Aritz Recalde, Mayo 2006.
En la actualidad, la sociedad argentina inicia una etapa de búsqueda y de reconstrucción de los nuevos pilares de la conciencia nacional, aplazada e interrumpida, tras el derramamiento de sangre llevado a cabo durante la intervención de la última dictadura militar. El terrorismo de Estado ofició como instancia previa y necesaria para que en 1983, la apertura democrática se encuentre apresada bajo la tutela del neoliberalismo mundial y sus beneficiarios locales, los grandes grupos económicos. Con el objetivo de implementar el modelo neoliberal, las políticas de la dictadura y luego aquellas implementadas durante la década del ´80 y explosivamente en los ´90, atacaron los principales vasos comunicantes que habían mantenido unido y habían dado identidad por décadas al pueblo argentino(1). Con este objetivo, las políticas neoliberales impulsaron una feroz ofensiva sobre los ámbitos sociales, políticos e institucionales históricos de la comunicación y de la cultura argentina: desmantelaron la escuela pública en todos los niveles; modificaron los programas de la universidad; en una doble acción de represión y cooptación de dirigentes, barrieron las identidades de los partidos; destrozaron los sindicatos y profundizaron la filosofía del divisionismo obrero a través del terror generado por el desempleo; atacaron la esfera pública que paulatinamente fue privatizada, deteriorándose así, los clubes locales, las plazas, los espacios de reunión barrial y los vínculos locales como un lugar de encuentro. En este contexto social y político, los actores sociales fueron perdiendo paulatinamente un rasgo característico de la cultura argentina: las prácticas colectivas.
Los sujetos entonces, se "individualizan" por miedo a la represión, por comodidad, por cooptación o por convicción y centralmente, por el desempleo que los obliga a retrotraerse a la esfera privada del hogar. En lo hogares, los aguarda la TV y la radio que van monopolizando de manera creciente los tiempos individuales de la sociedad en su conjunto. La centralidad de la TV y la radio en nuestro país y en Latinoamérica, con la excepción histórica de Cuba y en la actualidad de Venezuela, no se corresponde con la existencia de políticas nacionales y soberanas de comunicación. Entre los factores de esta ausencia, debemos atender a que la masividad de la radio y de la TV son fenómenos recientes(2). En el caso argentino, la radio surge desde el sector privado a través de la creación de las radios El Mundo, Splendid y Belgrano. La TV, a diferencia de la radio, es creada en 1951 por el Estado. En sus comienzos, con la excepción de la TV, los medios de comunicación se articulan bajo la lógica empresarial norteamericana asentada en la publicidad como medio de reproducción económica(3).
La gestión peronista, entre los años 1946 y 1955, intentó implementar un Programa Nacional de Comunicaciones, complementario de un Programa Nacional y Popular de defensa de la cultura del país. De esta manera, en 1953 se sancionó la Ley 14.241, única Ley de Radiodifusión Argentina dictada por el Congreso (las siguientes serán ideadas por gobiernos militares) y se promovió además, en 1945 la fundación de la agencia TELAM. Tras la caída del gobierno popular en 1955, los programas culturales y de medios de comunicación, comenzarán a inscribirse en el marco de esquemas represivos: el Plan Conintes, la Doctrina de Seguridad Nacional y el neoliberalismo serán las alternativas al modelo nacional y popular del peronismo. Además, tras el golpe de 1955 se introducen gran parte de los rasgos actuales de la economía, la cultura y los medios de comunicación, tales como la extranjerización, la privatización y la concentración. Por ejemplo, después de 1955 llega la TV privada (canal 11, 13 y 9), las universidades privadas y el FMI. El tercer gobierno de Perón intenta revertir el proceso abierto en 1955, nacionalizando los canales 11 y 13 y tras su caída, se derrumba y abandona este intento de nacionalizar la cultura argentina.
