sábado, 26 de diciembre de 2009

La crisis de la Universidad de Buenos Aires




Aritz Recalde, CEHA - diciembre 2009

“Los estudiantes, al defender la “autonomía universitaria”, sin saberlo, tal es la fuerza de los credos morales, luchan en rigor, por el colonialismo”. Juan José Hernández Arregui[1]

La crisis actual de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se vincula directamente a su incapacidad para acompañar el debate y las acciones necesarias para promover el desarrollo nacional. El conflicto por la elección de autoridades es sólo una expresión más de su imposibilidad para contribuir a la resolución de los problemas nacionales y a la producción de conocimiento socialmente relevante.
La derecha radical cobista y el izquierdismo iluminista se juntan para producir y perpetuar la crisis. Los conflictos permanentes del cogobierno universitario y la última elección de Rector de la UBA, son sintomáticos de un sistema organizado en torno de un bagaje de ideas y de doctrinas arcaicas y lo que es innegable, analizando sus resultados, las acciones terminan siendo profundamente reaccionarias. El conflicto concreto por la elección de un Rector o el debate desatado en torno de él, son hechos atendibles y habituales a la universidad. No es habitual que el conflicto impida uno de los rasgos centrales en el cual se inscribe su supuesta causa: la democracia del cogobierno. Uno de los grupos en pugna - el sector estudiantil- bloquea las acciones de los ámbitos en donde pierde la elección y lo hace en nombre de la “democratización” e impide la libertad por la que supuestamente aboga. La única elección legitima, parece, es la que gana algún candidato de la FUBA. Dejando de lado este detalle, paradójico y absurdo, lo que nos interesa remarcar son los argumentos y las doctrinas esgrimidos por la FUBA y por algunos miembros docentes y graduados de la universidad. La desubicación del “desmovimiento estudiantil”, no es un tema nuevo y por el contrario y con pocas pero honrosas excepciones, es una práctica frecuente de los cenáculos vanguardistas indigestados con bibliotecas europeas, que los distancian del país y los estrecha a los pasillos de la isla democrática. Lo grave de esta situación no son simplemente sus dificultades tácticas para hacer política y que en algún momento e indefectiblemente, los llevó a enfrentar a todos los gobiernos progresistas del siglo XX y XXI o como dijo Juan José Hernández Arregui “Han estudiado tanto que en política siempre se equivocan”[2]. El problema tampoco son sus excéntricos métodos que fomentan que haya elecciones sólo donde ellos ganan y que además lo hagan en nombre de la autonomía y el reformismo de 1918. Por el contrario, la crisis de la universidad se define por su incapacidad para democratizarse en su verdadera y única forma y contenido: servirle al país que la financia y le da razón de ser. Para comprender la desconexión, la falta de seriedad en las agendas de debate o su desprecio con el país real, solamente hay que escucharlos hablar. Por ejemplo, el estudiante crónico y presidente de la FUBA Cristian Henkel, arguye que el problema de la UBA es la falta de democratización del cogobierno caracterizado por contener “camarillas”. En su opinión si le damos algún congresal más a la FUBA y el voto a algunos docentes relegados, la UBA será democrática. Su poco original planteo iluminista y vanguardista preocupado solamente por mantener sus privilegios en la universidad, reposa en un infantilismo absurdo y simplista que tuvo alguna lógica a 6 años de la Ley Sáenz Peña, pero no en pleno siglo XXI y a 26 años de la reapertura democrática de 1983.
La representación de los intereses y los miembros del pueblo y sus organizaciones no existe para estos democratizadores. Con banderas rojas y consignas rimbombantes piden por sus privilegios que son propios de la vida interna de la universidad y en ningún momento, se discute seriamente cuál debería ser el rol de la UBA para contribuir con el desarrollo sustentable país: ¿Qué profesionales deberían formar? ¿Qué transferencia demanda la región de la C.A.B.A. y el conurbano? ¿Cuáles son los posgrados que necesita el país? ¿Cuáles son las Carreras que demanda el país?, ¿Cómo podría intervenir la universidad con acciones socialmente relevantes para los humildes?, ¿Cómo podría intervenir la universidad en los debates sobre la pobreza, la industrialización, los recursos naturales, la vivienda, la dependencia tecnológica, el medio ambiente, la energía o la salud?. A la FUBA y a muchos de los Asambleistas[3], de izquierda a derecha, radicales e izquierdistas, docentes y alumnos, no se les ocurre pensar que en un país con 40 millones de argentinos, solamente 1,3 millones van a ir a la universidad y que además y tema preocupante, aproximadamente el 70% de ellos no van a culminar sus estudios. Posiblemente tenga razón Hernández Arregui cuando estableció que “piensa, la clase media universitaria, que al pueblo hay que enseñarle a ser libre”. Frente a este panorama hay que reconocer que la única y verdadera “camarilla” es el cogobierno de la UBA que se desentiende del pueblo y del país. El día que la clase media acomodada que consume su tiempo y el dinero de los pueblos en rimbombantes luchas “por un pibe, un docente o un graduado más en el cogobierno”, se enteren a conciencia de que hay un país que paga sus estudios, van a actuar en consecuencia. El año 1918 y la “reforma” que tanto se nombra para defender el privilegio de administrar dinero ajeno sin importar para qué y con qué finalidad, nos legó medios (cogobierno) y además fines: los fines de la reforma vinculados a la impronta renovadora de la juventud coexistieron en su origen con el cogobierno, pero y es bueno decirlo, no siempre estuvieron fusionadas dichas variables. El APRA peruano, el Movimiento 26 de julio de Fidel Castro y el peronismo retomaron los “fines” de la reforma y los jóvenes y los científicos actuaron junto a su pueblo en la resolución de sus problemas nacionales, sin preocuparse demasiado por la autonomía o por que algún joven o docente entre al cogobierno para salvar a la universidad y al mundo. Ninguna revolución social y nacionalista de America Latina con la excepción del peronismo en 1973, introdujo la autonomía de la universidad como sinónimo de cogobierno. La cara opuesta de esto, es la experiencia argentina y hoy parece que a la FUA, la FUBA y a los Asambleistas y docentes, cobistas e izquierdistas, lo único que les preocupa profundamente es administrar la plata ajena sin rendir cuentas a la sociedad. Hernández Arregui lo vaticino cuando afirmó que “la vida universitaria, en su alto nivel, queda reducida a una diputa de cargos”.
Lo chocante de todo esto es la coexistencia de discursos totalmente distanciados de las prácticas. Por un lado, se enuncia un argumento de izquierda y por otro, hay una práctica liberal, de derecha y acomodaticia y por ejemplo, no podemos desconocer que entre tanto modernismo y vanguardia de los discursos hay mucho medievalista en la FUBA: sus empleados de las fotocopiadoras son verdaderos siervos de la gleba que no conocen los derechos laborales. La política del “pone un pibe de la FUBA o un docente cobista al gobierno y salvarás al mundo”, se complementa con la consigna de quién propone la concepción y el modelo de sociedad más inaplicable. El mundo nunca se ajusta al modelo teórico cobista UCR liberal y tampoco al del socialismo estrafalario y por eso estos grupúsculos ven “todo negativo” en los procesos de masas. Decir “todo negativo” es simple y no así, lo es construir una alternativa para el país y por eso les fascina “denunciar” ante Clarín y la prensa oligopólica: la Franja Morada marcha “contra” las Retenciones K y la FUBA “contra” los burgueses K. Ahora, nunca se los vio en las casas de los humildes, en el campo o la ciudad, contribuyendo y por ejemplo, a que los hijos de los trabajadores gestionen el subsidio universal por hijo recientemente sancionado, desarrollen un emprendimiento productivo o accedan a los derechos laborales que fija la ley. Todo muy mundano y simple, cosas de “burgueses cegetistas o kirchneristas”. Hay que crear conflictos y espectáculos y por ejemplo, se da la paradoja de que en los años 60 y 70 las organizaciones evitaban con complejos esquemas de seguridad la represión y hoy en plena democracia, hay que organizar el autobombo para luego “denunciar” las respuestas buscadas.
La UCR cobista, el izquierdismo y los “independientes” se enroscan en estos debates sobre porciones de poder del cogobierno como si fueran los únicos temas. De izquierda a derecha, se le rinde tributo a la UBA de Bernardino Rivadavia inaugurada en 1821: una universidad de espaldas al país, y profundamente elitista. Por suerte para la Argentina, los problemas de la UBA no son los del conjunto del sistema de educación superior y hay otras universidades que se vinculan a los intereses nacionales y a la resolución de los dramas sociales de la región. Por ejemplo, hay instituciones preocupadas por el problema social y por eso este verano la Universidad de Lanus recibirá a más de 500 niños de comedores comunitarios de la zona para hacer actividades comunitarias, deportivas y culturales. Asimismo, hay universidades que están promoviendo la formación de carreras estratégicas y la ejecución de investigaciones que sirvan a la consolidación de la ciencia y las innovaciones tecnológicas, como es y por citar solo un ejemplo, la universidad de Río Negro que está trabajando con el INVAP para el desarrollo de Ingeniería Electrónica. Estas instituciones están verdaderamente consustanciadas con el desarrollo nacional y no se ven inmersas en feroces internas del cogobierno y lamentablemente, no salen en la prensa.
El cogobierno es un privilegio de los universitarios que les otorga derechos, pero y especialmente y para ser justos con la tradición de 1918, también establece deberes y responsabilidades. En este cuadro, el desenvolvimiento de los principales sucesos del país y de la universidad han demostrado un hecho fácilmente contrastable: mientras los reformistas y la derecha de la UCR dicen bravuconadas izquierdistas o liberales, el peronismo hace obras y desarrolla acciones. Mientras históricamente los liberales y la FUBA se pelearon en el cogobierno, el peronismo desde la democracia de masas construyó obras, desarrolló la ciencia aplicada a la industria automovilista o aeronáutica y sancionó las reivindicaciones del pueblo postergado como fueron la gratuidad universitaria o los servicios sociales para estudiantes. La actualidad es más que esquemática en ello y se puede observar que hay un gobierno nacional que avanza en realizaciones en medio de estos estériles e irresponsables conflictos. Por ejemplo, hay que decir que desde 2003 el gobierno está consustanciado con el establecimiento de los derechos de los universitarios y por eso sancionó el 82 % móvil para las jubilaciones docentes, creo 8 universidades, construyó cientos de obras e implementó planes para pasar a planta a los docentes ad honorem y aumentó sueldos, entre otros temas. Asimismo y lejos de los debates infecundos y sectarios propios del ombliguismo ilustrado, el gobierno está promoviendo las carreras estratégicas para la nación (Promei, promagro, etc.), financiando la ciencia y las innovaciones tecnológicas con un nuevo Ministerio, repatriando científicos, apoyando al CONICET, entregando becas en las áreas de producción de conocimiento socialmente relevante, financiando el Voluntariado, etc. Ni la FUBA, ni la UCR cobista, ni la izquierda independiente dice nada de la inversión actual en educación Superior que realiza el gobierno. Posiblemente, su ceguera ideológica, sus feroces internas sectoriales y sus intereses individuales no se lo permitan. La UCR cobista y el infantilismo de izquierda, están solamente preocupados por sus cargos y espacios y por eso cuestionan y ven solamente “todo negativo” en la trascendente gestión universitaria iniciada en el año 2003.

