto de operarios de las fábricas conjuntamente a los cuadros militares, construyen las bases materiales de producción para la guerra norteamericana: en este marco, los políticos y la industria cultural de su país, la preparan y la justifican ante la opinión pública y finalmente y lo que es importante, la declaran como una ley de hierro que cae sobre las espaldas del Tercermundo. Sociedad, Estado, imperialismo e industria cultural se amalgaman y tal cual lo expresó Juan José Hernández Arregui (…) “La opinión pública es una de las caras del poder social. La estabilidad misma del Estado depende de ella. De acuerdo a lo que el Estado representa frente a las relaciones de poder, así será la propaganda periodística, radial o cinematográfica”[5].

(....) En este esquema de política nacional e internacional se desarrolla el cine norteamericano, que se desenvuelve como una manifestación cultural de una economía de guerra y de una potencia expansionista. Sintéticamente, podemos afirmar que existe una matriz que atraviesa las diversas expresiones de la industria del cine norteamericano y que presenta conjuntamente un argumento, un contenido y una imagen que:

PRIMERO: es apologética de la intervención policíaca, cotidiana y totalizadora del Estado sobre la vida privada de los ciudadanos norteamericanos en un país que, paradójicamente, hace alarde de ser la republica liberal ejemplar. Dicha mención permanente al “liberalismo” coexiste sin causar demasiadas contradicciones en la opinión pública, con un cine en el que los organismos de inteligencia intervienen teléfonos, domicilios, correspondencia, detienen personas y en el que las instituciones y órganos como el FBI y la CIA, son un motivo frecuente y reiterado que controla todos los ámbitos de la vida privada de los ciudadanos. El cine hace apología de un Estado autoritario que vigila e interviene policialmente la vida privada, generando un sentimiento de militarización total en el que se educa el ciudadano.

SEGUNDO: construye la enemistad permanente de la comunidad norteamericana contra un supuesto agresor externo, al cual hay que derrotar y suprimir del planeta. Las poblaciones que disponen de los recursos que ambiciona el país se tornan un enemigo total: la etnia, la raza, la historia o los sistemas de gobierno, componen la amalgama sobre la que se construye el enemigo sobre el cual hay que actuar en una acción de guerra. El cine norteamericano recorrió las relaciones exteriores de su país y es por eso que se construyó una imagen exportable, masiva y profundamente desvirtuada, de Rusia, de las guerras de Indochina, de las acciones en Medio Oriente o de la Latinoamérica actual. La acción económica es disfrazada de lucha cultural: se combate contra la religión soviética –el comunismo-, se lucha contra la cosmovisión “árabe extremista” –el ser musulmán– y se enfrentan los valores de Latinoamérica –“narcoterrorismo y autoritarismo”-.

TERCERO: construye un estado de emergencia interna permanente donde el supuesto enemigo externo circunda la vida cotidiana del ciudadano norteamericano. El cine catástrofe es una expresión clara de la imposición cinematográfica de una construcción del sentimiento de potencial ataque exterior. Sobre este estado de ánimo, se configura la animosidad negativa entre Estados y pueblos. Esta imagen se amplifica con la formación del terror vinculado en un potencial exterminio tecnológico: por ejemplo, es frecuente encontrar en el cine norteamericano un arma bacteriológica o atómica en manos de los árabes o soviéticos.

CUARTO: desarrolla una tarea de promoción y de constante apología del rol de las Fuerzas Armadas para la defensa de su país y del mundo. La guerra, el armamento o los valores ligados al combate, la justicia y la tarea y práctica militar son motivos frecuentes del cine norteamericano. Nación, Fuerzas Armadas y guerra permanente hacen a la constitución del ser nacional norteamericano.

QUINTO: el enemigo externo es universal, pero la defensa y salvación del planeta sólo una actividad norteamericana. Esta construcción induce a formar una opinión pública mundial centrada en la defensa del monopolio de la producción de armas y de la declaración legal de la guerra y la muerte. Reproduciendo literalmente los contenidos se puede deducir que los asesinatos efectuados por los norteamericanos son “legítimos” y los realizados por otras naciones (más: en general defensísticos) son expresiones de “terrorismo”. Estas concepciones contribuyen a reforzar la actual división internacional de la guerra y la declaración del derecho a la muerte, que tiene a Estados Unidos como principal detractor.