La Ley que legisla las comunicaciones en la actualidad es la Nº 22.285 dictada en 1980. Dicha legislación fue diseñada durante la dictadura, sin embargo actualmente sigue vigente(4) y es cabal producto de la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional tal cual se afirma en sus artículos 7 y 72 inc. a). Entre otras cuestiones, el artículo 45 de esta Ley prohibía el acceso a las licencias de radiodifusión a las instituciones sin fines de lucro (cooperativas y ONGs). Asimismo, en su artículo 96 establece que el organismo fiscalizador de la radiodifusión (COMFER) se conforma en su directorio por 6 miembros entre los cuales figuran 3 pertenecientes a las Fuerzas Armadas (5). El gobierno de 1983 y los subsiguientes, lejos de ampliar el debate sobre las comunicaciones o de implementar un esquema legislativo democrático, ahondaron en un camino inverso. En primer lugar, se mantuvo la Ley de la dictadura. En segundo lugar y atentando contra los principios democráticos, se permitió y se fomentó, la creación de grandes multimedios de la comunicación(6). Esta reforma permitió a un mismo dueño poseer radios, periódicos y TV: el imperio de Clarín es un caso paradigmático del proceso de concentración de medios. A su vez, esta Ley ordenó la privatización de canal 13, de canal 11, de Radio Belgrano y de Radio Exelsior. En el año 1991 se impulsó la Ley 24.124 que ratificó el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones Recíprocas con los EUA, cuya consecuencia fue la llegada masiva del capital privado de EUA (Soros, Exxel Group, Cei – Citicorp Holding, HMT&F). Posteriormente, a partir de un Decreto dictado para garantizar la existencia de grandes multimedios, se autorizó la ampliación de licencias a un número de 24 por propietario, que permitiría tener a una misma firma una licencia de TV y radio por cada provincia. En nuestro país(7) se repite entonces, el proceso mundial y latinoamericano de concentración de la información que ocasiona que a nivel mundial, existan solamente 10 grandes Compañías Trasnacionales, principalmente de EUA (Time Warner, General Electric, etc.), 50 grupos regionales con capital de Japón, EUA y Europa (The New York Times, CBS, etc.) y 90 grupos subregionales (Televisa de México, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil o Clarín)(8).
El actual gobierno hereda la inexistencia de una política de comunicación soberana y lamentablemente, y salvo en excepciones de algunos de sus funcionarios, no parece visualizar una propuesta de modificación legislativa. En este contexto, existen logros, pero además, marcados retrasos en términos de los debates sobre una real política de comunicación. No podemos dejar de citar la reforma del artículo 45 de la ley 22.285 de septiembre de 2005, que permite a las instituciones sin fines de lucro adquirir licencias. Otro avance en la democratización del modelo legado por el neoliberalismo, es el proyecto de ley de Bonasso y otros, que deroga el artículo 7 y 72 inc. a) de la ley 22.285 que sujeta el sistema de telecomunicaciones a la Doctrina de Seguridad Nacional y establece una nueva conformación del directorio del COMFER que excluye a las Fuerzas Armadas e introduce la participación del Congreso en la elección de una terna de candidatos para el directorio. Este proyecto de Ley tiene sanción en diputados y falta la aprobación de senadores. Ahora bien, en contraposición al espíritu de estas medidas, se sancionó en el año 2005 el decreto 527 que renueva por 10 años el debate por la renovación de licencias y que le permite a los grupos concentrados mantener sus privilegios.
Ante este panorama es deber del gobierno y de las organizaciones libres del pueblo, reconstruir el Estado y sus instituciones. Además, los partidos políticos y los sindicatos deben ser nuevamente una herramienta de formación y difusión de los programas populares. Paralelamente a esta construcción, es hora de que la sociedad discuta la implementación de una Política Nacional de Comunicaciones. En este sentido, existen antecedentes en Argentina que plantean una alternativa a la legislación vigente, tales como, la Iniciativa Ciudadana por Una Ley de Radiodifusión para la Democracia que establece 21 ejes de intervención para un nuevo esquema. En los países hermanos se están produciendo algunos avances en la implementación de un nuevo modelo, como por ejemplo en Venezuela, donde se dictó la Ley de Responsabilidad Social de medios de comunicación. El debate está planteado y los recursos humanos sobran; resta, creemos, la organización política que implemente las medidas de cambio necesarias para constituir una política de medios nacional y popular.