La universidad será democrática si se compromete con los intereses del pueblo y no importa si la gobierna un docente o un alumno más o uno menos. Frente este panorama sólo podemos reconocer una cosa: a la izquierda de la democracia de masas que acompañó y acompaña al peronismo no hay nada, solo discursos de una clase media autodenominada vanguardia. Solamente hay un liberalismo de izquierda y de derecha preocupados por mantener y perpetuar sus propios intereses.
[1] Juan José Hernández Arregui, Nacionalismo y Liberación. Ed. Peña Lillo. Ed. Continente. Buenos Aires, 2004. P 144
[2] Muchos docentes y la FUBA enfrentaron públicamente a Hipólito Yrigoyen, a Juan Perón, a Arturo Frondizi, a Arturo Yllia, a Néstor Kirchner y actualmente son opositores a Cristina Fernández.
[3] Hay que reconocer que la oposición a la Asamblea por los miembros de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, Medicina, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Filosofía y Letras e Ingeniería, encuentra entre sus argumentos cuestiones más profundas y por ejemplo, en el comunicado del 14/12/09 sostienen que “La UBA es de sus docentes, graduados, estudiantes y trabajadores no docentes, pero también del conjunto de la sociedad que la sostiene con el valor de su trabajo. Defendemos a la autonomía como principio fundamental para el ejercicio de una práctica regida por el interés del conocimiento, pero rechazamos el aislamiento universitario. Creemos necesario profundizar la defensa de la Universidad pública y gratuita y trabajar por una Universidad con compromiso social, creadora y popular. Juzgamos imprescindible vincular la producción académica de excelencia con los principales temas de la agenda pública, de modo de constituir a la UBA en voz pública respecto de los grandes temas sociales y políticos, a partir de su tarea específica, esto es, la producción de conocimientos. Queremos, en definitiva, una universidad definida por su misión principal y no por los diversos pragmatismos, dependientes de las coyunturas, que suelen devenir en simple y llano oportunismo”.

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Historia, Presente y Futuro del Peronismo Universitario



El peronismo universitario tiene HISTORIA:
En el año 1949 creamos el MINISTERIO DE EDUCACIÓN;
En el año 1949 decretamos la GRATUIDAD UNIVERSITARIA y en el año 1954 le dimos fuerza de ley;
En el año 1949 ELIMINAMOS LOS CURSOS DE INGRESO;
En el año 1947 instituimos por ley las DEDICACIONES EXCLUSIVAS para los docentes;
En el año 1949 abrimos la UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL con carreras industriales, con horarios nocturnos para los trabajadores y con un gobierno con representación popular;
Entre 1946 y 1955 permitimos el ingreso de más de 10 mil ALUMNOS LATINOAMERICANOS;
En el año 1949 le dimos SANCIÓN CONSTITUCIONAL A LA AUTONOMÍA de la universidad y al derecho al acceso a BECAS a los trabajadores;
En el año 1974 le suministramos VOZ Y VOTO A LOS NO DOCENTES en el gobierno de la universidad;
En menos de 20 años escribimos 3 leyes universitarias: 1947, 1954 y 1974;
En el año 1974 expulsamos de la universidad a los representantes de la reacción Roberto Alemann y José Alfredo Martínez de Hoz;

El peronismo universitario tiene PRESENTE y entre los años 2003 y 2009:
Sancionamos el RÉGIMEN JUBILATORIO DEL 82 % MÓVIL para docentes.
Creamos 8 NUEVAS UNIVERSIDADES;
Aumentamos la INVERSIÓN EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES en más del 400 % y se sancionó una ley de financiamiento educativo;
Aumentamos los SALARIOS DOCENTES más de 400%;
Dispusimos de presupuesto para que cobren los docentes ad honorem y por eso más de 3.000 trabajadores lo están haciendo actualmente;
Duplicamos los sueldos y el número de becarios del CONICET que ya superan los 5.500;
Apoyamos la creación y financiamos los COMEDORES UNIVERSITARIOS en todo el país;
Dispusimos de 30 mil BECAS BICENTENARIO para que los hijos de los trabajadores estudien las carreras estratégicas para la Argentina;
Financiamos la creación de NUEVAS OBRAS Y LA REMODELACIÓN de cientos de instituciones en todas las universidades con una inversión cercana a los 200 millones de pesos;
Creamos el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y financia actualmente más de 2.000 proyectos para promover su desarrollo en la Argentina;
Implementamos la política de REPATRIACIÓN DE CIENTÍFICOS ARGENTINOS en el exterior que ya alcanzan a 600 colegas que regresaron a nuestro país;
Apoyamos masivamente la EXTENSIÓN y creamos y financiamos el programa de Voluntariado universitario que cuenta con cerca de mil programas de trabajo con la comunidad;
Apoyamos la EDUCACIÓN TÉCNICA en todos los niveles, sancionamos una ley e instauramos los programas de mejoramiento de disciplinas como ingeniería, agronomía, farmacia, veterinaria y bioquímica, entre otras;
Disponemos de partidas presupuestaria para desarrollar CURSOS GRATUITOS DE POSGRADO para los docentes y no docentes de la universidad;

El peronismo universitario tiene FUTURO: sumate a construir la universidad y el país que soñamos.

jueves, 10 de diciembre de 2009

¿Universidad reformista o universidad nacionalista?


Aritz Recalde - noviembre 2009

(Publicado en Revista Revisión)

En la historia reciente de las universidades argentinas coexisten diversas corrientes políticas y culturales sobre los diferentes modelos de educación superior. Dichas posiciones pueden sistematizarse en dos grandes perspectivas.
Por un lado, se encuentra la concepción “reformista” de la universidad cuya génesis se vincula a una interpretación parcial[1] de las jornadas de córdoba del año 1918, cuestionando y continuando a su vez, algunos rasgos tradicionales de la universidad argentina de raíz liberal[2]. Esta concepción fue refundada con el golpe militar de 1955 y en particular, con el ascenso de Eugenio Aramburu y la sanción del decreto ley 6403/55. Dicho proyecto establece una concepción política e institucional centrada en la importancia de establecer un gobierno universitario autónomo de la democracia de masas. Incluso, los miembros de la universidad pueden enfrenarse directamente al sistema político mayoritario justificando dictaduras en nombre de la defensa de sus propios intereses: 1930 o 1955[3] son dos fechas en donde importantes sectores de la universidad reformista pidieron públicamente golpes de Estado reivindicando consignas ligadas la autonomía universitaria. En la tradición reformista existe una marcada distancia entre el desarrollo social, económico, cultural y político del país y los programas de la universidad (investigación, transferencia, enseñanza y extensión). Dicha condición escindida entre la universidad y el proyecto nacional, encuentra su justificación en la supuesta existencia de una vanguardia cultural de clase media, que protegería los ámbitos de producción del saber de las desviaciones de poder externo a las casas de altos estudios. Esta corriente y retomando la tradición liberal de la universidad, reproduce en los ámbitos educativos y científicos las producciones de saber europeos y norteamericanos, estableciendo por acción deliberada u omisión, la inexistencia o la supuesta inferioridad de la cultura nacional. La reproducción de saber extranjero agudiza la separación entre la elaboración de conocimiento y los problemas nacionales: la universidad tiene como objeto de estudio privilegiado las agendas de reflexión extranjeras que y generalmente, son distantes del conocimiento socialmente relevante para el país. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una institución típica de esta tradición.
La tradición reformista contrasta con aspectos importantes del modelo de universidad del nacionalismo popular que fue introducida por el gobierno del general Perón y continuada por intermedio de los debates de las décadas del sesenta al setenta[4]. Dicha corriente intelectual y política sostiene que la universidad debe acompañar el modelo de desarrollo nacional y no viceversa. En este cuadro, la preocupación por la autonomía y el cogobierno pasan a un segundo plano y se priorizan los debates en torno de la consolidación de una arquitectura institucional que pueda dar cuenta de las demandas y los anhelos de la democracia de masas y de las organizaciones libres del pueblo. Las investigaciones, la extensión, la enseñanza o la transferencia se organizan teniendo en cuenta el proyecto nacional y las demandas regionales socialmente relevantes. Un modelo típico de dicha concepción fue la Universidad Obrera Nacional que se vinculó directamente desde su origen al proyecto del gobierno que se propuso industrializar el país y declarar e institucionalizar los derechos de los trabajadores. Con dicha finalidad la Universidad Obrera promovió el acceso al aula de los trabajadores[5], desarrolló carreras que se correspondieron a la producción y a la industria regional[6] y fue gobernada con representación directa de los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT)[7]. Como se observa y a diferencia de la tradición reformista, el modelo del nacionalismo popular promueve carreras y líneas de investigación no tradicionales (abogacía, economía y medicina) y ligadas a las demandas de la región y al proyecto nacional. Asimismo, incluye en sus órganos de gobierno a representantes directos de las organizaciones libres del pueblo ajenos a la universidad. En esta concepción se considera importante el conocimiento socialmente relevante que no se produce en la universidad y por eso se promueve el estudio y la problematización de la cultura local, regional y nacional en sus currículas.
La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) es una institución que recoge desde su nacimiento muchos de los legados del modelo universitario del nacionalismo popular y en especial, en los aspectos concernientes a la importancia de generar una vinculación directa de la UNLa con el proyecto nacional y regional, promoviendo el estudio y la divulgación de la cultura nacional. En este sentido, la Rectora de la UNLa Ana Jaramillo, define a dicha casa del altos estudios como una “Universidad Urbana Comprometida” que (...) “ha decidido que es la comunidad con sus problemas la que define su currícula. También hemos decidido que, inversamente al planteo escolástico, nuestra función hoy debe ser textualizar los problemas más que problematizar los textos, si queremos modificar nuestro futuro y poder decir junto a Scalabrini Ortiz que “aquí también se aprende a defender a la patria”[8]. Como se puede observar, se produce un doble desplazamiento que modifica la visión tradicional de la universidad reformista. Por un lado, se reconoce la decisión estratégica de la UNLa de formular carreras, desarrollar investigaciones, implementar procesos de transferencia y actividades de extensión en función de las problemáticas locales y regionales. Asimismo, Jaramillo entiende que el conocimiento se produce no solo en la universidad, sino que y por el contrario (...) “el conocimiento en sus diversas formas reside en toda la sociedad. Supone que participan en la generación y distribución del conocimiento el conjunto de la sociedad civil, el Estado en sus diversos estamentos y jurisdicciones, la empresa privada, así como organismos no gubernamentales”[9]. Universidad, proyecto nacional y problemas regionales se fusionan y estructuran el currículo de la UNLa. Es bueno remarcar que frente a la fuerte impronta europeísta de la universidad liberal y reformista argentina, la UNLa reconoce la existencia de la cultura y la producción de conocimiento nacional y en especial, reivindica los aportes intelectuales de las figuras de suma trascendencia como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós, Rodolfo Ortega Peña, Leopoldo Marechal, Homero Manzi o Juan José Hernández Arregui, que dan nombre a los edificios de la UNLa. La UNLa promueve carreras de grado ligadas la región como son y por ejemplo, las licenciaturas[10] en Ciencia y Tecnología en Alimentos, en Gestión Ambiental Humana, en Enfermería o en Seguridad Ciudadana y también de posgrado, como son las maestrías en gestión de PYMES o en Salud Mental Comunitaria. Para dar cauce a las opiniones de la comunidad y como un medio para implementar una acción coordinada con las instituciones y habitantes de la región, la UNLa estableció un Consejo Social Comunitario con representación del ejecutivo municipal, de organizaciones de la comunidad y de miembros de la universidad.

