miércoles, 24 de septiembre de 2008

Liberación o dependencia: Bolivia y la Constituyente



Aritz Recalde, febrero de 2007.


“Se trata, para el Tercer Mundo, de reiniciar una historia del hombre que tome en cuenta al mismo tiempo las tesis, algunas veces prodigiosas, sostenidas por Europa, pero también los crímenes de Europa, el más odioso de los cuales habrá sido, en el seno del hombre, el descuartizamiento patológico de sus funciones y la desintegración de su unidad; dentro del marco de una colectividad la ruptura, la estratificación, las tensiones sangrientas alimentadas por las clases; en la inmensa escala de la humanidad, por último, los odios raciales, la esclavitud, la explotación y, sobre todo, el genocidio no sangriento que representa la exclusión de mil quinientos millones de hombres. No rindamos, pues, compañeros, un tributo a Europa creando estados, instituciones y sociedades inspirados en ella.” Frantz Fanon[1]

Como pudo observarse en páginas precedentes, el proyecto de la “Constitución Escrita” expresa desde lo hondo del pueblo boliviano la “Constitución Real” y es claramente una “Constitución Justa”. El proyecto de la nueva Constitución boliviana es expresión clara y profunda de la revolución que conduce Evo Morales, junto a la acción cotidiana y las ilusiones de las mayorías populares que están exigiendo el ingreso a la participación nacional tras siglos de humillación y postergación. En este contexto, es importante resaltar que el proyecto será sometido a referéndum y si resulta positivo, constituirá un importante sustento a la marcha de la revolución. Demás esta decir que, en el contexto de la disputa va a adquirir importancia el resultado en los departamentos opositores. El enfrentamiento electoral es la forma política que actualmente adquiere la lucha social en el país y es, entonces, un suceso de gran trascendencia histórica para Bolivia que quiere ser una nación definitivamente libre y soberana. Ahora bien, el triunfo electoral y la sanción de la Constitución están lejos de dar por tierra las contradicciones y los enfrentamientos políticos nacionales. La Constitución es un paso firme que dará marco para profundizar las necesarias transformaciones del esqueleto institucional neocolonial heredado de siglos de explotación y penetración imperialista, pero las reformas, una a una, las harán las organizaciones libres del pueblo que enfrentan a una oposición que ayer, hoy y probablemente también mañana, desconozcan los avances en la institucionalización de los anhelos de las mayorías populares, no importa si son hechas a través de una ley, una Constitución, un decreto, una movilización o una toma “ilegal” de tierras. La Constitución permitirá -o por lo menos eso está intentando el gobierno- transitar un camino pacifico para la transformación del país y la ruptura de la dependencia. La oposición en este cuadro, se rearma y busca apoyos en proyectos sediciosos de diferente índole, ya sea los ataques al orden político desde intentonas separatistas en Tarija, Pando, Beni, Cochabamba o Santa Cruz o a través de los sabotajes económicos huelguísticos y del desabastecimiento. En este caso especial y en lo que refiere a la Constitución, se enfrentan al proyecto utilizando los medios de difusión ideológica que poseen -prensa, universidades, tribunales, comités y todo el conjunto del inmenso aparato cultural de la oligarquía y el imperialismo-.
La Constitución sólo es un paso más y no el definitorio en la formación del “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Ahora bien, debemos decir, respondiendo a algunas opiniones que recorren los debates actuales en torno a la constituyente, que no es cierto que este proyecto sea el causante que inventó a la oposición o que dicho texto promueva un supuesto sentimiento indigenista que polarizaría políticamente al país. El país, desde la colonia y sin distinciones de imperios, está trágicamente en términos sociales y políticos, estructural y culturalmente, polarizado. La oposición encuentra en el Parlamento un lugar para enfrentar a un gobierno legítimo y a su proyecto de Constitución, pero lo mismo haría con otros programas de construcción de una alternativa de poder, no importa el ámbito y la forma. En este cuadro, la polarización política pone a los profesionales y a las clases medias en una situación de ambivalencia e inseguridad ante los vertiginosos sucesos políticos que atraviesan el país. En muchos casos, presas de la supremacía cultural y económica de la oligarquía, las clases profesionales desde los claustros universitarios, los juzgados o la prensa, repiten los temores infundados y las construcciones ideológicas, en su mayoría, importadas por las potencias imperiales. Las clases medias y las clases altas caminan por una cornisa entre el apoyo a los movimientos sediciosos y su fusión con el gobierno legal y legítimo del país. A su costado, las organizaciones libres del pueblo marchan y presionan a la conducción del programa revolucionario. En este cuadro, el