(1) La dictadura prohibió las reuniones de personas que eran caratuladas como "peligrosas". Los sectores conservadores durante la década del ´90 iniciaron fuertes campañas mediáticas para generar la paranoia de los "secuestros" fomentando el aislacionismo y el encierro de los sujetos en sus hogares.
(2)- La radio estatal surge en el año 1937 de un acuerdo entre El Mundo y el Estado. La primera aporta las instalaciones y el Estado a cambio otorga al privado una licencia para radiodifusión.
(3)- Diferente al modelo de "servicio público" europeo que nace ligado al pago de un Canon. Esta modalidad se modifica en Europa hacia 1980. Uruguay es otra excepción: la radio surge ligada a fines culturales.
(4)- En 1983, durante la apertura democrática, no se retoma la Ley 14.241/53, única Ley de comunicaciones votada por el Congreso. Lo mismo ocurre con la Constitución de 1994: la Constitución de 1949 fue derogada por decreto y esto es inconstitucional. Cabe preguntarse acerca de la legitimidad de ambas medidas.
(5)- Desde 1983 el COMFER está intervenido: el Poder Ejecutivo de la nación nombra al interventor.
(6)- Para cumplir con esas reformas se modifican los artículos 43 inc. c), 45 inc. e) y 46 incs a) y c) de la ley 22.285 a través de la ley de Reforma del Estado Nº 23.696 y la ley de Emergencia Económica 23.697 de 1989. Datos de Vialey P., Castro J. y Tovar C. Medios, Política y poder. La conformación de los multimedios en la Argentina de los 90, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Mayo 2003.
(7)- En Argentina los grupos de medios de mayor importancia son Clarín (con un 18 % de la norteamericana Goldman Sachs SA) y por ejemplo, dueño de canal 13, canal 14 TN o Radio Mitre. El grupo que le sigue en importancia es la Española ADMIRA de Telefónica Internacional, propietario entre otros medios, de canal 11 y Radio Continental. Debajo de estos están el grupo de EUA Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F) que producen las revistas Gente o Billiken. El grupo Avila y Vila, etc.
(8)- Mastrini Guillermo y Martín Becerra. 50 Años de concentración de medios en América latina. Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Cátedra de políticas y planificación de la comunicación de la UBA.
En la actualidad, la sociedad argentina inicia una etapa de búsqueda y de reconstrucción de los nuevos pilares de la conciencia nacional, aplazada e interrumpida, tras el derramamiento de sangre llevado a cabo durante la intervención de la última dictadura militar. El terrorismo de Estado ofició como instancia previa y necesaria para que en 1983, la apertura democrática se encuentre apresada bajo la tutela del neoliberalismo mundial y sus beneficiarios locales, los grandes grupos económicos. Con el objetivo de implementar el modelo neoliberal, las políticas de la dictadura y luego aquellas implementadas durante la década del ´80 y explosivamente en los ´90, atacaron los principales vasos comunicantes que habían mantenido unido y habían dado identidad por décadas al pueblo argentino(1). Con este objetivo, las políticas neoliberales impulsaron una feroz ofensiva sobre los ámbitos sociales, políticos e institucionales históricos de la comunicación y de la cultura argentina: desmantelaron la escuela pública en todos los niveles; modificaron los programas de la universidad; en una doble acción de represión y cooptación de dirigentes, barrieron las identidades de los partidos; destrozaron los sindicatos y profundizaron la filosofía del divisionismo obrero a través del terror generado por el desempleo; atacaron la esfera pública que paulatinamente fue privatizada, deteriorándose así, los clubes locales, las plazas, los espacios de reunión barrial y los vínculos locales como un lugar de encuentro. En este contexto social y político, los actores sociales fueron perdiendo paulatinamente un rasgo característico de la cultura argentina: las prácticas colectivas.
Los sujetos entonces, se "individualizan" por miedo a la represión, por comodidad, por cooptación o por convicción y centralmente, por el desempleo que los obliga a retrotraerse a la esfera privada del hogar. En lo hogares, los aguarda la TV y la radio que van monopolizando de manera creciente los tiempos individuales de la sociedad en su conjunto. La centralidad de la TV y la radio en nuestro país y en Latinoamérica, con la excepción histórica de Cuba y en la actualidad de Venezuela, no se corresponde con la existencia de políticas nacionales y soberanas de comunicación. Entre los factores de esta ausencia, debemos atender a que la masividad de la radio y de la TV son fenómenos recientes(2). En el caso argentino, la radio surge desde el sector privado a través de la creación de las radios El Mundo, Splendid y Belgrano. La TV, a diferencia de la radio, es creada en 1951 por el Estado. En sus comienzos, con la excepción de la TV, los medios de comunicación se articulan bajo la lógica empresarial norteamericana asentada en la publicidad como medio de reproducción económica(3).