Ambas tradiciones que fueron resumidas por una cuestión didáctica, coexisten en el sistema de educación superior argentino. En algunos casos, dichas concepciones y modelos institucionales se complementan y en otros aspectos, se contradicen. La tradición del nacionalismo popular fue interrumpida con los golpes de Estado de 1955 y de 1976, que dejaron como saldo que la reapertura de la democracia de 1983 imponga el modelo reformista retrotrayéndonos en los debates universitarios varias décadas. Muchas de las nuevas universidades del conurbano, con mayores o menores desarrollos y aciertos, han recuperado muchas cuestiones del modelo del nacionalismo popular respetando el esquema del gobierno tripartito[11] instaurado con la dictadura de 1955. Es interesante remarcar, que la experiencia de la UNLa y de manera similar a otras nuevas universidades que han implementado aspectos del nacionalismo popular, han tenido un importante desenvolvimiento y crecimiento caracterizado por el incremento de las matriculas, el ingreso de los sectores populares y la promoción de nuevas carreras de grado y de posgrado que son estratégicas para el desarrollo del país.


Bibliografía
- Jaramillo, Ana, La universidad frente a los problemas nacionales. Ed. UNLa, Lanús, 2006
- Recalde, Aritz, Universidad y Liberación nacional, Ed. Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007.

Normas
- Constitución nacional de 1949.
- Estatuto de la Universidad Nacional de Lanús - www.unla.edu.ar
- Estatuto de la Universidad nacional de Rio Negro - www.unrn.edu.ar
- Ley 13.031/47.
- Decreto ley 6403/55.
- Ley 20.654/74.


[1] El movimiento de la “reforma del año 1918” estableció “fines” y “medios”. Entre los fines mencionados en el Manifiesto Liminar estaba la necesidad de reactualizar los contenidos y las formas de transmitir el conocimiento y su relación con la sociedad. Los “medios” sugeridos para alcanzar los fines fueron el cogobierno (distinto de gobierno tripartito posterior a 1955). Finalmente, la tradición reformista vigente hasta la actualidad, se apoderó de los medios sin discutir demasiado con que fines los utiliza.
[2] Tradición cultural y política ligada a la fundación de la corriente intelectual iluminista porteña de Bernardino Rivadavia y de la Universidad de Buenos Aires de 1821. Las elites porteñas expresaron la frustración del imperialismo militar británico: la derrota militar de 1806 culminó con el triunfo cultural y político ingles que fue implementado por los intelectuales al servicio de los intereses del extranjero.
[3] El gobierno tripartito tradicional (docentes, estudiantes y graduados) fue concedido por Eugenio Aramburu a los socios del golpe de Estado que intervinieron de manera violenta las universidades: PS y UCR. La segunda forma del gobierno tripartito (docentes, no docentes y estudiantes) fue introducida en el año 1974 con la ley 20.654 dando paso al gobierno cuatripartito actual de muchas universidades.
[4] En el año 1973 se implementó el modelo del nacionalismo popular en las universidades a partir de una acción protagónica de la juventud que acompañó la revolución justicialista. Dicha experiencia articuló de manera positiva la tradición del reformismo (cogobierno) con el nacionalismo popular (universidad al servicio del proyecto nacional).
[5] Dicha medida fue complementada con la sanción de la gratuidad universitaria y con la supresión de los aranceles el día 22 de noviembre de 1949 (decreto 29.337/49).
[6] La noción de regionalización aparece mencionada en el artículo 2 inciso 4, de la ley 13.031 del año 1947 que estableció que entre los objetivos de la universidad estaba el de “Estimar el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales”. La constitución del año 1949 se refirió a la regionalización de la universidad de la siguiente manera: “Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
[7]La U.O.N. -actual Universidad Tecnológica Nacional o UTN- fue creada por la ley 13.229/48 e inaugurada en octubre de 1953. Entre las carreras promovidas estuvieron las de Ingeniería Ferroviaria e Ingeniería Química en Tucumán o la de Ingeniería Aeronáutica en Córdoba. El Rector tenía que ser un obrero egresado de la Escuela Sindical de la CGT y trabajaba con un Consejo de Coordinación Industrial con representación del capital y el trabajo.
[8] Jaramillo, A. La universidad frente a los problemas nacionales. Ed. UNLa, Lanús, 2006. P 8.
[9] Op. Cit. Pág. 19.
[10] La UNLa organiza las carreras en dos etapas: un primer ciclo corto de Tecnicatura y un segundo de licenciatura. Los títulos intermedios son un importante elemento para reducir la deserción y para vincular la educación a la producción y el trabajo. La noción de “carreras cortas” tuvo como antecedente el proyecto institucional de Rodolfo Puiggrós en la UBA del año 1973 que buscó acercar la educación a los trabajadores.
[11] La mayor innovación en el gobierno de las Universidades Argentinas la realizó la Universidad Nacional de Rio Negro que institucionalizó un sistema de toma de decisiones con participación de las organizaciones del trabajo, de la producción y el Estado.

miércoles, 21 de octubre de 2009

CUADERNOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI



CUADERNO Nº 3
MODELOS DE DESARROLLO EN LA ARGENTINA

Aritz Recalde - 0ctubre 2009

“La Argentina sufrió una de las peores formas de destrucción: el sojuzgamiento y el estancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotros mismo, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Para ello debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones. Y, paralelamente, consolidar la unidad nacional, en una sociedad dinámica, cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. Este es un plan de liberación. Liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción les será asegurada, cualquiera sea su actividad o el lugar en que vivan. Liberación de la arbitrariedad de los poderosos, liberación de la coacción extranjera”[1]. Plan Trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, Poder Ejecutivo Nacional, diciembre de 1973.

“En la vasta zona de países rezagados, que abarca a dos tercios de la población humana, América Latina vive su segunda revolución nacional. La primera, de la Independencia, fue obra del pueblo en armas. La segunda y actual, es la de su desarrollo integral”. Juan Enrique Gugliarmelli[2]