gobierno está enredado en una situación política de suma tensión, pero creemos, que dicho enfrentamiento puede postergarse, no suprimirse. Esta cuestión no es una decisión solamente de Evo Morales, sino que forma parte de la dinámica impuesta por una minoría hoy y tantas veces a lo largo de la historia, reacia a la democracia y al gobierno de las mayorías. En este sentido, afirmamos que el proyecto constitucional no inventó a la oposición, ni dividió al país. Simplemente, la constituyente manifestó a la luz pública la lucha por el poder y la resistencia al cambio de sectores de un Estado con raíces neocoloniales que históricamente fue operado por una oligarquía gamonal enemiga de la democracia, siempre que este mecanismo representó la decisión de las mayorías. Completando lo dicho, es seguro que esta oposición que hoy encuentra el Parlamento como un ámbito de disputa política, el día de mañana no vacilará en recorrer los cuarteles una vez derrotada por medio del camino pacifico y democrático. En este complejo contexto, las Fuerzas Armadas poseen una eminente responsabilidad histórica: o acompañan el desarrollo industrial independiente del país y a las organizaciones libres del pueblo en la formación de una nación plural y participativa o en su defecto, Bolivia por intermedio de un baño de sangre fruto de una guerra civil, retrocederá hacia el abismo liberal y la asunción de un gobierno despótico, sea militar o liberal, pero inevitablemente, será un Estado en donde las decisiones se tomarán entre pocos y en el extranjero. Evo y el conjunto del gobierno revolucionario en este juego de tensiones, deberá encontrar el momento y la forma de manejar las agresiones del imperio y de la oligarquía nativa. Ya lo anunció Cristo cuando afirmó “He aquí, yo los envió como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.”
Ahora bien, para no caer en falsas suposiciones de una supuesta “simple conciliación y dialogo con la oposición”, es bueno hurgar en los papeles olvidados por los engranajes de la memoria oficial: Villarroel es ahorcado en la Plaza Murillo por la oligarquía; Arbenz derrocado con un intervención militar con apoyo público norteamericano; Argentina fue bombardeada en el año 1955 con los aportes norteamericanos y británicos con el objetivo de derrocar y asesinar a Perón; Cuba, agredida en el desembarco en Bahía de los Cochinos, donde los terroristas poseían armamento y capacitación proveniente de los EUA; en la Casa de la Moneda, Allende resistió hasta morir en manos de un golpe militar organizado con apoyo norteamericano; el asesinato de Torres o Prats en Argentina o el intento de derrocar a Chávez en el golpe del año 2002, caen, ambos, bajo la “estrategia del pentágono o la Comisión de Relaciones exteriores del Senado de EUA”. Estas muertes nos hablan del desafío que actualmente enfrenta la revolución, que a lo sumo puede postergarse o modificarse por un tiempo en el terreno de la disputa, pero que, inevitablemente no puede evitarse.
La nueva Constitución expresa los anhelos y los objetivos de la revolución. En una primera instancia y como pudimos notar, introduce a los pueblos originarios en la política del país, contemplando tanto su participación en el Estado, como asimismo, en la formación de ámbitos autónomos de organización política. En este contexto, la ratificación del texto en el referéndum es una parte de la disputa: el tiempo y la lucha política dirán la última palabra acerca de la viabilidad y de la aplicación práctica de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y de cada una de las leyes respectivas. La Constitución abre la posibilidad de transitar un importante capítulo en la historia de los pueblos originarios del Tercermundo, que desde ahora, tendrán la responsabilidad de escribirlo.
Como comentamos precedentemente, el proyecto de Constitución establece la defensa del patrimonio del país, cuestión que implica la salvaguardia de la producción nacional, el uso estratégico de los recursos naturales y la utilización social de la propiedad. Concerniente a esta cuestión, debemos señalar que la cuestión nacional está estrechamente relacionada a la emancipación social y por eso, el texto introduce importantes avances en la distribución de la riqueza y en el ejercicio pleno de la democracia social. La reforma agraria, la prohibición del latifundio o la defensa del patrimonio del Estado, son parte de los ejes neurálgicos del texto. Asimismo, es importante remarcar el derecho al seguro social de salud o a las jubilaciones, que se introducen en el texto.
Los derechos de los trabajadores, el fomento del capital nacional o de las cooperativas, la defensa y promoción de la industrialización o la producción para el mercado interno, forman parte de los nudos políticos que plantea la Constitución y que constituyen parte fundamental de la agenda del nuevo modelo de desarrollo económico y social boliviano.
Para resumir los anhelos del proyecto de Constitución, reproducimos las palabras de Álvaro García Linera:[2]