La gestión peronista, entre los años 1946 y 1955, intentó implementar un Programa Nacional de Comunicaciones, complementario de un Programa Nacional y Popular de defensa de la cultura del país. De esta manera, en 1953 se sancionó la Ley 14.241, única Ley de Radiodifusión Argentina dictada por el Congreso (las siguientes serán ideadas por gobiernos militares) y se promovió además, en 1945 la fundación de la agencia TELAM. Tras la caída del gobierno popular en 1955, los programas culturales y de medios de comunicación, comenzarán a inscribirse en el marco de esquemas represivos: el Plan Conintes, la Doctrina de Seguridad Nacional y el neoliberalismo serán las alternativas al modelo nacional y popular del peronismo. Además, tras el golpe de 1955 se introducen gran parte de los rasgos actuales de la economía, la cultura y los medios de comunicación, tales como la extranjerización, la privatización y la concentración. Por ejemplo, después de 1955 llega la TV privada (canal 11, 13 y 9), las universidades privadas y el FMI. El tercer gobierno de Perón intenta revertir el proceso abierto en 1955, nacionalizando los canales 11 y 13 y tras su caída, se derrumba y abandona este intento de nacionalizar la cultura argentina.
La Ley que legisla las comunicaciones en la actualidad es la Nº 22.285 dictada en 1980. Dicha legislación fue diseñada durante la dictadura, sin embargo actualmente sigue vigente(4) y es cabal producto de la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional tal cual se afirma en sus artículos 7 y 72 inc. a). Entre otras cuestiones, el artículo 45 de esta Ley prohibía el acceso a las licencias de radiodifusión a las instituciones sin fines de lucro (cooperativas y ONGs). Asimismo, en su artículo 96 establece que el organismo fiscalizador de la radiodifusión (COMFER) se conforma en su directorio por 6 miembros entre los cuales figuran 3 pertenecientes a las Fuerzas Armadas (5). El gobierno de 1983 y los subsiguientes, lejos de ampliar el debate sobre las comunicaciones o de implementar un esquema legislativo democrático, ahondaron en un camino inverso. En primer lugar, se mantuvo la Ley de la dictadura. En segundo lugar y atentando contra los principios democráticos, se permitió y se fomentó, la creación de grandes multimedios de la comunicación(6). Esta reforma permitió a un mismo dueño poseer radios, periódicos y TV: el imperio de Clarín es un caso paradigmático del proceso de concentración de medios. A su vez, esta Ley ordenó la privatización de canal 13, de canal 11, de Radio Belgrano y de Radio Exelsior. En el año 1991 se impulsó la Ley 24.124 que ratificó el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones Recíprocas con los EUA, cuya consecuencia fue la llegada masiva del capital privado de EUA (Soros, Exxel Group, Cei – Citicorp Holding, HMT&F). Posteriormente, a partir de un Decreto dictado para garantizar la existencia de grandes multimedios, se autorizó la ampliación de licencias a un número de 24 por propietario, que permitiría tener a una misma firma una licencia de TV y radio por cada provincia. En nuestro país(7) se repite entonces, el proceso mundial y latinoamericano de concentración de la información que ocasiona que a nivel mundial, existan solamente 10 grandes Compañías Trasnacionales, principalmente de EUA (Time Warner, General Electric, etc.), 50 grupos regionales con capital de Japón, EUA y Europa (The New York Times, CBS, etc.) y 90 grupos subregionales (Televisa de México, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil o Clarín)(8).