APARTADO I- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
La noción de “modelo de desarrollo” refiere al debate centrado en las diferentes formas de organizar política, económica, social y culturalmente una comunidad nacional. Los distintos modelos implican un tipo de inserción específica del país en el teatro de la división del trabajo mundial y, de ella depende la posibilidad de lograr la emancipación plena y sustentable de sus habitantes. Decimos “modelo” ya que reunimos y presentamos de una manera simplificada y bajo las categorías de “liberalismo, desarrollismo, nacionalismo y socialismo”, todo conjunto de comportamientos sociales, políticos e históricos que son una construcción ideal o conceptual explicativa y que no encuentran una relación directa y determinista con el comportamiento de la sociedad. Son “modelos” y esquemas conceptuales y explicativos que no dan cuenta del conjunto de los factores y de las relaciones históricas situacionales, pero que pese a eso, nos permiten sistematizar algunas líneas interpretativas básicas acerca del comportamiento de los principales procesos de desarrollo encarados en la Argentina. En tanto son sólo modelos conceptuales, no podemos dejar de mencionar que existen cruces entre ellos y que los procesos históricos tomados como ejemplos encuentran características compartidas que no van a ser comentadas por cuestiones más bien didácticas.
Decimos que la noción de “modelos de desarrollo” es un “debate” ya que no existe una posición unívoca acerca de cuál es la receta o el proyecto capaz de encauzar el desenvolvimiento armónico, estable y perdurable de los factores sociales, económicos, políticos y culturales que dan consistencia y permanencia a la comunidad nacional. En realidad, es innegable que hay diferentes modelos en tanto los actores sociales que interactúan en el país y el extranjero encuentran intereses y en varios casos, objetivos claramente disímiles y enfrentados. Toda relación de poder se organiza políticamente, militarmente y además, se justifica culturalmente: la lucha por el poder se manifiesta en los debates sobre los diferentes “modelos de desarrollo”, que en muchos casos, son claramente antagónicos.
Consideramos pertinente relacionar el término “modelo de desarrollo” al de “comunidad nacional” por el hecho, insoslayable desde el estudio histórico, de la existencia de los Estados nacionales como marcos de encuadramiento, de organización y de desenvolvimiento de las relaciones de poder en los siglos XIX, XX y XXI. No se puede lograr un desarrollo social y económico perdurable sin consolidar previamente la comunidad nacional como unidad soberana. La competencia y la lucha de Estados a nivel internacional hace que los actores y los grupos sociales que habitan el país, sean aplastados por la acción de las metrópolis y sus operadores internos que garantizan la implementación de los programas del neocolonialismo y la dependencia. Las propuestas teóricas y políticas que creen superar el problema nacional a través de la introducción de las categorías de “internacionalismo, latinoamericanismo o regionalismo”, están lejos de resolver la cuestión. Con este postulado no negamos la importancia estratégica que implica la unidad latinoamericana ya que y tal como estableció Juan José Hernández Arregui: “Iberoamérica reúne las condiciones de una nación integral (…) la lucha por la independencia nacional de las nacionalidades latinoamericanas debe ser coordinada, pues no habrá independencia nacional fuera del cuadro general de la lucha antiimperialista latinoamericana.”[3] Hecha esta aclaración es importante remarcar el orden de las prioridades: la organización nacional es el paso previo para discutir cualquier tipo de integración y no hay muchas opciones a ésta ley de hierro de la política internacional, salvo que propugnemos ser un satélite o una semicolonia subordinada a otro país. A la hora de mencionar la categoría de nación lo hacemos como “comunidad” por el hecho de que la posibilidad misma de su desarrollo involucra el hecho de articular actores e interés disimiles. La organización nacional en el Tercer Mundo no es una tarea de un sólo grupo social o de una clase, sino que es una actividad de un frente político o de un conglomerado de organizaciones libres del pueblo. Hernández Arregui se refirió a esta cuestión de la siguiente manera: “La política de liberación, a pesar de cierta interpretación recíproca entre clases sociales interesadas -proletariado y burguesía industrial, etc.-, avanza sobre antagonismos vivientes que generan diversas ideas sobre el desarrollo nacional, y miden el desorden e indeterminación de estos periodos políticos, bien aprovechados por las clases explotadoras amenazadas de desplazamiento, o decididas a superar privilegios de antaño. A pesar de ello, el proletariado nacional, en tanto la burguesía industrialista contribuya al desarrollo, debe apoyar tal tendencia, no por solidaridad “patriótica” de clase, sino como táctica, pues el nacionalismo del proletariado es distinto al de la burguesía, aunque puedan ambos concurrir por separado, en las etapas preliminares, siempre contradictorias de la lucha, a la emancipación nacional”.[4]
El concepto de “pueblo” al que hacemos referencia tiene un sentido político, uno económico y otro cultural. Como categoría económica, el pueblo se refiere al conjunto de relaciones de producción que están enfrentadas a los intereses de las metrópolis: los trabajadores, los industriales o profesionales ligados al mercado interno tienen objetivamente un mismo enemigo estructural en el programa neocolonial agroexportador y financiero que promueve el capital trasnacional y sus aliados locales. La rentabilidad del capital trasnacional es sinónimo del saqueo de los recursos y del desempleo del habitante de la periferia. La dimensión “política” de la categoría pueblo, refiere al hecho de que las relaciones de poder económico y social mencionadas se ejercen y perpetúan a través de una organización política: las multinacionales y las empresas de las metrópolis se organizan a nivel de sus Estados y se habla por eso, de relaciones políticas dependientes e imperialismo como formas normales de funcionamiento del capitalismo. A nivel cultural, se habla de nacionalismo popular como marco de identidad que da consistencia organizativa y política al pueblo para enfrentar el programa neocolonial. Las nociones de pueblo y de nación se fusionan: el pueblo si no consolida la nación desaparece y a su vez, es inviable organizar el desarrollo pleno de la comunidad sin vincular a las organizaciones libres del pueblo en la tarea nacional y latinoamericana por la segunda independencia. El General Gugliamelli se refirió a la relación entre la organización política del pueblo y el modelo nacionalista de la siguiente manera: “El desarrollo integral significaba el económico – social, cultural y espiritual. (…) Definí asimismo como sectores nacionales a todos aquellos que no están comprometidos con los sectores opresores o que, en particular, sufren la opresión de los grupos dominantes externos, imperialistas o neocolonialistas, o de los grupos colonialistas internos, cualquiera fuera la modalidad que esa coacción adopte. La revolución nacional debe, según el mismo trabajo, consolidar el rango de nación y asegurar, por tanto, que el centro de decisión soberana le pertenezca.”[5] Tradicionalmente, se entiende que el actor político opuesto al pueblo es la “oligarquía”. El término “oligarquía” encuentra varias acepciones. Por un lado, se refiere a una función económica que se caracteriza por la actividad agropecuaria ejercida en base a la tenencia de grandes superficies de tierra. La oligarquía serían los grupos reducidos de poder identificados con los intereses de los grandes terratenientes ligados al sector agroexportador. Habitualmente su modelo de país se relaciona al programa del liberalismo clásico. Además, la palabra oligarquía adquiere una dimensión estrictamente política y refiere a aquellos grupos o clases que ejercen su poder de manera minoritaria con un programa que enfrenta objetivamente los intereses del pueblo. En este último caso, la “oligarquía” refiere a un conglomerado de clases y dirigentes en donde coexisten de manera inestable y cambiante, los intereses del capital extranjero, los bancos, los latifundios y los partidos políticos demoliberales. A esta última acepción haremos referencia en el Cuaderno.
A partir de lo expuesto, es bueno reconocer la importancia estratégica que adquiere el hecho de identificar cuál es el “modelo de desarrollo” que nos va a permitir alcanzar el progreso nacional y la emancipación de las organizaciones libres del pueblo. El debate acerca de los Modelos de Desarrollo en “abstracto” debe vincularse con la problemática histórica concreta relacionada a la formación y a la consolidación del desarrollo nacional. La cuestión acerca de los distintos modelos se circunscribe a la posibilidad de que nuestro país alcance el desarrollo nacional o como estableció Oscar Varsavky: “Desarrollo es, si, un término relativo, pero relativo a las metas que el país se plantea; a su propio Proyecto Nacional, no al de otro país. (…) Cuando alcancemos nuestros objetivos seremos desarrollados, hasta plantearnos otros nuevos. (…) Con un Proyecto Nacional tenemos nuestra propia pauta y medida de desarrollo, que recién entonces podremos cuantificar de la manera que nos resulte más útil.”[6] La imposición política de los Modelos de Desarrollo o la copia textual de los proyectos de otros países, dificultan la respuesta soberana al problema nacional que es el único camino para resolver los desafíos del país.
A lo largo del presente Cuaderno vamos a centrar la mirada en el análisis de los modelos de desarrollo atendiendo a las siguientes variables interrelacionadas que los componen:
A- la Economía;
B- el Rol del Estado;
C- las Relaciones exteriores;
D- la forma de organizar la Democracia y articulación política;
E- el Programa Cultural.
Citas
[1] Plan Trienal Para la reconstrucción y la liberación nacional. República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, diciembre de 1973. Perón, Obras Completas. Ed. Docencia, Buenos Aires, 2006. P 5.
[2] Gugliarmelli, Juan Enrique, “Función de las fuerzas en la actual etapa del proceso histórico argentino”, Estrategia, Nº 1, mayo – junio de 1969. En Pensar Con Estrategia, UNLA, 2007, p 27.
[3] Hernández Arregui, Juan José, ¿Qué es el Ser Nacional?, Catálogos y Secretaría de Cultura de La Nación, 2002, pp. 42 y 214.
[4] Op. Cit., pp. 217-218.
[5] Gugliarmelli, Juan Enrique, “Fuerzas armadas para la Liberación Nacional”, Estrategia, Nº 23, julio – agosto de 1973. En Pensar Con Estrategia, UNLA, 2007, p. 130.
[6] Varsavsky, Oscar, Proyectos Nacionales, Periferia, Buenos Aires, 1971, pp. 111-112.

viernes, 25 de septiembre de 2009

CUADERNOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI


LA COLONIZACIÓN CULTURAL
Aritz Recalde –Septiembre 2009
Parte I: La industria cultural norteamericana y la guerra permanente.





(…) “La escuela, el periodismo, la radio, el cine, la Universidad, integran el frente de resistencia que los grupos económicamente encumbrados oponen al cambio social”. Juan José Hernández Arregui[1]

(…) “Un imperialismo fundado sobre bases económicas tratará naturalmente de crear una situación mundial en la cual pueda emplear en forma abierta, en la medida en que le es necesario, sus instrumentos económicos de poder, como las restricciones de los créditos, el bloqueo de las materias primas, la desvalorización de la moneda extranjera, y así sucesivamente. Considerará como “violencia extraeconómica” el intento de un pueblo o de otro grupo humano de resguardarse del efecto de estos métodos “pacíficos”. Empleará medios de coerción aun más duros (…) Por último, dispone todavía de instrumentos técnicos de eliminación física violenta, de armas modernas técnicamente perfectas, que se han vuelto de tan inaudita utilidad, mediando una inversión de capital y de inteligencia, como para ser realmente usadas en caso de necesidad. Para el empleo de estos instrumentos se está construyendo por otra parte un vocabulario nuevo, esencialmente pacifista, que no conoce ya la guerra sino sólo exclusiones, sanciones, expediciones punitivas, pacificaciones, defensa de los tratados, policía internacional, medidas para la preservación de la paz. El adversario no se llama ya enemigo, pero por eso mismo es presentado como violador y perturbador de la paz, hors-la-loi y hors- l`humanité, y una guerra efectuada para el mantenimiento y la ampliación de posiciones económicas de poder debe ser transformada, con el recurso de la propaganda, en la “cruzada” y en la “ultima guerra de la humanidad”. Carl Schmitt[2]