“El primer resultado de esta revolución es la igualdad, entre pueblos, entre sociedades, entre culturas, entre idiomas, entre vestimentas, entre colores de piel. Éste es un hecho irreversible, ya no se puede ir para atrás, Bolivia ya no soportaría un regreso a formas de dominación colonial y de racismo camuflado. Bolivia ha cambiado y hoy, indígenas y mestizos, como en esta mesa, podemos compartir la toma de decisiones políticas y económicas, y la manera cómo conduciremos el país. El segundo resultado: el papel del Estado. Hemos pasado del Estado débil, adelgazado, light, que nos convirtió en furgón de cola de una globalización irrespetuosa y alocada, a un Estado fuerte. Hoy, el Estado boliviano controla cerca del 21% de la economía, del Producto Interno Bruto del país, nuestro horizonte es llegar al 30%. Y en lo productivo, el Estado boliviano que recibimos, literalmente aniquilado con apenas el 0,6% del control de la riqueza productiva de Bolivia, hoy mínimamente controla el 7 y 8% de la parte productiva de la riqueza. Es nuestra esperanza llegar a un 20 y a un 25% como un Estado sólido, moderno y capaz de redistribuir su riqueza.”

El tren de la revolución inició su marcha y las organizaciones libres del pueblo no están dispuestas a bajarse en estaciones intermedias hasta llegar a su destino. No están dispuestas a frenar el reloj de arena. Sólo podemos decir, que así sea. Si la máquina se detiene, si el reloj ya no vierte los granos de arena, en palabras de Tupac Katari: “Nayjaj sapjarukiw jiwyapxittaxa nayxarusti, waranqa, waranqanakaw kutt'anipxani.” [3]


[3] “A mí sólo me están matando, pero volveré y seré millones.” Extraído de Marina, Ari, Biografía. En: http://www.alternativabolivariana.org/.

[1] Fanon, Frantz, Los Condenados de la Tierra, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1974, p. 291.

[2] García Linera, Álvaro (2008).“Solemne Instalación del periodo ordinario de sesiones de la Legislatura 2008-2009", La Paz, 22 de enero de 2008.” En: www.vicepresidencia.gob.bo

sábado, 20 de septiembre de 2008

¿Ley de educación superior o política nacional educativa?


Aritz Recalde, agosto 2008


Hay hoy más científicos vivos que en toda la historia previa de la humanidad, y disponen de recursos en cantidad más proporcional a su número. Con esos recursos adquieren aparatos y materiales maravillosos, asistentes bien entrenados, bibliografía completa y rápida. Disfrutan de gran prestigio y de sueldos nada despreciables. ¿Qué han producido con todas esas ventajas? toneladas de papers y muchos objetos, pero menos ideas que antes. Oscar Varsavsky[2],



Entre los universitarios y miembros del Congreso nacional y de los ministerios, se esta debatiendo la posibilidad de modificar la actual ley de educación superior (LES). La norma es del año 1995 a partir de lo cual, se la relaciona directamente con el proceso neoliberal y pareciere y sin excepciones, que esta última característica justifica que todos estén de acuerdo en derogarla. Este “anhelo reformador” es positivo, pero y valga la aclaración, dicho punto de partida no resuelve por si mismo ninguno de los desafíos que aquejan a la universidad y particularmente y cuestión que nos interesa, dicho énfasis en cambiar la LES no garantiza que la universidad cumpla las ansias de aquellos que la financian: el pueblo que en su mayoría no ingresa a los estudios superiores.
Dentro de la universidad y detrás de la modificación de la LES, hay y en una somera síntesis, tres posicionamientos sobre la necesidad y los alcances de su potencial reforma.