La industria cultural norteamericana recorre un complejo entramado de tensiones por un lado, entre la hegemonía que ejerce la dirigencia ligada a la industria de la guerra y su aparato de la colonización cultural y por otro, con diversos mecanismos como el financiamiento direccionado o la censura gubernamental. La cultura de la guerra se produce y reproduce a través de convicciones, pero además, de subsidios y de persecuciones políticas. Asimismo, debemos reconocer que no manejamos la hipótesis de que existe un “sólo” cine norteamericano, sino que en realidad, repasamos algunas tendencias generales sobre una corriente cinematográfica particular que es respaldada por la estructura rentística y concentrada de la industria cultural y los aparatos de prensa norteamericanos y que se exporta masivamente a las pantallas latinoamericanas. Norteamérica y su dirigencia van a la guerra junto a su industria cultural, furgón de cola de la organización internacional de la muerte y el saqueo histórico y diario del imperio sobre el Tercermundo. Frente a este cine de raíz colonial es bueno traer la propuesta del grupo Cine de Liberación que sostiene que (…) “creemos que basta que el cineasta conciba su existencia como una militancia en el terreno de la cultura para que ese cine, sea y pueda cumplir su praxis total. A fin de cuentas, si entendemos el papel del cineasta como el de un operario o trabajador de la cultura, quedará claro que las dificultades que habrá de atravesar no serán ni mayores ni menores que las que viven hace años los trabajadores de otros frentes sujetos a leyes mucho más coercitivas y dictatoriales. (…) Importa más llegar a un solo hombre con la verdad de una idea, que a diez millones con una obra mistificadora. Aquello libera: lo otro es ignominia”.[9]




[1] Hernández Arregui Juan José (1957). “Imperialismo y Cultura. La política en la inteligencia argentina”. Ed Amerindia, Buenos Aires. P 34.
[2] Carl Schmitt (2001). “El concepto de lo político”. En Teólogo de la política. Ed. Fondo de Cultura Económica, México. P 223.
[3] Carl Schmitt (2001). “Enemigo total, guerra total, Estado total”. P 146.
[4] Juan José Hernández Arregui (2004) “Nacionalismo y Liberación”. Editorial Peña Lillo. Ediciones Continente. Buenos Aires. Pp. 128-129.
[5] Hernández Arregui (1957). P 270.
9 Octavio Getino y Fernando Solanas (1969). “Notas de Cine de Liberación. Tema: La censura”. Revista De Marcha, Uruguay

martes, 8 de septiembre de 2009

Servicios Audiovisuales: liberación o dependencia

CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI
(El presente documento es un resumen de la propuesta del C.E.H.A. presentado al COMFER sobre la base del primer borrador del Anteproyecto de Ley Servicios Audiovisuales)

(…) “La cultura es un arma del dominio político”- Juan José Hernández Arregui

El C.E.H.A apoya la sanción definitiva del actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque:
PRIMERO: Considera que es el Estado, por intermedio de sus representantes elegidos en democracia, el actor legal y legítimo que debe planificar la comunicación atendiendo al interés social y cultural colectivo y que por lo tanto, no puede concederse la administración y control de los Servicios de Comunicación Audiovisual a empresas oligopólicas y a los negocios privados. Los medios de comunicación deben ser organizados por la democracia en función del interés del país, no por los grupos económicos concentrados y las corporaciones transnacionales.
SEGUNDO: Estima que el proyecto implica un gran avance en la democratización y en la organización de los Servicios de Comunicación Audiovisual, estableciendo reglas claras y precisas sobre tres cuestiones fundamentales: ¿quién emite?, ¿quién y cómo se controla? y ¿con qué objetivos se desenvuelve la comunicación?. Consideramos que el Anteproyecto implica un trascendente avance para hacer de la comunicación un instrumento del desarrollo nacional democratizando el acceso de las organizaciones libres del pueblo, a la producción, la emisión, la fiscalización y el control de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
TERCERO: Concluye que el Anteproyecto es consecuencia de propuestas, debates e iniciativas del Estado y de las organizaciones libres del pueblo. Las resoluciones de éstas últimas fueron recogidas por intermedio de las demandas y propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y a través de la organización de foros de debate en todo el país. Frente a la práctica de la democracia directa y popular que dio marco a dicho proyecto, aparecen los grupos reducidos de poder que por intermedio de operaciones políticas y construcciones falsas de sentido, enfrentan la legal y legítima decisión popular de sancionar otro marco institucional. Apoyamos el proyecto ya que consideramos innegable la trascendencia histórica que implicó conformar y concensuar una ley en base a la democracia directa y deliberativa y no por intermedio de los lobbys de los grupos concentrados de poder.