Los países nacen, se desarrollan y mueren en un estado de enfrentamiento político permanente o, como planteó Carl Schmitt: “la guerra y la enemistad forman parte de la historia de los pueblos.”[3] Dicha condición inmanente de la historia hace que la declaración de la guerra y de la paz sean etapas y medios a partir de los cuales las metrópolis buscan alcanzar sus objetivos políticos expansionistas como plataforma para lograr su desarrollo nacional. Las guerras entre las potencias fueron y son actualmente, una forma de dirimir el enfrentamiento con otras naciones y pueblos. Incluso, podríamos aseverar que la segunda guerra mundial no culminó en el año 1945, sino que siguió luego de Yalta con la lucha entablada por el reparto del planeta entre los bloques de las potencias triunfadoras. El conflicto por la posesión de los recursos del mundo se prolongó, desde esa fecha con otra dinámica, hasta la caída del Muro de Berlín y es innegable que y finalmente, su vencedor exigió los derechos al derrotado: Estados Unidos aplicó su programa neoconservador de manera violenta y brutal sobre gran parte del planeta durante casi dos décadas de una tiranía que fue ejercida políticamente, a veces de manera militar y en todos los casos, con una acción de enfrentamiento y avasallamiento económico. Hernández Arregui lo expresó claramente hace ya varias décadas al sostener que “Estados Unidos, tras la ciclópea estatua de la libertad que mira Nueva York, -“la sanguinaria, la monstruosa, la irresistible, capital del cheque”, como la llamaría Darío-, y no hacia el mundo, jamás ha reparado en medios para subyugar a los pueblos que caen bajo su esfera de influencia. Su actual política, favorable al reconocimiento de los regímenes militares, en sustitución de la anterior, partidaria de los gobiernos títeres que el Departamento de Estado consideraba “democráticos” y todos ellos, tutelados por su intervención directa o su consentimiento indirecto – como es el caso Betancourt en Venezuela – no es más que el descolorido cortinado de un nacionalismo prepotente y sin imaginación. La invasión de Santo Domingo, una vez más – y no será la última – lo prueba sin atenuantes”.[4] Efectivamente y tal cual transcurrió la historia posterior, Hernández Arregui tuvo razón: no fue la última asonada militar del imperio y sus operadores internos sobre el continente.
En este marco histórico e internacional, es pertinente mencionar que la industria cultural norteamericana se vincula estrechamente con la política exterior expansionista del país que se desenvuelve como un instrumento del aparato de colonización cultural que tiene entre sus funciones privilegiadas, la de justificar el programa imperial. Los bancos, los industriales, los obreros, técnicos y todo el conjunto de operarios de las fábricas conjuntamente a los cuadros militares, construyen las bases materiales de producción para la guerra norteamericana: en este marco, los políticos y la industria cultural de su país, la preparan y la justifican ante la opinión pública y finalmente y lo que es importante, la declaran como una ley de hierro que cae sobre las espaldas del Tercermundo. Sociedad, Estado, imperialismo e industria cultural se amalgaman y tal cual lo expresó Juan José Hernández Arregui (…) “La opinión pública es una de las caras del poder social. La estabilidad misma del Estado depende de ella. De acuerdo a lo que el Estado representa frente a las relaciones de poder, así será la propaganda periodística, radial o cinematográfica”[5].

(....) En este esquema de política nacional e internacional se desarrolla el cine norteamericano, que se desenvuelve como una manifestación cultural de una economía de guerra y de una potencia expansionista. Sintéticamente, podemos afirmar que existe una matriz que atraviesa las diversas expresiones de la industria del cine norteamericano y que presenta conjuntamente un argumento, un contenido y una imagen que:

PRIMERO: es apologética de la intervención policíaca, cotidiana y totalizadora del Estado sobre la vida privada de los ciudadanos norteamericanos en un país que, paradójicamente, hace alarde de ser la republica liberal ejemplar. Dicha mención permanente al “liberalismo” coexiste sin causar demasiadas contradicciones en la opinión pública, con un cine en el que los organismos de inteligencia intervienen teléfonos, domicilios, correspondencia, detienen personas y en el que las instituciones y órganos como el FBI y la CIA, son un motivo frecuente y reiterado que controla todos los ámbitos de la vida privada de los ciudadanos. El cine hace apología de un Estado autoritario que vigila e interviene policialmente la vida privada, generando un sentimiento de militarización total en el que se educa el ciudadano.

SEGUNDO: construye la enemistad permanente de la comunidad norteamericana contra un supuesto agresor externo, al cual hay que derrotar y suprimir del planeta. Las poblaciones que disponen de los recursos que ambiciona el país se tornan un enemigo total: la etnia, la raza, la historia o los sistemas de gobierno, componen la amalgama sobre la que se construye el enemigo sobre el cual hay que actuar en una acción de guerra. El cine norteamericano recorrió las relaciones exteriores de su país y es por eso que se construyó una imagen exportable, masiva y profundamente desvirtuada, de Rusia, de las guerras de Indochina, de las acciones en Medio Oriente o de la Latinoamérica actual. La acción económica es disfrazada de lucha cultural: se combate contra la religión soviética –el comunismo-, se lucha contra la cosmovisión “árabe extremista” –el ser musulmán– y se enfrentan los valores de Latinoamérica –“narcoterrorismo y autoritarismo”-.

TERCERO: construye un estado de emergencia interna permanente donde el supuesto enemigo externo circunda la vida cotidiana del ciudadano norteamericano. El cine catástrofe es una expresión clara de la imposición cinematográfica de una construcción del sentimiento de potencial ataque exterior. Sobre este estado de ánimo, se configura la animosidad negativa entre Estados y pueblos. Esta imagen se amplifica con la formación del terror vinculado en un potencial exterminio tecnológico: por ejemplo, es frecuente encontrar en el cine norteamericano un arma bacteriológica o atómica en manos de los árabes o soviéticos.

CUARTO: desarrolla una tarea de promoción y de constante apología del rol de las Fuerzas Armadas para la defensa de su país y del mundo. La guerra, el armamento o los valores ligados al combate, la justicia y la tarea y práctica militar son motivos frecuentes del cine norteamericano. Nación, Fuerzas Armadas y guerra permanente hacen a la constitución del ser nacional norteamericano.

QUINTO: el enemigo externo es universal, pero la defensa y salvación del planeta sólo una actividad norteamericana. Esta construcción induce a formar una opinión pública mundial centrada en la defensa del monopolio de la producción de armas y de la declaración legal de la guerra y la muerte. Reproduciendo literalmente los contenidos se puede deducir que los asesinatos efectuados por los norteamericanos son “legítimos” y los realizados por otras naciones (más: en general defensísticos) son expresiones de “terrorismo”. Estas concepciones contribuyen a reforzar la actual división internacional de la guerra y la declaración del derecho a la muerte, que tiene a Estados Unidos como principal detractor.

La industria cultural norteamericana recorre un complejo entramado de tensiones por un lado, entre la hegemonía que ejerce la dirigencia ligada a la industria de la guerra y su aparato de la colonización cultural y por otro, con diversos mecanismos como el financiamiento direccionado o la censura gubernamental. La cultura de la guerra se produce y reproduce a través de convicciones, pero además, de subsidios y de persecuciones políticas. Asimismo, debemos reconocer que no manejamos la hipótesis de que existe un “sólo” cine norteamericano, sino que en realidad, repasamos algunas tendencias generales sobre una corriente cinematográfica particular que es respaldada por la estructura rentística y concentrada de la industria cultural y los aparatos de prensa norteamericanos y que se exporta masivamente a las pantallas latinoamericanas. Norteamérica y su dirigencia van a la guerra junto a su industria cultural, furgón de cola de la organización internacional de la muerte y el saqueo histórico y diario del imperio sobre el Tercermundo. Frente a este cine de raíz colonial es bueno traer la propuesta del grupo Cine de Liberación que sostiene que (…) “creemos que basta que el cineasta conciba su existencia como una militancia en el terreno de la cultura para que ese cine, sea y pueda cumplir su praxis total. A fin de cuentas, si entendemos el papel del cineasta como el de un operario o trabajador de la cultura, quedará claro que las dificultades que habrá de atravesar no serán ni mayores ni menores que las que viven hace años los trabajadores de otros frentes sujetos a leyes mucho más coercitivas y dictatoriales. (…) Importa más llegar a un solo hombre con la verdad de una idea, que a diez millones con una obra mistificadora. Aquello libera: lo otro es ignominia”.[9]




[1] Hernández Arregui Juan José (1957). “Imperialismo y Cultura. La política en la inteligencia argentina”. Ed Amerindia, Buenos Aires. P 34.
[2] Carl Schmitt (2001). “El concepto de lo político”. En Teólogo de la política. Ed. Fondo de Cultura Económica, México. P 223.
[3] Carl Schmitt (2001). “Enemigo total, guerra total, Estado total”. P 146.
[4] Juan José Hernández Arregui (2004) “Nacionalismo y Liberación”. Editorial Peña Lillo. Ediciones Continente. Buenos Aires. Pp. 128-129.
[5] Hernández Arregui (1957). P 270.
9 Octavio Getino y Fernando Solanas (1969). “Notas de Cine de Liberación. Tema: La censura”. Revista De Marcha, Uruguay

martes, 8 de septiembre de 2009

Servicios Audiovisuales: liberación o dependencia

CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI
(El presente documento es un resumen de la propuesta del C.E.H.A. presentado al COMFER sobre la base del primer borrador del Anteproyecto de Ley Servicios Audiovisuales)

(…) “La cultura es un arma del dominio político”- Juan José Hernández Arregui

El C.E.H.A apoya la sanción definitiva del actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque:
PRIMERO: Considera que es el Estado, por intermedio de sus representantes elegidos en democracia, el actor legal y legítimo que debe planificar la comunicación atendiendo al interés social y cultural colectivo y que por lo tanto, no puede concederse la administración y control de los Servicios de Comunicación Audiovisual a empresas oligopólicas y a los negocios privados. Los medios de comunicación deben ser organizados por la democracia en función del interés del país, no por los grupos económicos concentrados y las corporaciones transnacionales.
SEGUNDO: Estima que el proyecto implica un gran avance en la democratización y en la organización de los Servicios de Comunicación Audiovisual, estableciendo reglas claras y precisas sobre tres cuestiones fundamentales: ¿quién emite?, ¿quién y cómo se controla? y ¿con qué objetivos se desenvuelve la comunicación?. Consideramos que el Anteproyecto implica un trascendente avance para hacer de la comunicación un instrumento del desarrollo nacional democratizando el acceso de las organizaciones libres del pueblo, a la producción, la emisión, la fiscalización y el control de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
TERCERO: Concluye que el Anteproyecto es consecuencia de propuestas, debates e iniciativas del Estado y de las organizaciones libres del pueblo. Las resoluciones de éstas últimas fueron recogidas por intermedio de las demandas y propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y a través de la organización de foros de debate en todo el país. Frente a la práctica de la democracia directa y popular que dio marco a dicho proyecto, aparecen los grupos reducidos de poder que por intermedio de operaciones políticas y construcciones falsas de sentido, enfrentan la legal y legítima decisión popular de sancionar otro marco institucional. Apoyamos el proyecto ya que consideramos innegable la trascendencia histórica que implicó conformar y concensuar una ley en base a la democracia directa y deliberativa y no por intermedio de los lobbys de los grupos concentrados de poder.