1- Por un lado, está la corriente política que llamaremos del reformismo conservador que es hija del alfonsinismo y de la transición democrática de 1983 y que cuenta con fuerte anclaje en los claustros docentes (UCR, PS, etc.), de graduados y de estudiantiles (FM, MNR, etc.-). El origen histórico e ideológico de esta corriente y pese sus menciones al año 1918, se remonta a la reivindicación del proyecto educativo de la dictadura de Eugenio Aramburu que derrocó a Juan Perón, que sancionó la existencia del gobierno tripartito[3] y que enfrentó a las mayorías populares a las que proscribió del sistema de partidos y expulsó masivamente de las universidades. Su modelo cultural reposa en la reproducción del canon “cientificista” generado por autores europeos y norteamericanos. Dichas corrientes políticas y culturales quieren cambiar la LES con el objetivo “simbólico” de terminar con el “neoliberalismo” que y según estos, buscó coartar la autonomía y la gratuidad de la universidad. Su proyecto de LEY y a partir de aquí, es “negativo”: intenta que el Estado y la sociedad no intervengan en la política universitaria y que solamente la financien. Su justificación teórica es resguardar a la “ciencia autónoma” ante la irracionalidad de las mayorías, expresadas en organizaciones económicas y políticas o en el sistema de partidos. Gobierno tripartito, gratuidad y autonomía son sus lemas de campaña para la nueva ley.

2- Por otro lado, se ubica la corriente política y cultural universitaria que denominaremos y siguiendo una palabra de Arturo Jauretche, como reformismo mitromarxista[4]. Dicha corriente política y cultural tiene un escaso desarrollo entre los docentes y los graduados y cuenta con una organización estudiantil de mayor envergadura relativa en algunas universidades (especialmente maoísta o trotskista). El origen histórico de esta corriente universitaria es la reivindicación de la fraseología de la reforma del año 1918 y de algunas corrientes políticas de izquierda de los sesenta y a partir de aquí, que hacen hincapié en el rol transformador de la juventud en la sociedad. Su propuesta se basa en derogar la LES “para terminar con el neoliberalismo” y mantener la autonomía de la cual y a diferencia del reformismo conservador, no creen, ya que ni en Rusia, ni en Cuba, ni menos aún en China, no existió, ni existe, ni existirá nada que se le parezca. Su modelo cultural se basa en la reproducción de las teóricas e interpretaciones de un conjunto de autores europeos y en algunos casos y excepcionalmente, asiáticos. A diferencia del reformismo conservador, la autonomía es vista como una táctica y no como una estrategia: hay que sostenerla para preparar las condiciones objetivas para la toma del poder obrero y la sanción del decreto que inaugure el socialismo. Son enemigas del Estado y de la democracia de partidos siempre que no ganen las elecciones, a partir de lo cual y ya que nunca triunfaron en una votación en la historia, sostienen a rajatabla el funcionamiento de la universidad corporativa distante del medio que la rodea. Democratización, gratuidad y autonomía son sus lemas para la nueva LES.

Ambas corrientes y como se puede ver, quieren derogar la LES y sancionar otra que coarte toda posibilidad de injerencia posible dentro de la universidad, tanto del Estado elegido por la democracia de partidos, como y asimismo, de la sociedad en general. Pese a que desarrollan distintas justificaciones doctrinarias, ambas tienen una concepción negativa y liberal para la nueva LES que tiene como objetivo garantizar que en las universidades no cambie nada para mantener sus lugares de privilegio. Ambas son profundamente elitistas y enemigas de las decisiones de las mayorías: una en nombre de la vanguardia científica y la otra, bajo la consigna de la vanguardia política, se autodenominan las únicas y legítimas detractoras de la planificación de la política y del uso del gasto educativo. A partir de aquí, sus consignas para otra LES son vagas y generalistas: autonomía, democratización, gobierno tripartito o gratuidad. Estas corrientes involucran los anhelos del 3,5% de los universitarios preocupados por seguir conduciendo la universidad sin importar la opinión de la democracia de masas y las organizaciones libres del pueblo.