Atendiendo la diversidad de opiniones, de comentarios y las consecuentes modificaciones implementadas al texto, el C.E.H.A. considera pertinente mencionar brevemente en la agenda de debate, la importancia de incluir algunos aspectos de la relación entre la “soberanía nacional” y los Servicios Audiovisuales.

LA COMUNICACIÓN Y LA SOBERANÍA NACIONAL
La subsistencia de la comunidad nacional está estrechamente ligada al desarrollo pleno de los factores de la producción y el trabajo de nuestro país en el marco de la división del trabajo mundial. El desarrollo nacional se relaciona e interactúa con las acciones económicas, políticas y culturales del conjunto de los países y los grupos económicos que compiten por la obtención de los mercados o de los recursos naturales y financieros a nivel planetario. En esta línea, es bueno recordar que no fue casualidad que el paso previo para la entrega a manos privadas y extranjeras de los recursos estratégicos como el petróleo, fue la privatización de los canales y radios públicas que fueron transferidos a grupos económicos a partir de la sanción del la ley 23.696 de 1989, denominada como “De emergencia administrativa y reforma del Estado”. Dichos medios de comunicación privatizados, oficiaron en muchos casos como un instrumento para justificar la transferencia del patrimonio cultural, económico y social de los argentinos al extranjero y a las empresas trasnacionales. Transferido a particulares el ahorro nacional (servicios públicos, jubilaciones, bancos, recursos naturales, etc.) gran parte de la prensa concentrada y extranjera hijas de las privatizaciones se avocó:
- Primero: A cuestionar las OPCIONES POLÍTICAS AL SISTEMA NEOLIBERAL y a promover las agendas y programas de los imperios en el país; el periodismo concentrado fue el brazo cultural de los programas políticos del capital trasnacional. Actualmente al actuar privilegiando sus meros intereses comerciales, la prensa concentrada se vincula directamente a los proyectos de los grandes grupos económicos y a los gobiernos extranjeros que son sus publicistas. Sobre el particular, Juan Domingo Perón estableció que (…) Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los Estados han creado todo un servicio publicitario, disfrazado con diversos nombres o siglas” (Política y Estrategia. No ataco, critico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).
- Segundo: A garantizar la rentabilidad y el consumo de la producción extranjera importada ya que, y entre otros temas, dichos grupos económicos son generalmente auspiciantes de la prensa. En muchos casos, y cuestión que se evidenció notoriamente con el punto de vista del grupo Clarín acerca de las retenciones móviles del año 2008, la prensa se vincula a la estructura de negocios del capital trasnacional utilizando su influencia cultural para apuntalar el modelo productivo agroexportador y dependiente. A partir de aquí, que compartimos la opinión de John W. Cooke cuando estableció que “nosotros creemos en la libertad de prensa, de la prensa independiente y la ideológica, de la equivocada y de la que esta en la verdad; pero en lo que no creemos es en el derecho de estas empresas mercantiles y capitalistas para procurar que los resortes del Estado se pongan al servicio de sus intereses cada vez que hay cuestiones gremiales en juego” (Acción parlamentaria 16/03/1951).