Atendiendo la diversidad de opiniones, de comentarios y las consecuentes modificaciones implementadas al texto, el C.E.H.A. considera pertinente mencionar brevemente en la agenda de debate, la importancia de incluir algunos aspectos de la relación entre la “soberanía nacional” y los Servicios Audiovisuales.

LA COMUNICACIÓN Y LA SOBERANÍA NACIONAL
La subsistencia de la comunidad nacional está estrechamente ligada al desarrollo pleno de los factores de la producción y el trabajo de nuestro país en el marco de la división del trabajo mundial. El desarrollo nacional se relaciona e interactúa con las acciones económicas, políticas y culturales del conjunto de los países y los grupos económicos que compiten por la obtención de los mercados o de los recursos naturales y financieros a nivel planetario. En esta línea, es bueno recordar que no fue casualidad que el paso previo para la entrega a manos privadas y extranjeras de los recursos estratégicos como el petróleo, fue la privatización de los canales y radios públicas que fueron transferidos a grupos económicos a partir de la sanción del la ley 23.696 de 1989, denominada como “De emergencia administrativa y reforma del Estado”. Dichos medios de comunicación privatizados, oficiaron en muchos casos como un instrumento para justificar la transferencia del patrimonio cultural, económico y social de los argentinos al extranjero y a las empresas trasnacionales. Transferido a particulares el ahorro nacional (servicios públicos, jubilaciones, bancos, recursos naturales, etc.) gran parte de la prensa concentrada y extranjera hijas de las privatizaciones se avocó:
- Primero: A cuestionar las OPCIONES POLÍTICAS AL SISTEMA NEOLIBERAL y a promover las agendas y programas de los imperios en el país; el periodismo concentrado fue el brazo cultural de los programas políticos del capital trasnacional. Actualmente al actuar privilegiando sus meros intereses comerciales, la prensa concentrada se vincula directamente a los proyectos de los grandes grupos económicos y a los gobiernos extranjeros que son sus publicistas. Sobre el particular, Juan Domingo Perón estableció que (…) Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los Estados han creado todo un servicio publicitario, disfrazado con diversos nombres o siglas” (Política y Estrategia. No ataco, critico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).
- Segundo: A garantizar la rentabilidad y el consumo de la producción extranjera importada ya que, y entre otros temas, dichos grupos económicos son generalmente auspiciantes de la prensa. En muchos casos, y cuestión que se evidenció notoriamente con el punto de vista del grupo Clarín acerca de las retenciones móviles del año 2008, la prensa se vincula a la estructura de negocios del capital trasnacional utilizando su influencia cultural para apuntalar el modelo productivo agroexportador y dependiente. A partir de aquí, que compartimos la opinión de John W. Cooke cuando estableció que “nosotros creemos en la libertad de prensa, de la prensa independiente y la ideológica, de la equivocada y de la que esta en la verdad; pero en lo que no creemos es en el derecho de estas empresas mercantiles y capitalistas para procurar que los resortes del Estado se pongan al servicio de sus intereses cada vez que hay cuestiones gremiales en juego” (Acción parlamentaria 16/03/1951).

La Argentina, que anteriormente fue una potencia política con un importante desarrollo industrial y pleno empleo, se transformó en una economía de servicios, raquítica y dependiente, extranjerizada y profundamente fragmentada en lo social: el modelo concentrado, monopólico, comercial y extranjerizante de los Servicios Audiovisuales, favoreció dicho proceso. Las reformas implementadas a la ley 22.285 durante la democracia, lejos de revertirlo fueron un agravante. A partir de aquí pudimos ver como con el neoliberalismo:
a- Importamos el trabajo extranjero en lugar de la producción argentina: la prensa concentrada favorece, diariamente, la publicidad y el consumo de las firmas extranjeras oprimiendo al productor y al trabajador nacional.
b- Entregamos la administración de los recursos estatales y financieros a privados y a empresas trasnacionales: es bueno recordar que el capital español y norteamericano controla empresas estratégicas que son protegidas por la presencia de su prensa en el país.
c- Abandonamos nuestra política exterior soberana e independiente para pasar a las relaciones “carnales con Estados Unidos”: en su lugar importamos los modelos de política de las potencias y su justificación del estado actual de conflicto bélico mundial y permanente. La radicación de bases militares en Colombia o la actual dictadura de Honduras, actualizan el debate sobre las relaciones exteriores del país y en especial, plantean claros desafíos para América Latina. Las potencias que son parte del conflicto lo entienden al pie de la letra: Estados Unidos utiliza la industria del cine para hacer “apología” de las ocupaciones en Medio Oriente y lo que interesa, lo hace para justificar sus políticas en América Latina (el llamado “narcoterrorismo”, entre otros, es una construcción simbólica del cine norteamericano que favorece la política de avance militar sobre el continente). A la industria cultural de recreación, la acompañan las campañas de la prensa de las potencias con canales de noticias para América Latina como CNN, o sus agencias de noticias (como la United Press International, Associated Press o Reuters), que son utilizadas para enfrentar a los gobiernos democráticos que toman medidas populares: la campaña contra las figuras de Hugo Chávez, contra Evo Morales o contra las retenciones en la Argentina, son ejemplos de la utilización política que hace la industria cultural y la prensa extranjera.

A partir de aquí es que sostenemos la importancia de encuadrar el debate de la ley en términos de soberanía nacional y por eso proponemos que:
PRIMERO: La ley debe promover el DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL, privada, cooperativa y especialmente, de aquellas ligadas a las empresas y servicios públicos en manos del Estado. Por eso, planteamos para la ley:
- Que se establezca un costo diferenciado para la emisión de publicidad por parte de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, en relación a las grandes corporaciones y a las empresas extranjeras.
- Que se prohíba la publicidad en los Servicios de Comunicación por suscripción -ya que el mantenimiento del medio está garantizado por la cuota que paga el usuario-, con la excepción de aquella ligada a la pequeña y mediana empresa nacional.

SEGUNDO: La ley entre sus objetivos debe priorizar los irrenunciables preceptos de SOBERANÍA Y DE SEGURIDAD NACIONAL. Por eso, proponemos:
- Que en el Titulo I, Disposiciones Generales, Articulo 3, Objetivos, se mencione “Promover la identidad argentina fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.
- Revisar las menciones a los Tratados Internacionales. Sobre éste tema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática planteó la importancia del cumplimiento efectivo de la “reciprocidad”, cuestión sumamente importante y que fue incluida en el texto que ingresó al Congreso. Nosotros planteamos, siguiendo la línea de la Ley de Educación Nacional, que debería esbozarse una modificación más profunda y tajante del asunto estableciendo que: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir los Servicios de Comunicación Audiovisual como una actividad meramente lucrativa o que alienten la extranjerización de la Comunicación y la puesta en cuestión de la soberanía cultural y política del país”.

- Introducir y siguiendo la ley 14.241 del año 1953, que (...) “Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios (…) que inciten a la traición contra el Estado, la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituidas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros”.

Para culminar, traemos a consideración unas palabras de Juan Domingo Perón que establecen claramente y sin medias tintas, el espíritu que queremos dar a nuestros aportes (…) “La preparación de la opinión pública de un país soberano es parte de la soberanía que ejerce el Gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse inmerso en el delito de alta traición”. (Política y Estrategia. No ataco, crítico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).

sábado, 25 de julio de 2009

LA ELECCIÓN LEGISLATIVA DEL AÑO 2009 Y LAS OPCIONES DEL PROYECTO NACIONAL


Aritz Recalde C.E.H.A. – julio 2009

El gobierno nacional no enfrenta simplemente a un “no muy auspicioso” desempeño electoral, sino que principalmente se opone a una acción deliberada y sistemática de construcción y de deformación de la opinión pública, ejercida por algunas corporaciones económicas y mediáticas, que tiene como finalidad -más allá de la verborragia del periodismo o de la dirigencia opositora- quebrar algunas de las políticas de contenido progresista implementadas por el gobierno nacional. Las corporaciones no discuten simplemente con el “temperamento”, la “ceguera” o la supuesta “soberbia” de Cristina Kirchner, sino que interpelan algunas de sus decisiones políticas y económicas: no les interesa “transparentar” la gestión del gobierno o incidir sobre sus aspectos negativos, que por cierto son muchos, sino que por el contrario, intentan dar por tierra con los logros del gobierno ligados a la distribución del ingreso, la política regional y la recuperación del patrimonio público. La indiferencia respecto a este estado de cosas implica para las organizaciones políticas:

A- El peligro potencial de apoyar programas políticos de corte autoritario;

B- Permitir el ascenso de programas regresivos para la estructura productiva y social del país;

C- Desconocer las funciones y la organización de la prensa argentina y sus vínculos, actuales e históricos, con los esquemas de poder trasnacional y concentrado;

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jueves, 9 de julio de 2009

COMISIÓN DE HOMENAJE A JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARREGUI



EN EL 35 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO
22 DE SEPTIEMBRE DE 1974- 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009

LUGAR Y FECHA:
Colegio Nacional Rafael Hernández (UNLP): 22 de septiembre, 18 hs.
Universidad Nacional de Lanus (UNLa): 1 de octubre, 17: 30 hs. Sala 1, Talleres. En el marco de la Feria del Libro de la UNLa.