3- Finalmente, existe una tercera corriente que vamos a llamar "nacional y popular" que nació en el año 1918 y que se expresó dentro del proyecto universitario y las tres leyes[5] de los gobiernos de Juan Domingo Perón. Dicha corriente tiene un desarrollo escaso entre los docentes y graduados y cuenta con un crecimiento significativo en el claustro estudiantil. Su modelo cultural se basa en el reconocimiento de la existencia de un pensamiento nacional y latinoamericano cristalizado en la obra de intelectuales y de políticos de nuestro continente. Esta corriente se plantea que es importante cambiar la LES, pero que y particularmente, hay que desarrollar una política educativa desde la acción del Estado y a partir de la voluntad popular y las organizaciones libres del pueblo. Dentro de las propuestas para la nueva LES, esta corriente se centra en proponer mecanismos que permitan a la universidad contribuir a resolver las demandas económicas, sociales y culturales del país. El debate de la “democratización” entre docentes o estudiantes, deja lugar a otro que incluye la posibilidad o no, de que la investigación, la extensión y la enseñanza sean instrumentos para acompañar el desarrollo nacional y la emancipación del hombre argentino. La corriente nacional y popular no solo le pide al Estado que financie la universidad, sino que además, le exige a esta última que cumpla con su deber de acompañar el desarrollo nacional y regional a través de diferentes mecanismos como y por ejemplo: un gasto estratégico de su presupuesto; a partir de la promoción de carreras y planes de estudio prioritarios para cada región; a partir del planeamiento de investigaciones con pertinencia social y productiva; el fomento de las carreras ligadas a la industrialización; la difusión de los intelectuales defensores del patrimonio nacional; a partir del ingreso de la voz de la sociedad y el Estado en la universidad a partir de Consejos Sociales y la participación directa en el gobierno. Esta corriente, entre otras cuestiones, propone un servicio social obligatorio y federal para estudiantes y la obligatoriedad de que los docentes con dedicaciones exclusivas otorguen asesoramiento gratuito a la sociedad que los financia.


La corriente nacional y popular y como mostramos en una extrema síntesis, considera que la sanción de una LES es solo un aporte parcial al debate universitario. Este diagnostico nació tras un supuesto que sostiene que solamente una política de planificación universitaria que nazca desde el Estado y a través de la acción de las organizaciones libres del pueblo, puede articular directamente las necesidades sociales y económicas, con la producción científica y técnica.
A la corriente nacional y popular y para hacerle un tributo a su historia, le cave la pesada responsabilidad de vincular la educación superior al desarrollo nacional enfrentando las concepciones, que de derecha a izquierda, atan a la universidad al neocolonialismo. Esta corriente deberá revertir el diagnostico de Juan José Hernández Arregui[6] que estableció que “la historia de la universidad es por eso, la historia de nuestra oligarquía. Con breves intervalos, esa oligarquía durante una centuria logró consolidar e imponer a la Nación su despotismo más o menos ilustrado. Esa universidad, sin ritmo, ni estilo peculiar, fue el medio más sutil del predominio espiritual del coloniaje”. El desafío es grande, pero el deber es impostergable y ya lo dijo Amílcar Herrera cuando estableció que “para los científicos del Tercer Mundo, la aplicación de la ciencia a la superación del subdesarrollo representa uno de los desafíos morales e intelectuales más grande de la historia.[7]


[2] Ciencia Política y cientificismo, Ed. Centro Editor de América Latina, 1969. P 36
[3] Hasta la dictadura de 1955 que apoyó el PS y la UCR solamente existió en algunas universidades, el “cogobierno”. El tercer actor que justificó la designación de “tripartito” (graduados) ingresó después de 1956.
[4] Personas que leen y reivindican a Carlos Marx y que son a su vez, defensores de la historia oficial de Bartolomé Mitre.
[5] Leyes 13.031/47; 14.297/54 y 20.654/74.
[6] La Formación de la conciencia nacional. Ed. Pella Lillo, Buenos Aires 2004. p 73.
[7] Ciencia y política en América Latina, Ed. Siglo veintiuno, México, 1974. P 18.