La Argentina, que anteriormente fue una potencia política con un importante desarrollo industrial y pleno empleo, se transformó en una economía de servicios, raquítica y dependiente, extranjerizada y profundamente fragmentada en lo social: el modelo concentrado, monopólico, comercial y extranjerizante de los Servicios Audiovisuales, favoreció dicho proceso. Las reformas implementadas a la ley 22.285 durante la democracia, lejos de revertirlo fueron un agravante. A partir de aquí pudimos ver como con el neoliberalismo:
a- Importamos el trabajo extranjero en lugar de la producción argentina: la prensa concentrada favorece, diariamente, la publicidad y el consumo de las firmas extranjeras oprimiendo al productor y al trabajador nacional.
b- Entregamos la administración de los recursos estatales y financieros a privados y a empresas trasnacionales: es bueno recordar que el capital español y norteamericano controla empresas estratégicas que son protegidas por la presencia de su prensa en el país.
c- Abandonamos nuestra política exterior soberana e independiente para pasar a las relaciones “carnales con Estados Unidos”: en su lugar importamos los modelos de política de las potencias y su justificación del estado actual de conflicto bélico mundial y permanente. La radicación de bases militares en Colombia o la actual dictadura de Honduras, actualizan el debate sobre las relaciones exteriores del país y en especial, plantean claros desafíos para América Latina. Las potencias que son parte del conflicto lo entienden al pie de la letra: Estados Unidos utiliza la industria del cine para hacer “apología” de las ocupaciones en Medio Oriente y lo que interesa, lo hace para justificar sus políticas en América Latina (el llamado “narcoterrorismo”, entre otros, es una construcción simbólica del cine norteamericano que favorece la política de avance militar sobre el continente). A la industria cultural de recreación, la acompañan las campañas de la prensa de las potencias con canales de noticias para América Latina como CNN, o sus agencias de noticias (como la United Press International, Associated Press o Reuters), que son utilizadas para enfrentar a los gobiernos democráticos que toman medidas populares: la campaña contra las figuras de Hugo Chávez, contra Evo Morales o contra las retenciones en la Argentina, son ejemplos de la utilización política que hace la industria cultural y la prensa extranjera.

A partir de aquí es que sostenemos la importancia de encuadrar el debate de la ley en términos de soberanía nacional y por eso proponemos que:
PRIMERO: La ley debe promover el DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL, privada, cooperativa y especialmente, de aquellas ligadas a las empresas y servicios públicos en manos del Estado. Por eso, planteamos para la ley:
- Que se establezca un costo diferenciado para la emisión de publicidad por parte de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, en relación a las grandes corporaciones y a las empresas extranjeras.
- Que se prohíba la publicidad en los Servicios de Comunicación por suscripción -ya que el mantenimiento del medio está garantizado por la cuota que paga el usuario-, con la excepción de aquella ligada a la pequeña y mediana empresa nacional.

SEGUNDO: La ley entre sus objetivos debe priorizar los irrenunciables preceptos de SOBERANÍA Y DE SEGURIDAD NACIONAL. Por eso, proponemos:
- Que en el Titulo I, Disposiciones Generales, Articulo 3, Objetivos, se mencione “Promover la identidad argentina fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.
- Revisar las menciones a los Tratados Internacionales. Sobre éste tema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática planteó la importancia del cumplimiento efectivo de la “reciprocidad”, cuestión sumamente importante y que fue incluida en el texto que ingresó al Congreso. Nosotros planteamos, siguiendo la línea de la Ley de Educación Nacional, que debería esbozarse una modificación más profunda y tajante del asunto estableciendo que: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir los Servicios de Comunicación Audiovisual como una actividad meramente lucrativa o que alienten la extranjerización de la Comunicación y la puesta en cuestión de la soberanía cultural y política del país”.

- Introducir y siguiendo la ley 14.241 del año 1953, que (...) “Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios (…) que inciten a la traición contra el Estado, la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituidas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros”.

Para culminar, traemos a consideración unas palabras de Juan Domingo Perón que establecen claramente y sin medias tintas, el espíritu que queremos dar a nuestros aportes (…) “La preparación de la opinión pública de un país soberano es parte de la soberanía que ejerce el Gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse inmerso en el delito de alta traición”. (Política y Estrategia. No ataco, crítico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).