ORGANIZAN: Centro de Estudios Hernández Arregui (CEHA). Para adherir y/o formar parte de la organización escribí a hernandezarregui@gmail.com

Juan José Hernández Arregui (1912-1974), filósofo, político y ensayista. Uno de los representantes más vigorosos del pensamiento nacional. Su extensa obra logró compatibilizar su erudita formación teórica con la interpretación clara y profunda de la realidad política argentina e implicó un punto de inflexión y de ruptura con las formas de aproximación típicas de la izquierda tradicional y del pensamiento universitario de su época. Adscribió en su juventud al Partido Radical de la provincia de Córdoba, colaborando con numerosos artículos en los periódicos Debate, Nueva Generación, Doctrina Radical, Intransigencia y La Libertad. En 1935, publicó su primer libro de cuentos, Siete notas extrañas. Durante la década del 1940, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, en la que tuvo como principal maestro a Rodolfo Mondolfo, quien lo acercó a los debates del pensamiento europeo y al marxismo. Su formación se vio influenciada por los planteos nacionalistas y antiimperialistas de Raúl Scalabrini Ortiz y también, por los cuadernos de FORJA. En el año 1944, se graduó como Doctor en Filosofía con medalla de oro y diploma de Honor. En el año 1947, tras renunciar al Partido Radical, se produjo su acercamiento al Peronismo de la mano de Arturo Jauretche, quien lo llevó a colaborar en el gobierno bonaerense como Director de Publicaciones y Prensa del Ministerio de Hacienda. En 1948, comenzó su labor docente en la Universidad Nacional de La Plata siendo profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el Colegio Nacional Rafael Hernández, ambos de la UNLP y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En el año 1951, desarrolló un programa en Radio del Estado sobre literatura y filosofía en el cual formuló profundas críticas e interpretaciones sobre la cultura. Publicó en esta época, entre otros, los trabajos Las corrientes históricas durante el siglo XIX (1951), El siglo XVI y el nacimiento del espíritu moderno (1952) e Introducción a la historia (1953). El golpe militar de septiembre de 1955 lo relegó de forma violenta al silencio y al aislamiento, retirándole sus cátedras universitarias y prohibiendo las revistas, periódicos y medios masivos de comunicación en donde había publicado. Se sumó en este período a la Resistencia Peronista y comenzó una ardua labor intelectual y militante, que conjugó lúcidamente la teoría revolucionaria marxista con el ideario peronista de las masas trabajadoras. En 1957, publicó Imperialismo y cultura, obra fundamental en la historia de las ideas en la Argentina, donde analizó la influencia de las ideas dominantes en la intelectualidad nacional. Poco después, en 1960, publicó La formación de la conciencia nacional, con el objetivo explícito de contribuir desde la izquierda nacional a esclarecer la cuestión nacional. En 1962, apareció un nuevo libro, ¿Qué es el ser nacional?, en el que abordó nuevamente la cuestión nacional desde una óptica latinoamericana. En 1964, junto con Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, Ricardo Carpani y otros intelectuales y activistas, lanzó el movimiento CONDOR. Hacia el año 1969 publicó Nacionalismo y liberación (Metrópolis y colonias en la era del imperialismo) y en 1971, Peronismo y socialismo, donde abogó por la transformación del peronismo en un partido revolucionario capaz de construir el socialismo nacional. Sus obras fueron leídas ávidamente por la juventud militante, para la cual, representó el modelo ideal y práctico de intelectual revolucionario comprometido con la liberación nacional, iberoamericana y del Tercer Mundo. El 19 de octubre de 1972, sufrió un atentado político en su domicilio y comenzó a recibir sucesivas amenazas. Tras el triunfo popular de las elecciones del 11 de marzo de 1973, fue distinguido como Profesor Emérito de la UBA, recibiendo la distinción en manos del prestigioso historiador y Rector Rodolfo Puiggrós. Dirigió poco tiempo después, la Revista Peronismo y socialismo, que tras la muerte de Perón, en julio de 1974, pasó a llamarse Peronismo y Liberación, desde donde bregó por la unión del campo antiimperialista y el fortalecimiento de la izquierda nacional dentro del peronismo. Tras el recrudecimiento de las intimidaciones de la Triple A viajó a Mar del Plata, donde sufrió un síncope que le causó la muerte.

lunes, 22 de junio de 2009

EL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI FRENTE AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES



El C.E.H.A. apoya la sanción definitiva del actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque:


1- Considera que es el Estado, por intermedio de sus representantes elegidos en democracia, el actor legal y legítimo que debe planificar la comunicación atendiendo al interés social y cultural colectivo y que por lo tanto, no puede concederse la administración y control de los Servicios de Comunicación Audiovisual a empresas oligopólicas y negocios privados. Los medios de comunicación deben ser organizados por la democracia en función del interés del país, no por las corporaciones transnacionales.
2- Estima que el proyecto implica un gran avance en la democratización y en la organización de los Servicios de Comunicación Audiovisual, estableciendo reglas claras sobre quién emite, quién controla y con qué objetivos. El Anteproyecto, aunque perfectible, implica un trascendente avance para hacer de la comunicación un instrumento del desarrollo nacional poniendo al alcance de la democracia y de las organizaciones libres del pueblo, la producción, emisión y fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
3- Concluye que el Anteproyecto es consecuencia de propuestas, debates e iniciativas del Estado y de las organizaciones libres del pueblo. Las resoluciones de éstas últimas fueron recogidas por intermedio de las demandas y propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y a través de la organización de foros de debate en todo el país. Es fundamental para el futuro, respecto a la viabilidad de la democracia y de la posibilidad misma de consolidar la nacionalidad, masificar el debate y que la comunidad nacional, como una gran escuela, discuta y proponga cuál es el modelo de comunicación para el presente y para el futuro.

A continuación, se presenta una síntesis argumental de los fundamentos a partir de los cuales el C.E.H.A. esgrime su posicionamiento respecto a los tres aspectos mencionados. Incluimos en el texto además:

1- Un punto de partida general para enfrentar el debate;
2- Un esquema simplificado de algunos de los rasgos principales que propone la nueva ley;
3- Algunas iniciativas del CEHA;



3- ALGUNAS INICIATIVAS DEL CEHA
1- La ley debe promover el desarrollo de la industria nacional, privada, cooperativa y especialmente, de aquellas ligadas a las empresas y servicios públicos en manos del Estado. Por eso, proponemos que se establezca un costo diferenciado para la emisión de publicidad por parte de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, en relación a las grandes corporaciones y las empresas extranjeras.


2- En el Titulo I, Disposiciones Generarles, Articulo 3, Objetivos, se podría mencionar “Promover la identidad argentina fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.


3- Tomando el criterio de la Coalición por una Radiodifusión Democrática se podría reducir el número de licencias en un mismo operador para los prestadores de radiodifusión abierta y por suscripción.


4- Se deberían revisar las menciones a los Tratados Internacionales. Sobre éste tema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática plantea la importancia del cumplimiento efectivo de la reciprocidad, cuestión importante. Siguiendo la línea de la Ley de Educación Nacional, debería plantearse una modificación más profunda y tajante del asunto y se podría establecer que: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir los Servicios de Comunicación Audiovisual como una actividad meramente lucrativa o que alienten la extranjerización de la Comunicación y la puesta en cuestión de la soberanía cultural y política del país”.

5- Los programas consideramos prioritarios por el Estado nacional, provincial y municipal de las carteras de Salud y Educación, podrían ser transmitidos de forma gratuita y obligatoria por los prestadores de radio y televisión de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

6- Se podría prohibir la publicidad en los Servicios de Comunicación por suscripción, con la excepción de aquella ligada a la pequeña y mediana empresa nacional.

7- La incompatibilidad del Artículo 23, inciso g) debe alcanzar a las personas de derecho ideal; un miembro de un directorio o un accionista de las empresas de Comunicación, no debería ocupar cargo público alguno.


8- El Artículo 63 al referirse a la emisión de Cadena Nacional o Provincial, debería decir “sin costo”.


9- La ley podría mencionar la importancia de establecer pautas mínimas de emisión de las producciones de las escuelas de música del Estado municipal, provincial o nacional;


10- La ley 14.241 del año 1953 establecía, entre otras cuestiones importantes que pueden rescatarse para el proyecto: “Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios (…) que inciten a la traición contra el Estado, la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituidas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros”.


11- Compartimos la opinión de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que establece la importancia de revisar la vigencia de los plazos del decreto 527/05.


12- Acompañamos la opinión de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que establece que se debe prohibir la publicidad orientada a menos de 13 años.