El actual gobierno hereda la inexistencia de una política de comunicación soberana y lamentablemente, y salvo en excepciones de algunos de sus funcionarios, no parece visualizar una propuesta de modificación legislativa. En este contexto, existen logros, pero además, marcados retrasos en términos de los debates sobre una real política de comunicación. No podemos dejar de citar la reforma del artículo 45 de la ley 22.285 de septiembre de 2005, que permite a las instituciones sin fines de lucro adquirir licencias. Otro avance en la democratización del modelo legado por el neoliberalismo, es el proyecto de ley de Bonasso y otros, que deroga el artículo 7 y 72 inc. a) de la ley 22.285 que sujeta el sistema de telecomunicaciones a la Doctrina de Seguridad Nacional y establece una nueva conformación del directorio del COMFER que excluye a las Fuerzas Armadas e introduce la participación del Congreso en la elección de una terna de candidatos para el directorio. Este proyecto de Ley tiene sanción en diputados y falta la aprobación de senadores. Ahora bien, en contraposición al espíritu de estas medidas, se sancionó en el año 2005 el decreto 527 que renueva por 10 años el debate por la renovación de licencias y que le permite a los grupos concentrados mantener sus privilegios.
Ante este panorama es deber del gobierno y de las organizaciones libres del pueblo, reconstruir el Estado y sus instituciones. Además, los partidos políticos y los sindicatos deben ser nuevamente una herramienta de formación y difusión de los programas populares. Paralelamente a esta construcción, es hora de que la sociedad discuta la implementación de una Política Nacional de Comunicaciones. En este sentido, existen antecedentes en Argentina que plantean una alternativa a la legislación vigente, tales como, la Iniciativa Ciudadana por Una Ley de Radiodifusión para la Democracia que establece 21 ejes de intervención para un nuevo esquema. En los países hermanos se están produciendo algunos avances en la implementación de un nuevo modelo, como por ejemplo en Venezuela, donde se dictó la Ley de Responsabilidad Social de medios de comunicación. El debate está planteado y los recursos humanos sobran; resta, creemos, la organización política que implemente las medidas de cambio necesarias para constituir una política de medios nacional y popular.
(1) La dictadura prohibió las reuniones de personas que eran caratuladas como "peligrosas". Los sectores conservadores durante la década del ´90 iniciaron fuertes campañas mediáticas para generar la paranoia de los "secuestros" fomentando el aislacionismo y el encierro de los sujetos en sus hogares.
(2)- La radio estatal surge en el año 1937 de un acuerdo entre El Mundo y el Estado. La primera aporta las instalaciones y el Estado a cambio otorga al privado una licencia para radiodifusión.
(3)- Diferente al modelo de "servicio público" europeo que nace ligado al pago de un Canon. Esta modalidad se modifica en Europa hacia 1980. Uruguay es otra excepción: la radio surge ligada a fines culturales.
(4)- En 1983, durante la apertura democrática, no se retoma la Ley 14.241/53, única Ley de comunicaciones votada por el Congreso. Lo mismo ocurre con la Constitución de 1994: la Constitución de 1949 fue derogada por decreto y esto es inconstitucional. Cabe preguntarse acerca de la legitimidad de ambas medidas.
(5)- Desde 1983 el COMFER está intervenido: el Poder Ejecutivo de la nación nombra al interventor.
(6)- Para cumplir con esas reformas se modifican los artículos 43 inc. c), 45 inc. e) y 46 incs a) y c) de la ley 22.285 a través de la ley de Reforma del Estado Nº 23.696 y la ley de Emergencia Económica 23.697 de 1989. Datos de Vialey P., Castro J. y Tovar C. Medios, Política y poder. La conformación de los multimedios en la Argentina de los 90, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Mayo 2003.
(7)- En Argentina los grupos de medios de mayor importancia son Clarín (con un 18 % de la norteamericana Goldman Sachs SA) y por ejemplo, dueño de canal 13, canal 14 TN o Radio Mitre. El grupo que le sigue en importancia es la Española ADMIRA de Telefónica Internacional, propietario entre otros medios, de canal 11 y Radio Continental. Debajo de estos están el grupo de EUA Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F) que producen las revistas Gente o Billiken. El grupo Avila y Vila, etc.
(8)- Mastrini Guillermo y Martín Becerra. 50 Años de concentración de medios en América latina. Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Cátedra de políticas y planificación de la comunicación de la UBA.
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