13- El proyecto debería establecer claramente la potestad del Estado para regular las tarifas de los servicios de televisión por suscripción.



viernes, 19 de junio de 2009

La Ley de Educaciòn Superior y la Historia Oficial Universitaria


Aritz Recalde - junio 2009




La universidad, conjuntamente al resto de las instituciones del Estado de las carteras de educación y de ciencia y técnica, tienen diversos problemas y desafíos, actuales e históricos, a abordar y a resolver para desarrollar plenamente sus funciones. Dicho complejo panorama involucra, entre otros temas, las estratégicas relaciones entre el sistema educativo y la producción, las organizaciones libres del pueblo y el conjunto del aparato del Estado. En este marco, existe una tendencia política y cultural que identifica entre las prioridades de un potencial cambio de funcionamiento o de la organización del sistema educativo, al tema concerniente a la legislación de la educación superior. Hay una muletilla que está de moda en la universidad y que se repite a modo de disco rayado: hay que “Derogar la Ley de Educación Superior, la “LES” infame menemista”. Como toda moda el producto “derogar la LES”, contempla en su desenvolvimiento a los “vendedores del producto”, a los propagandistas y a los “repetidores a coro y en masa” que consumen y alimentan la ganancia del proveedor. Los primeros y generalmente, son las personas y organizaciones políticas que administran los recursos de la universidad y que en el arco ideológico o político, se los puede identificar con la derecha y con la izquierda o con vertientes del radicalismo y algunos partidos que se dicen seguidores de Marx, de Mao y de Trotsky. Los auto considerados dueños de la universidad y vendedores del producto de moda, difunden los supuestos “males de la LES” por intermedio de una actualización de la Historia Oficial Universitaria, que en su origen está ligada a las opiniones de Bartolomé Mitre sobre Bernardino Rivadavia y derivados. Durante el siglo XX esta corriente liberal de la historia fue actualizada por intelectuales ligados al Partido Socialista y a la UCR. La Historia Oficial Universitaria que inventó y difundió un eje de discusión para pensar la historia de universidad en la dicotomía “autonomía – violación de la autonomía”[2], es difundida desde el aparato de prensa de sus agrupaciones partidarias nacionales, organizaciones universitarias, por sus legisladores o por intermedio de sus vínculos con el “periodismo independiente”. Finalmente, le queda a la juventud revoltosa que tiene iniciativas muchas veces genuinas pero y generalmente, planteadas de manera errónea, levantar el cuco de la LES y asustar con ello a los desprevenidos sobre los supuestos terribles males que esconde esa ley.
La PRIMERA y principal cuestión que resaltan dichos grupos, es que la LES es el principal problema de la universidad argentina ya que implicaría una intromisión del Estado en la administración de la universidad autónoma: las evaluaciones externas pero y especialmente, la CONEAU, son el “mal que atañe a la autonomía”. En SEGUNDO lugar y paradójicamente, la LES cometería el error de dejar en manos de la autonomía universitaria la posibilidad del cobro de aranceles en las carreras de grado. Digo “paradójicamente”, porque muchos de estos grupos son enemigos declarados de la democracia de masas según lo establece la Constitución Nacional[3] y en su lugar, defienden a rajatabla la autonomía como sinónimo del cogobierno y solución última de todos los problemas de la universidad. Si uno tira de la piola de dichas concepciones para justificar la planificación de las políticas educativas entre grupitos reducidos de miembros de la clase media, se puede encontrar en la otra punta del ovillo la formulación de justificaciones con ribetes preocupantemente racistas, sobre la supuesta superioridad del universitario que ejerce el cogobierno en relación al resto del mundo. Incluso podríamos decir, que la universidad argentina es una de las pocas instituciones en el país que públicamente plantean en términos de “peligro”, la potencial articulación de la democracia popular con la planificación de sus políticas. Las decisiones del Congreso Nacional como es una ley o la formulación de políticas vinculadas al resultado electoral desde el Gobierno y el Estado, por ejemplo desde la Secretaria de Políticas Universitarias, suelen ser vistas como intromisiones y violaciones de la autonomía y no importa que sean buenas o malas o que en su origen exista la legitimación electoral de la sociedad[4]. Retomando la cuestión de la “paradoja”, es bueno remarcar que el cogobierno y pese a que según estas interpretaciones es claramente superior en relación a la democracia de masas, esconde en si mismo un peligro “arancelador” y se le pide por eso al Estado que intervenga desde “el exterior” fijando límites a su accionar[5]. El TERCER problema de la LES se refiere a la distribución de poder del cogobierno y también como en el caso anterior, las rencillas entre los miembros del cogobierno son motivo de críticas cruzadas y existen tendencias y planteos que establecen que se le debería ampliar la representación a uno u otro actor de las casas de altos estudios. Nuevamente, se le pide al Estado y al Congreso que a partir de una ley intervenga para resolver las incapacidades, mezquindades y profundas internas, de la administración del propio sistema: por ejemplo, se exige elección directa o mayor representación estudiantil en los consejos.
Como se puede ver, para estas interpretaciones los ejes principales de debate para “derogar la LES” parten del supuesto de que el único problema que hay que resolver de la universidad es de funcionamiento interno: qué ocurre con la relación entre la educación, la ciencia, la investigación y el conjunto del país, pasa a un segundo plano. Según estos, la sociedad que elige a sus representantes del Estado, muchos de ellos profesionales y hombres de importante trayectos científica, tienen que:
- Poner el dinero para financiar el sistema y no pregunta “para qué”;
- Garantizar dicho financiamiento y “apagar incendios” introduciendo desde la legislación nacional cláusulas que intenten “racionalizar” la administración corporativa del propio sistema;
- No intervenir en el planteamiento de demandas del sistema, no evaluar que se hace con los recursos del pueblo, no pedir que se haga política universitaria atendiendo las necesidades de conjunto de los programas públicos y no exigir que se atiendan, prioritariamente, las problemáticas sociales y económicas de la democracia constitucional.

En resumen: el pueblo que no va y no va a ir a la universidad, no tiene derecho a exigir nada al sistema, ya que participa de la democracia de “segunda o de masas” y debe pagar, sin chistar u opinar, el mantenimiento de la estructura. A partir de aquí y desde mi modesta opinión quiero sostener:
PRIMERO: la LES no es la prioridad en un proceso de transformación de la universidad, es un aspecto secundario; incluso y tomando una opinión de Ernesto Villanueva, algunos de los temas prioritarios como el financiamiento, la alta deserción, la articulación interna del sistema y con la comunidad, se podrían discutir y articular en proyectos y normas sin necesidad de modificar la LES; incluso y leyendo los documentos y proyectos presentados en el Congreso de la Nación, se corre el riesgo de modificar la LES sin solucionar ninguno de los temas mencionados.
SEGUNDO: la LES tiene aspectos positivos, negativos e importantes “vacios” sobre temas del sistema de educación superior. Quienes ven en ese texto “todo negativo” se puede suponer o que no entienden de leyes, que mienten o que es sólo una muletilla de campaña que articula los dos aspectos mencionados.
TERCERO: los que dicen que la LES debe ser derogada por ser un legado neoliberal y “menemista” no dicen nada. Primero, por que es innegable que dicha ley se vincula al Pacto de Olivos que implicó un acuerdo público y concertado entre Alfonsin y Menem o sea que no es “simplemente menemista”. Segundo, por que si de derogar medidas sancionadas entre 1989 y 1999 se trata, deberíamos cerrar 9 importantes universidades y dar marcha atrás iniciativas positivas aunque perfectibles, para la articulación de las políticas públicas y la educación superior como son la CONEAU o el programa de Incentivos.

A partir de aquí, creo oportuno resaltar que no niego que sea positivo discutir y asentar las bases para la formulación un nuevo marco legal, pero de lo que sí dudo es de que varios de los promotores tengan en claro cuáles son los problemas reales, profundos, históricos y actuales, del sistema de educación superior y su relación con las demandas de la sociedad y el Estado. Si de lo que se trata es de avanzar solamente en los tres ejes o supuestos problemas que están en la agenda de la derecha y de la izquierda o simplemente de “bajar un símbolo de los noventa”, se estaría perdiendo una buena posibilidad de discutir y abordar soluciones reales y se va a invertir tiempo y dinero en un proyecto que no va a modificar prácticamente ninguno de las demandas del sistema educativo que tiene que contribuir al desarrollo del país que lo financia. Hecho este comentario, voy a mencionar algunos aspectos que considero importantes y que aparecen en un conjunto de proyectos de ley que están en el Congreso de la Nación. No voy a extenderme ya que se puede leer nuestra propuesta del portal del Congreso de la Nación en el documento “60 medidas para refundar la Educación Superior”[6]. Solamente voy a mencionar algunos mecanismos de vinculación entre sociedad y universidad que considero prioritarios y aquellos concernientes a la articulación interna del sistema.




[2] La Historia Oficial de la Universidad en vez de establecer un eje análisis centrado en el apoyo o enfrentamiento de la universidad al “desarrollo o al subdesarrollo del país”, establece la categoría “autonomía - violación de la autonomía”. No por casualidad, los estudios históricos de la universidad ven de manera peyorativa a Rosas y a Perón: ambos políticos que alcanzaron importantes logros para el desarrollo independiente del país.
[3] La justificación va de un lado al otro de los campos ideológicos: la “izquierda” mientras convoca a la lucha insurreccional o el voto en blanco, dice defender la autonomía universitaria para preparar la teoría socialista separada del “Estado burgués”. La derecha y mientras usufructúa el gasto publico y maneja el aparato del Estado “no autónomo”, dentro de la universidad defiende la autonomía para “proteger” la ciencia de la barbarie potencial que esconden las decisiones del pueblo.

[4] La justificación del peligro del “mal gobierno” y casi sin excepciones, culmina en la figura de “Menem”: la autonomía sería un “escudo protector” contra estos programas liberales. Contra dicha interpretación simplista habría que decir un par de cosas. Primero y lamentablemente, las agrupaciones de docentes y de alumnos apoyaron a lo largo de la historia golpes de Estado y acciones de terrorismo contra presidentes de distintas ideologías que nada tienen que ver con el liberalismo: en los golpes militares contra Hipólito Yrigoyen, contra Juan Perón o contra Arturo Illía varias agrupaciones de la universidad salieron a la calle a festejar y dar su apoyo público. En Segundo lugar, durante dicho gobierno “menemista” existieron medidas positivas como la creación de nuevas universidades o la apertura de programas de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), que pese a ser perfectibles, son positivos: en realidad y en mi opinión, la universidad autónoma no puede decir que administra mejor los recursos que los representantes de la democracia de masas. En Tercer lugar, la universidad además de “resistir” al neoliberalismo, lo apoyó desde la producción textual, a partir de la formación profesional (por ejemplo, Ricardo López Murphy no se educo en Marte) o desde la campaña electoral de y por ejemplo, el radical y cavallista Fernando De la Rua.
[5] Además hay que decir que la gratuidad de los estudios universitarios resultó de una decisión del gobierno de Juan Perón del 22 de noviembre de 1949, al cual la “Historia Oficial de la Universidad” lo acusa de desarrollar una gestión “autoritaria” y “violar la autonomía”: se le pide al Estado que tanto se cuestiona que resuelva las incapacidades y limitaciones del cogobierno y acto seguido, se lo acusa de “intromisión”.
[6] “Agrupación 22 de noviembre”. Material de la Comisión de Educación del Congreso de la Nación recopilado como antecedente para la redacción de otra Ley de Educación Superior. http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ceducacion/.